* PGR: el expediente cuidadosamente accidentado y corregido

* Las prisas: Duarte, papa caliente hacia el 2018, el tiempo corre 

* A río revuelto con ¿indagación electoral?; el juego perverso

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

LA SITUACIÓN del país no está para bromas, pero el Presidente Enrique Peña Nieto “pide a la Diosa Fortuna terminar bien su sexenio”. La nota, de procedencia oficial, ha sido pasto verde en varios sitios de Internet y parece una broma, en el contexto delicado de credibilidad que padece el habitante de Los Pinos y su equipo. No hay mesura, ni tacto social, ni sentido común, en esa invocación presidencial. Como tampoco cabría esperar milagros.

La política es asunto de forma y fondo. Relación dinámica y cambiante entre realidades, apariencias y simulaciones, que cuesta trabajo leer con sentido y precisión. Cualquier interpretación resulta precaria, sin datos para confrontar, cruzar y triangular. Un dato sin triangular, en México, es como el llamado triángulo de las Bermudas: desaparece del radar público sin dejar rastro. 

En este panorama enrarecido, cualquier caso público de relevancia es asunto de seguridad nacional. Cuestión de Estado, dicen los clásicos. Veamos, a la luz de este trajín gubernamental que anhela credibilidad, los vericuetos del caso Duarte. Un caso que importa a Tabasco, entidad que en junio de 2013 conoció de la captura de Andrés Granier con dos expedientes, uno federal y otro estatal.

 

HOLLYWOOD EN LOS TRIBUNALES

LA ÚLTIMA letra de credibilidad gubernamental se la juega Peña Nieto en el proceso legal que se sigue contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Quizás letra vencida, porque ya es demasiado tarde. Una muestra del déficit de credibilidad es un grafitti en calles y bardas de México: “No espero nada del gobierno de Peña, pero siempre me decepciona”. Lo curioso es, también, la velocidad para borrar esas pintas. Como si con ello, borrado el síntoma de la molestia social, desapareciera la causa social de la molestia. 

La exhibición montada para la extradición de Duarte, poco abona al terreno de la credibilidad. Por ejemplo, se difundió de manera oficial una frase del polémico exgobernador veracruzano, al abordar en Guatemala el avión de la PGR que lo trasladaría a México: “Que comience el show; cámara, acción”.  Duarte parece fuera de sus cabales y quizás se trata de un detalle poco significativo. Pero lo que siguió, en la primera audiencia para su declaración formal, es inquietante: el Juez pospuso la sesión, porque el Ministerio Público de la PGR “no prueba de manera suficiente los delitos que se atribuyen al detenido”. El afamado abogado de Duarte, Marco Antonio del Toro Carazo (cuyo bufete también representa a Elba Esther Gordillo y representó a Napoleón Gómez Urrutia) afirmó que desmontará los 5 cargos que la PGR le imputa a su cliente. De los cargos principales dijo: “Pretenden abusar de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Los ramos y las partidas no corresponden. No hay coherencia”. Por supuesto, del Toro centraba su interés en los delitos que podían encarcelar a su cliente (sin posibilidad de fianza). Los otros cargos, abuso de autoridad, desvío de recursos públicos y operaciones fraudulentas, no califican para prisión definitiva.  

Fuimos testigos de la debilidad de los expedientes jurídicos. Ocurre en casos de resonancia política y la aprovechan en México todos los abogados competentes.     

Veamos qué significa esto para la Procuraduría General de la República, que se mide con la última llamada de credibilidad para Peña, aunque ese apellido no aparezca en actas. Ya Miguel Ángel Osorio Chong, otrora político cercano a Duarte (presumía de picaporte en Bucareli), pidió paciencia frente a la decisión del Juez de posponer las audiencias de desahogo de pruebas.

 

EN TÚNEL DEL TIEMPO 

LOS meses de fuga de Duarte (noviembre 2016 a abril 2017) dieron a la PGR  tiempo razonable para integrar un expediente sólido. En realidad, Duarte fue investigado desde 2014, luego de la costosa realización de los Juegos Centroamericanos en Veracruz. Desde ahí, se ha tenido conocimiento público de las pesquisas sobre la administración Duarte y, hacia atrás, la administración de Fidel Herrera Beltrán, mentor político del ahora preso. Hace unos meses Fidel Herrera fue noticia al renunciar como cónsul mexicano en Barcelona, “para responder a las acusaciones en mi contra”, amago que no tuvo refrendo en los hechos, porque después de interponer un extraño recurso de amparo en Toluca, Estado de México, la autoridad lo mandó a Veracruz y luego Fidel desapareció. 

La PGR tiene los hilos enredados en este caso, con expedientes fiscales que quieren ser de ejecución penal. Hay tres testigos de cargo, ya listos, pero los papeles al parecer no dicen lo mismo que los testigos. Eso define las palabras del defensor de Duarte, envalentonado por el desaseo de la PGR. Más oscuro es el asunto de relegar la acusación electoral contra Duarte, al solicitar la extradición en Guatemala. Como no está en la solicitud, ese punto no entra en el juicio mexicano. ¿Piensan dejar ese pastel al 2018, para fastidiar a López Obrador? No se pierda el siguiente capítulo sobre opacidad de justicia en México.

De inmediato la PGR se apresuró a revisar el caso, sin tentar a la diosa fortuna, a la que recurre Peña para desearse un final feliz de sexenio. ¿Y Duarte? Como buen político, sabe de documentos no firmados aunque sí ejecutados. Y la historia continúa. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )