*Preocupación de la OEA; anuncia Almagro observadores 

*Homicidios aumentaron desde el inicio de la guerra de Calderón 

*Necesario evitar un entorno del miedo; la inhibición de votantes

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

LAS ELECCIONES nacionales intermedias del 2009 estuvieron marcadas por el temor de una violencia poco vista con anterioridad: la del crimen organizado. Es cierto que la contienda de partidos y candidatos no está exenta de reclamos airados, en inclusive agresiones físicas. Pero el asesinato, o las amenazas de muerte como tal, prácticamente estaban ausentes en el proceso de disputa electoral hasta las tragedias de Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu en 1994.

No ignoro que a lo largo de los días y años, caciques sindicales y políticos, grupos radicales de derecha o de izquierda –y también personajes sin ideología-, habían aplicado diversos métodos de persecución, violencia y hasta asesinatos contra activistas y líderes. Los años setenta y finales de los ochenta dan testimonio de esta barbarie política (o más bien impolítica).

Pero le decía que fue después del 2006, cuando la mal llamada “guerra contra el narco” se impuso de la mano de Felipe Calderón, que en nuestro país observamos la irrupción del crimen organizado (también como pretexto y justificación) cuando el asesinato de candidatos se convirtió en una presión más dentro de la estrategia del miedo. Michoacán en 2007 marcó esa gran diferencia; no es casual, allí fue donde se inició aquella estrategia fallida del combate al narco.

 

UNO CADA CUATRO DÍAS

 

EL PASADO 16 de marzo de 2018, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó: “Nos preocupan varios elementos en la elección mexicana. El primero es el asesinato de candidatos y líderes políticos en el país”.

Añadió refiriéndose al actual proceso: “Va a un promedio de un asesinato de un candidato cada cuatro o cinco días, eso es un margen de violencia absolutamente inaceptable en un proceso electoral. Nos preocupa sobremanera”.

Referirse a la violencia y al crimen, así como a la delincuencia, no es fácil. Se corre el riesgo de convertirse en apologista o en negar los hechos. Exponer a  una autoridad débil beneficia a quienes lucran con el crimen, pero es de elemental sobrevivencia exigir un Estado que cumpla con la función básica de dar seguridad a su población.

Poco antes del arranque del actual proceso electoral federal, el Estado Mayor Presidencial presentó a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional Electoral un protocolo de seguridad para candidatos a diversos cargos de elección popular. Este mecanismo quedó a disposición de quienes lo solicitaran. En el caso de los aspirantes a la Presidencia se indicó que podrían tener protección del EMP y de la Policía Federal; los otros candidatos sólo por la PF y otras autoridades civiles. Este protocolo se ha aplicado en otras elecciones. Obviamente que las autoridades en todos los niveles deben garantizar la seguridad y el orden público, tanto para que las campañas se desarrollen de manera legal y pacífica, como por la protección de candidatos y la población. Una acción que no debe interferir con el propio proceso.

 

LOS MÁS VULERABLES

 

EN UN PRINCIPIO, a nivel federal, sólo los candidatos presidenciales José Antonio Meade (PRI-Verde-Nueva Alianza), y Margarita Zavala (independiente), solicitaron custodia del Estado Mayor Presidencial (EMP) y de la Policía Federal (PF). Andrés Manuel López Obrador (Morena-PT-PES), como en otras elecciones ha rechazado cualquier vigilancia federal; el candidato Ricardo Anaya Cortés (PAN-PRD-MC), también dijo no necesitar de la protección oficial.

Sin embargo, los más vulnerables son los candidatos a los cargos locales, a diputados y alcaldes. La consultora Etellekt había contabilizado en siete meses, desde septiembre pasado, el asesinato de más de 80 políticos. La mayoría de los casos (casi un 70 por ciento), sólo en seis entidades: Guerrero (los más), Oaxaca, Puebla, Veracruz  y Estado de México. Sólo en Oaxaca podría ser atribuido a la histórica confrontación política y a los cacicazgos; en el resto de las entidades un elemento común es el llamado crimen organizado. 

Los aspirantes a los cargos públicos deberían inocularse contra la violencia, empezando por cuidar sus alianzas...y sus actitudes.

 

TARJETAS POLÉMICAS

 

LA ENTREGA de tarjetas “de crédito”, o plásticos para promover servicios y ofertas electorales “cobrables” según ganen la elección candidatos y partidos, llevó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF o Trife), los siguientes criterios:

1.- Las tarjetas sobre programas sociales se consideran propaganda electoral porque cumplen con los fines de campaña, ya que promueven la implementación de programas sociales. (sic)

2.- En el caso de que las tarjetas ofrezcan o prometan la entrega de algún beneficio, se considerará como un gasto prohibido y se computará como gasto de campaña.

3.- Si la entrega de tarjetas implica la promesa de algún beneficio o apoyo por medio de los programas sociales, el instituto electoral, ya sea estatal o nacional, debe analizar la posibilidad de que exista una coacción al voto de acuerdo al tipo de elección, y

4.- La Sala Superior señaló que el análisis de la licitud de la propaganda no se debe realizar en el marco del proceso de fiscalización, sino a través de otros mecanismos legales. Sin embargo, una mayoría consideró que la fiscalización debe determinar la legalidad tanto de los recursos recibidos como de los utilizados.

Hasta allí las puntualizaciones del Trife. Como podrá ver el lector, son suficientemente confusas como para que todas las resoluciones queden a criterio…del propio Trife. O sea: sí, pero no.