Federalismo simulado: salirse del corral; control económico para el control político

Jueves, 08 de Febrero de 2018 00:47 Editor
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 Escala Crítica/Columna diaria

*Javier Corral: en marcha una “asamblea nacional tributaria”
*Movimiento Chihuahua: de la descalificación a la oportunidad
*Sólo espectáculo, dice AMLO; dudas del PAN, rechazo del PRI
 
Víctor M. Sámano Labastida
 
NO ES UN PERSONAJE fácil de clasificar. A Javier Corral Jurado, actual gobernador de Chihuahua, lo han calificado de ególatra, protagónico, inestable, peligroso para su partido (PAN) y para el pacto federal. Otros lo colocan en el ala liberal y casi izquierdista de Acción Nacional, defensor de la autonomía y el federalismo, combatiente contra la corrupción. Es sin duda polémico, pero no impredecible. Declarado adversario de Televisa y los “poderes fácticos”. No se queda quieto.
A pesar de que afirmó que si Ricardo Anaya (PAN-PRD), no gana las elecciones presidenciales “estaría contento” con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (Morena), éste último dijo que Corral es “pura faramalla”, que lo que hace es “propaganda en favor de Anaya” y que no cumple como gobernante.
Pero también Corral se ha llevado una andanada desde la otra acera. José Antonio Meade (PRI), lo tachó de mentiroso, torturador e ineficaz y Enrique Ochoa le endilgó los epítetos de mentiroso, turista electoral, que tiene a Chihuahua “bañado en sangre”. Hasta el protagónico Diego Fernández lo etiquetó de protagónico. 
 
CARAVANAS CON SOMBRERO
EL MANDATARIO de Chihuahua, que tiene un buen cartel entre intelectuales y grupos activistas, pero también muchos detractores, concluyó el 4 de febrero su “Caravana por la Dignidad”. Sin ignorar la coyuntura electoral y las simpatías o antipatías partidistas e ideológicas, me parece que no se debe pasar por alto dos cuestiones planteadas por el movimiento corralista: como eco del reclamo contra la corrupción, pero sobre todo para revisar a fondo el federalismo simulado, o “federalismo centralista” que se vive en el país.
Anunció Corral Jurado el 4 de febrero que los grupos que lo apoyan organizarán y articularán desde las organizaciones civiles “un movimiento nacional en contra de la corrupción”, pero también convocarán en Chihuahua “una asamblea nacional” para proponer un nuevo federalismo tributario, más justo y transparente.
Tras insistir en la necesidad de romper “el pacto de impunidad y de corrupción” que padece el país, lo cual no se hace con silencio sino con “valentía y honestidad” ciudadana y gobiernos responsables, Corral insistió en un federalismo en el cual los mandatarios estatales (y municipales) no tenga que arrodillarse “suplicando que la discrecionalidad del poder los favorezca” con el presupuesto.
El gobernador de extracción panista fue criticado por retirar su intención de presentar Controversia Constitucional para que le fueran entregados 900 millones de pesos “retenidos” por la Federación, una vez que Alfonso Navarrete, nuevo secretario de Gobernación, ejerció de mediador en el conflicto.
Queda para la anécdota el recuento de los 16 días de la Caravana corralista, su paso por 12 estados de la República y el recorrido de 4 mil 253 kilómetros, antes de llegar a la sede del poder Federal. Ahora se tendrá que recorrer el sinuoso camino de un verdadero federalismo. Pero no es tarea de un solo gobierno.
 
DINERO A CUENTA GOTAS
 
EN ESTOS días hemos visto cómo los gobiernos estatales –y más todavía los municipales- enfrentan problemas de liquidez, así como de oportunidad para tener acceso a los recursos públicos.  Como se sabe, el financiamiento para las obras, servicios y operación de las administraciones públicas tiene que pasar primero por la aprobación, etiquetación y distribución desde el centro del poder formalmente federal. 
Desde hace unas tres décadas, si no es que más, el sistema fiscal mexicano se basa en un esquema impositivo totalmente centralista (tributación despótica, lo califican los marxistas), mediante el cual la Presidencia de la República recauda en promedio el 95 por ciento de los impuestos en todo el país, mientras que los gobiernos estatales y municipales sólo pueden cobrar más o menos el 5 por ciento. Algunos, menos; otros un poco más.
Como lo referimos en otra colaboración, este esquema lleva a un mecanismo de transferencias en la cual los estados y municipios dependen exclusivamente de los recursos que les remita el gobierno federal, sujetos al tiempo y los montos que el distribuidor determine. Obviamente, las prioridades son las de la administración central. En lo económico y también en lo político. Es una traba al desarrollo, pero también se afirma que se trata de una respuesta ante falta de organización y planeación, por lo tanto de uso eficaz de los recursos, de los gobiernos estatales. Expresión de paternalismo y acusación de inmadurez rechazada, en lo bajo, por los involucrados.
Particularmente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y tras una serie de eventos que mostraron el riesgo de quiebra de estados y municipios, se reforzó la tendencia a una mayor centralización. Declarada fallida la “desconcentración” condicionada que iniciaron en los años ochenta, durante el gobierno de Miguel de la Madrid.
Las próximas campañas por la Presidencia, así como la nueva conformación del mapa electoral que surja de las votaciones en los estados, seguramente retomará el tema del federalismo fiscal, incluido el combate a la corrupción y a la ineficacia.  
AL MARGEN
¿POR QUÉ debe interesar a la población? Porque de esto depende la calidad y el costo de las obras y servicios, así como la autonomía de gestión, según han planteado especialistas como Diego Valadés, Miguel Carbonell. Rogelio Ramírez, y muchos más. Una tarea también para la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).