*El dilema entre lo que se quiere, lo que se debe y lo que se puede 

*Contra la delincuencia: cohesión social, la familia, la autoridad

*Aprueban nueva súper secretaría, anulan ley de seguridad interior

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

“LA POLÍTICA siempre es optar entre inconvenientes y tiene uno que tomar decisiones”, dijo Andrés Manuel López Obrador en referencia a algunas medidas que incluye su Plan Nacional de Paz y Seguridad. En términos populares se dice que algunas veces tenemos que acudir al mal menor, para atender un mal mayor. El politólogo Max Weber colocaba en la balanza dos éticas: la de la convicción y la de la responsabilidad. Lo que se quisiera hacer y lo que se puede hacer. 

Un gobernante debe actuar conforme a los intereses de la mayoría, porque por lo general las convicciones personales pueden resultar excluyentes o atienden los reclamos y objetivos de un sector. Si hay una tarea compleja en el ejercicio del poder, y más en la actualidad, es la seguridad, colocada en el mismo casillero del orden público, la prevención y combate al delito. Se ha dicho que la primera tarea del Estado y sus instituciones es garantizar la convivencia, la integridad de las personas y la protección de sus propiedades.   

Se ha dicho también que el poder no tiene opiniones, sino que tiene decisiones. Esto es mucho más cierto cuando se pasa de la oposición al gobierno.  

 

HABLARÁN LOS HECHOS

 

SIN DUDA que el plan de seguridad de López Obrador será objeto de un amplio debate. Pero sobre todo estará sometido a la prueba de los resultados. En la agenda inmediata lo que se haga en materia de combate a la violencia o procuración de la paz se refleja en cifras, números, percepción directa. 

Mucho hay por hacer, demasiados rezagos pero también un explosivo incremento de la criminalidad. No exageran quienes advierten que las bases mismas del sistema mundial están sometidos a un grave riesgo porque se abandonan, niegan o combaten las mínimas regulaciones. Sometidos al “poder del más fuerte”, un esquema competencia y no de convivencia hace crujir las estructuras de los estados y gobiernos. Las instituciones que deberían ser diques de defensa de la sociedad son cooptadas o se convierten en un estorbo para los depredadores.

Advertían Firdaus Jhabvala y Rodolfo Uribe, a propósito de la expulsión de pobladores de Honduras, que en aquel país resulta más evidente que el gobierno actual no representa a las comunidades sino que está al servicio de poderes fácticos criminales. Esto es más evidente desde el Golpe de Estado contra el entonces presidente constitucional Manuel Zelaya.  La emigración masiva que atraviesa actualmente nuestro país es una expresión de lucha por la vida, un escape de la muerte.

 

“IZQUIERDA EQUIVOCADA”

 

LE COMENTABA en mi colaboración del miércoles que un concepto que escucharemos con frecuencia como eje de la política de AMLO será “integración”. Me refería a los desarrollos regionales que es necesario equilibrar, sobre todo al caso del sur-sureste. 

En la presentación de su plan de seguridad dijo el presidente electo que el 80 por ciento de su iniciativa debe “atender las causas que originan la inseguridad y la violencia”. Así, habló de la “integración” de las familias, frente al fenómeno de la desintegración. 

Y argumentó: “la familia en México es la mejor institución de seguridad social que existe en nuestro país”, para agregar que “una idea equivocada de la izquierda es dejar el asunto de la familia a la derecha. Cuando, desde mi punto de vista, es un error: nosotros tenemos que apoyar el fortalecimiento de familias en el sentido amplio, plural, moderno, y ocuparnos de la colectividad, de la comunidad”.

Más allá de que estas expresiones de AMLO ya desataron un debate interno en “las izquierdas” –hay una corriente que considera a la familia como una institución conservadora-, me parece que el fondo del argumento apunta o debe apuntar al llamado tejido social. 

Otra observación del presidente electo que enmarca sus convicciones: “donde se mantienen las tradiciones, las costumbres, las culturas, es donde menos delincuencia existe en el país”. Pero vamos al contexto de los hechos.

Unas horas antes de que AMLO presentara el Plan Nacional de Seguridad y Justicia, en una ríspida sesión de la Cámara de Diputados fueron aprobadas en lo general y particular las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se incluye la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como el establecimiento de la figura de los 32 delegados (generales) federales. Será la de seguridad, sostienen, una súper secretaría.

Entre las 25 atribuciones que tendrá la dependencia a cargo de Alfonso Durazo, se cuentan Protección Civil y los servicios del Centro Nacional de Inteligencia (antes CISEN), que antes estaban bajo el mando de la Secretaría de Gobernación. Inclusive en ausencia del Presidente de la República será el titular de la SSPC quien encabece el Consejo Nacional de Seguridad Pública y de Seguridad Nacional.

Otro hecho: también horas antes de la presentación del PLAN la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional (anuló) la Ley de Seguridad Interior al considerar que el Congreso incurrió en violaciones al proceso legislativo, además de algunos deficiencias en la legislación. 

 

AL MARGEN

SE CONFIRMÓ lo publicado aquí el martes reciente: el general Audomaro Martínez Zapata estará al frente del Centro Nacional de Inteligencia que sustituye al CISEN, cuya desaparición había anunciado AMLO y sobre cuya actividad pesaban denuncias de espionaje político. Aunque el CNI estará bajo la autoridad de la Secretaría de Seguridad tendrá funciones que permitan al Estado “preservar la cohesión social y fortalecer a las instituciones de gobierno”. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )