*La destitución de Barradas en Paraíso, apenas una más

*Mano dura de los ministros de la SCJN: hacer cumplir la ley

*Aumento exponencial de las deudas; frenar la irresponsabilidad

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

LA RESOLUCIÓN de la Suprema Corte para destituir y procesar al cabildo de Paraíso, Tabasco, incluido al primer regidor Bernardo Barradas, fue interpretada como una acción política para influir en las elecciones de ese municipio porque el edil pretendía la reelección. Esa conclusión me parece un exceso y más bien debe tomarse como una seria advertencia frente a las irregularidades propias y heredadas. De igual manera, como alerta frente a un grave problema: la bola de nieve en la que se han convertido las deudas públicas.

Comentamos ya que lo de Paraíso no es el único caso. Inclusive por lo que respecta a Tabasco, en junio del año pasado, los ministros de la Corte ordenaron detener al exalcalde –también perredista- del municipio de Nacajuca, Pedro Landero López (2013-2015), y a diez integrantes de su cabildo, por el mismo motivo: negarse a acatar el pago laudos a trabajadores despedidos.

La resolución de la en relación a Paraíso, también incluye sanciones al ex alcalde Jorge Alberto Carrillo (PRI), antecesor de Barradas, por no atender la resolución de pago. Una razón por la que en el caso de Nacajuca no se incluyó al actual edil Francisco López (PAN), es porque los jueces consideraron que este edil sí demostró con actos su interés en saldar la deuda en la medida de sus escasas posibilidades. Se calcula que al nuevo munícipe nacajuquense le dejaron un débito por laudos laborales superiores a 151 millones de pesos.

En Paraíso, según documentó ayer Presente, aunque la resolución de la Corte es por el pago vencido de 38 millones de pesos, el monto total de los adeudos supera los 573 millones de pesos. 

 

CAEN OTROS DOS

  

VA EN SERIO, afirman los ministros de la Suprema Corte que ayer ordenaron la destitución y consignación también de los alcaldes y cabildos Tlacotepec, Puebla, y Coacoalco, Estado de México. El motivo es el mismo que alcanzó Bernardo Barradas, edil de Paraíso, Tabasco, y sus regidores: incumplimiento en la ejecución de sentencias de amparo relacionadas con el pago de adeudos. En el caso de Puebla y Edomex, se trata de afectaciones sufridas por particulares en la realización de obras públicas. 

De acuerdo a los reportes periodísticos, la Corte tiene en revisión inmediata otros seis casos de incumplimiento de sentencias de amparo que involucran a otras autoridades municipales. Ayer mismo circuló la noticia de que el cabildo de Jonuta podía seguir la misma suerte que el de Paraíso.

Como bien se sabe, los adeudos de los ediles no corresponden necesariamente a su administración sino que son juicios que vienen de trienios anteriores; sin embargo, a muchos alcaldes les ha tocado en (mala) suerte recibir el ultimátum de la Corte. De esta forma, los futuros ediles y ahora precandidatos, deberán tener entre sus cálculos el calvario que les espera por diversos déficits; el de los laudos es el más riesgoso porque es un pendiente que no se puede convertir en deuda pública, porque en estricto sentido no lo es y deriva de una acción irregular –cuando no abiertamente ilegal- de las autoridades en funciones.

En noviembre reciente, Gustavo Rosario Torres, secretario de Gobierno, puntualizó que la administración estatal no podía ser “el gran salvador” de los cabildos con débitos por laudos. Sostuvo que muchos de esos problemas se derivan de una falta de formación jurídica de los responsables de atender los requerimientos legales. Argumentó: “no estoy señalando a nadie en particular, (pero) las personas que están responsabilizadas en las áreas legales en los municipios no tienen la formación jurídica adecuada, tampoco los presidentes (municipales). Y han llegado a la Corte como este caso”, dijo en referencia a Nacajuca.

Pero la lista, como se sabe, incluye a casi todos los ediles en funciones y su suerte dependerá de dos cosas: la manera en que respondan a los requerimientos de la Corte y el tiempo de vencimiento de los plazos para cumplir.

 

CONTRA TODOS

 

NO ES SÓLO Tabasco. Para que no veamos en esta cuestión aristas de orden partidista. 

Asi, por ejemplo, en Veracruz el Congreso de aquella entidad, autorizó la venta de bienes inmuebles municipales para pagar laudos laborales en el municipio de Catemaco. En ese ese estado vecino, el 80 por ciento de los 212 municipios tienen graves problemas legales para pagar laudos laborales. Los alcaldes de Alvarado y San Rafael estaban ya amparados para evitar ser encarcelados.

En el Estado de México, entidad “consentida” durante recientes sexenios, la Contraloría de la Cámara local de diputados tenía detectados unos diez mil laudos laborales en proceso, correspondientes al periodo de 2010 a 2016. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) calculó que tan solo en Edomex los adeudos por despidos injustificados superan los 10 mil millones de pesos.

En 2013, la Corte consignó al ex presidente municipal de Santa Catarina, Nuevo León, Gabriel Navarro Rodríguez y a tres de sus ex colaboradores por incumplir con una sentencia de amparo dictada por un juez federal. Este caso no fue por despidos injustificados sino porque se negaron a pagar 45 millones de pesos a dos particulares afectados por obras municipales.

Hay muchos casos más. Aunque para los ministros de la Corte la cuestión es que “el Poder Judicial de la Federación no va a permitir que las autoridades de cualquier nivel ignoren los fallos de jueces y magistrados”, de manera que se sancione a los servidores públicos “que estén o no en funciones”, me parece que el tema de fondo es la urgencia de frenar esa bola de nieve en que se ha convertido la deuda pública…en muchos casos por negligencia, otras por impotencia. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )