* La pirámide sin escoba: las alturas marean, deciden y protegen

* La difícil construcción del sistema nacional contra los cochupos

* Historias por hacer: acotar el poder, documentar la impunidad

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

EN TABASCO 20 personas se inscribieron para el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Esto ha creado confusión. Habrá un comité de selección de cinco voluntarios (no percibirán pago alguno), con mandato por tres años, y  que será el encargado de aprobar al comité ciudadano de otros cinco integrantes (quienes sí tendrán remuneración). Al comité de selección lo elegirá el Congreso a más tardar el 30 de agosto. Al fiscal anticorrupción lo designará el Fiscal General del estado.

Las dificultades para aprobar e instalar el sistema nacional anticorrupción –previo a los sistemas estatales-, que conjuga esfuerzos gubernamentales de los tres órdenes, prueban que México enfrenta ahí su problema de mayor calado. Una trama estructural (técnica) y cultural (costumbres arraigadas). Una trampa, además, para quien quiera resolver este problema añejo desde el corto plazo (coyunturalmente). 

Ya hemos hablado en otras entregas sobre los costos sociales y económicos de la corrupción; también, hemos dado cifras de lo que cuesta la corrupción gubernamental a los ciudadanos por año. El panorama es negro, no sólo por las cifras aproximadas (50 mil millones de pesos, sin entrar a terrenos indocumentados) sino por la desesperanza. México ha perdido la esperanza desde muchas ventanas. Y por muchas puertas ha entrado el miedo.

¿Qué tendría que pasar para establecer en México un sistema nacional anticorrupción eficiente? Difícil encontrar una respuesta única; podemos trazar algunos los hilos de las causas que -sin azar- nos han llevado hasta donde estamos: sin cabal estado de derecho y con la discordia en casi todos los frentes. 

 

FRÁGIL TAPA DE AGUJEROS

 

FUE LÁZARO Cárdenas (1934-1940) quien dio forma a una oficina de comprobación de gastos gubernamentales. Así comienza la rendición de cuentas en México. La clase revolucionaria llevaba 17 años en el poder y no había resuelto ese pequeño detalle. Con Miguel Alemán Valdés (1946-1952) se estandariza la asignación de contratos y facturas. En los niveles estatales, ni sus luces. A nivel municipal, menos. Fue hasta el echeverrismo cuando se trazaron, desde la Secretaría del Trabajo con Porfirio Muñoz Ledo, los primeros intentos para homogeneizar la comprobación de los gastos gubernamentales en los tres niveles. ¿Cómo rendían cuentas entonces? Políticamente. El gobernante, con partido hegemónico, con la dictablanda (Mario Vargas Llosa), no estaba para rendir cuentas, a pesar de que constitucionalmente los artículos 6°, 7° y 8° reconocían el derecho ciudadano de exigir una respuesta ante asuntos de carácter público.

Es prodigioso cómo, mientras el PRI tuvo todo el poder, no se establecieron mecanismos democráticos para visibilizar la cosa pública. La desmemoria no tiene futuro, pero sí pasado. Fueron 4 décadas, por lo menos, de crecimiento económico estable que se desarrollaron sin rendición de cuentas.

La Contraloría de la Federación surge en 1982 con Miguel de la Madrid, cuando el PRI necesita de “la renovación moral” y algo de credibilidad ante el tobogán económico Lopezportillista. Es otra apertura por el cerco de las circunstancias. El poder no concede nada porque sí. Recordemos este punto,  ahora que aparece en la arena pública un nuevo discurso democrático y aperturista del PRI, ante el reto presidencial del 2018.   

CARTAS DEL FUTURO PASADO

Desde el Congreso de la Unión, se tejió el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que comanda la Secretaría de la Función Pública. En mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley para su creación, y en julio de 2016 se aprobaron leyes secundarias que le daban luz verde operativa. Se ordenó que cada entidad de la República estableciera su propio sistema local anticorrupción. Un riesgo es que cada estado se regule con parámetros diferentes. Si se trata de colaboración para la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en los tres niveles de gobierno (federal, estatal, municipal), debe existir una homologación de formas; de otro modo las disparidades devorarían la colaboración tripartita.

La SPF tiene un lastre de credibilidad por la actuación del “fiscal anticorrupción” anterior, Virgilio Andrade, quien investigó el caso de la llamada “Casa Blanca” en tanto conflicto de interés, que involucraba al presidente Peña y a su esposa con un contratista del Grupo Higa, para la adquisición triangulada de un inmueble valuado en 80 millones de pesos. Ocurrió lo previsible: el antiguo fiscal exoneró a quien lo había nombrado. Con ese comienzo, a remar contra corriente.

LAS PERSPECTIVAS DEL SNA

 

Varios políticos de peso han dicho que “la corrupción se barre como las escaleras: de arriba para abajo”. Este aspecto piramidal refleja el problema central: las élites no quieren supervisión, a menos que sea “a modo”. 

La independencia en el SNA se trata de reflejar con un comité de 5 ciudadanos distinguidos, pero en México se conocen las historias del Instituto Nacional Electoral (INE, antes IFE) que iniciaron bien y se desarrollaron mal. La ciudadanización es condición necesaria, no suficiente. La trama estructural y cultural espera otro tipo de intervenciones. Las leyes y los dichos se someterán pronto a la prueba de los hechos. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )