*Anuncian foros para elaborar un plan nacional de pacificación

*A nivel mundial, 12 ciudades mexicanas entre las 50 más violentas

*Valioso antecedente: propuesta elaborada por expertos de la UNAM

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

NO RESULTA exagerado decir que México vive una tragedia en materia de seguridad pública y social. Ya hemos comentado aquí que el empobrecimiento de las mayorías es una forma de violencia histórica; en cuestiones de violencia criminal, nuestro país vivió el 2017 como el de mayor número de homicidios en dos décadas: 80 asesinatos por día. Todos los sectores parecen coincidir en que requerimos de un proceso de pacificación.

Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente, ha dicho que en tres años habrá resultados tangibles en materia de seguridad. Alfonso Durazo, virtual secretario de Seguridad en el gabinete de AMLO, puntualizó que efectivamente tendremos niveles comparables a los mejores de la OCDE a la mitad del sexenio. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuyos índices sirven para comparar los avances entre las naciones.

En Tabasco, uno de los cinco estados que administrará Morena a partir del 2019, el gobernador electo Adán Augusto López Hernández se puso un plazo de seis meses para devolverle la seguridad a la población. 

En registro internacional sobre las 50 ciudades más inseguras del mundo, México se ubicó con 12 entre las que se cuentas Los Cabos y La Paz (BCS), Tijuana (BCN), Acapulco (Guerrero), Ciudad Victoria (Tamaulipas) y Culiacán (Sinaloa), situadas en los primeros sitios.

Un poco más abajo, pero también en el medio centenar con mayor número mundial de homicidios están: Ciudad Juárez y Chihuahua, Ciudad Obregón (Sonora), Tepic (Nayarit), Reynosa y Mazatlán.

 

PREGUNTAR PARA GOBERNAR

 

EL NUEVO gobierno que iniciará formalmente en diciembre, encabezado por López Obrador anunció que se realizarán, a partir del 7 de agosto para finalizar el 24 de octubre, foros de consulta y debate en todo el país “para la reconciliación y la paz”, que tendrá también carácter internacional por la calidad de los invitados, entre ellos el católico Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio). De este ejercicio público saldrá el Plan para la Seguridad Pública, la Paz y la Reconciliación.  

Se adelantó que acudirán expertos que han participado en procesos de paz en diversas partes del planeta. Habrá que señalar que durante las recientes campañas electorales también hubo mesas de análisis, foros, propuestas, en una cuestión que ha estado presente en la preocupación nacional desde hace varios años.

Una de los planteamientos más acabados, me parece, es que dio a conocer la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en agosto del 2011, cuando propuso un “un pacto político y social para hacer frente a la crisis de violencia en México”, de manera que la población participara en una intensa cruzada para “derrotar el crimen, el delito y la injusticia”.

La convocatoria de la UNAM surgió de una serie de propuestas derivadas de la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, en la que también participó como promotor el Instituto Iberoamericano de Derechos Constitucional.

Quizá la cercanía de un proceso electoral, cuando toda iniciativa podía ser interpretada en pro o en contra de un candidato, hizo que tan importante esfuerzo se diluyera. Tanto así que el entonces rector José Narro advirtió que no había “interés por generar enfrentamiento alguno, sólo de reconocer nuestra realidad y de proponer acciones para resolver los problemas que nos afectan. No hay intención de sacar ventaja a favor de nadie y tampoco de promover protagonismos personales o institucionales”.

Lamentablemente, Narro Robles se convirtió después en un actor en la contienda por la candidatura presidencial. Pero independientemente de estos deslices protagónicos, el valor da las propuestas sigue vigente.

 

CONTENIDA en 36 puntos y realizada por 88 especialistas, cito las más relevantes –aunque todas las demás son necesarias y complementarias: 

Celebrar un pacto político y social amplio que reoriente a las instituciones de seguridad y justicia para enfrentar la crisis de violencia; ejecutar un documento nacional que haga operativa la rendición de cuentas; establecer un registro nacional de víctimas; intensificar y vigilar la eficacia la persecución del delito de lavado de dinero.

Un punto destacable es el de la necesidad de “generar consensos políticos y sociales” para cambiar radicalmente las estrategias de seguridad, centrándolas en la prevención del delito, el abatimiento de la impunidad, la reducción del número de muertes y de lesionados. No la guerra bajo fuego cruzado que hemos vivido desde el 2006.

Se apuntan ahí también las vertientes de la prevención que hasta ahora han quedado sólo como enunciados oficiales: un programa de política social para ayudar a los consumidores de sustancias adictivas a aceptar su problema y solicitar tratamiento; programas para propiciar la permanencia o reinserción de los jóvenes en el sistema educativo, con insumos para su desarrollo laboral.

En este sentido también planteaban la importancia del nexo escuela-trabajo, y el fomento a la estabilidad en el empleo y la capacitación de los trabajadores. Este punto me parece que debe tener un enfoque general: la vulnerabilidad de la sociedad en materia de delitos involucra a todos los que pierden el empleo o tienen ingresos irregulares y nula seguridad social.

AL MARGEN

El verdadero pacto político (económico y social) que se requiere es combatir el empobrecimiento.

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