*Después del terremoto de 1985, aprender de la catástrofe

*Necesaria la aplicación transparente y honesta de los recursos

*Evitar el lucro electoral y mercantil de la ayuda a damnificados

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

ENTRE los escombros que dejaron los sismos de 1985 los mexicanos rescatamos uno de los valores fundamentales: la solidaridad fortalecida por la organización comunitaria. Había sucedido en otras catástrofes, pero que ocurriera en el corazón del país, en una de las zonas más habitadas del planeta, tuvo un impacto mayor. En los recientes sismos en Oaxaca y Chiapas, lo mismo que en los registrados el 19 de septiembre de este año, otra vez la iniciativa espontánea de la población mostró una cultura profunda que está por encima del individualismo y la competencia promovida de manera machacona por el mercado. En el contexto de un Estado en repliegue y desmantelamiento.

Preocupa, eso sí, que la tragedia se convierta en espectáculo y motivo también para el lucro electoral o de grupo. 

 

PREVENTIVO REACTIVO

 

COMO respuesta a la catástrofe en 1985, surgieron los “Topos de Tlatelolco”, un núcleo de rescate civil; también se organizaron miles de colonos en la llamada “Asamblea de Barrios” –movimiento reivindicador del derecho a una vivienda digna que fue disuelto en sus objetivos originales y en los hechos en 1997-; de la misma forma y como respuesta institucional se estableció Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred, 1988) y formalmente el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc, en el 2000, aunque existía sin regulación desde 1986). A pesar de ser nuestro país un territorio con alta vulnerabilidad –y creciente riesgo- no contábamos con un mecanismo eficazmente regulado.

Como reflejo de la decisión federal de integrar el Sinaproc en el organigrama de la Secretaría de Gobernación, en todos los estados se constituyeron dependencias locales de prevención pero sobre todo de respuesta a los desastres. Aunque no en los municipios. En Tabasco se creó la Coordinación de Protección Civil que, ya durante el gobierno de Arturo Núñez, pasó a ser Instituto de Protección Civil con autonomía y patrimonio propio, que al mismo tiempo ya no dependiera de la Secretaría de Gobierno.

Los hechos recientes en el país obligan a replantear y profundizar el trabajo de los sistemas de protección civil y de atención a los desastres. Me parece que en principio estas dependencias deberán integrarse como organismos con una alta calidad técnica y a salvo de cualquier uso electoral o partidista. Lo elemental: ninguno de los responsables de la atención a damnificados y del reparto de ayuda en casos de desastre debería aspirar a un cargo de elección por lo menos en un periodo pertinente como para que no se vinculen sus funciones a la promoción propia. 

 

LUTO Y LUCRO

 

ESTO debería llevar a constituir a nivel nacional a un organismo autónomo para la recepción y control de las donaciones en especie y en efectivo. Tal medida debería permitir planificar el acopio y el reparto, porque no todo se requiere al mismo tiempo y en todas partes. Recordemos también que lamentablemente se tiende a lucrar con la tragedia.

Por supuesto, no se debe ignorar la obligatoriedad del Estado –y de los gobiernos- para ocuparse de las tareas de prevención y la mitigación de riesgos. Una tarea que tiene una importante vertiente de inversión social y desarrollo planificado. No hay comunidad más vulnerable que una comunidad en la pobreza.

En esta hora, sin descuidar las necesidades de la Ciudad de México, Morelos, Puebla y otras entidades del centro del país, se debe mantener la atención a Oaxaca y Chiapas con más de dos millones de afectados.

Las cifras no son definitivas, pero tampoco reflejan la magnitud de la tragedia personal, familiar y social. Quienes han pasado por estos desastres colectivos lo saben; hay siempre algo irrecuperable.  Más de 85 mil viviendas de Oaxaca y Chiapas resultaron afectadas por el sismo del pasado 7 de setiembre, de acuerdo con los reportes de autoridades estatales y federales. Según el Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas esa entidad es la más dañada en los hogares 54 mil 986 viviendas tienen afectaciones, de ese total, 17 mil 963 son consideradas como pérdida total.

Los censos en Oaxaca, difíciles por la dispersión de las comunidades, indican hay 31 mil 519 casas afectadas con distintos niveles de daño en 41 municipios.

De los daños en la Ciudad de México, Morelos, Puebla y otros estados aún no se tiene cabal noticia. Lo que sigue ahora es la reconstrucción de los hogares. Una tarea que requerirá un cuidados manejo de los recursos.

 

AL MARGEN

 

EL CONSEJO Estatal del IEPCT acordó los topes de gastos de precampaña para los partidos políticos y coaliciones en la selección de sus candidatos a gobernador: 2 millones 281 mil por cada instituto; para la selección de alcaldes 2 millones 23 mil pesos y para diputados 2 millones 23 mil pesos.

Las precampañas se podrán realizar del 24 de diciembre al 11 de febrero, siempre y cuando los partidos tengan más de un aspirante. Es posible entonces que para poder usar el tiempo de precampaña –que es una contienda interna- y aplicar los recursos autorizados, los partidos que sólo tengan un aspirante designado “inventen” una especie de lo que en el boxeo se conoce como “sparring”. Esto mismo sucederá a nivel nacional y en las fechas citadas, aunque casi todos los partidos vayan a resolver sus asuntos democráticos con herramientas del mercado, las encuestas. 

EL IMPACTO social del crimen contra el empresario Gerardo Barceló explicaría que la Fiscalía ofrezca una recompensa para dar con los autores materiales del asesinato.  ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )