*De la arbitraria desaparición de poderes al fallido desafuero

*Prevén que el nombre de AMLO “jale” a candidatos en el 2021 

*También se facilitarán y legalizarán las consultas populares

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

COMO lo anunció en campaña y lo ratificó a asumir la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador va por la revocación (o ratificación) del mandato. Siendo Jefe de Gobierno en el Distrito Federal, organizó a finales de 2004 una consulta pública telefónica sobre si debía o no seguirá en el cargo obtenido en los comicios del año 2000. Un total de 556 mil 727 personas respondieron al llamado y el 95 por ciento lo “ratificaron” en el cargo. No hubo revocación.

Sus críticos señalaron que aquel ejercicio no tenía validez, porque no estaba regulado en ninguna Ley y porque además fue mínima la participación: a las urnas habían acudido en el 2000 un total de 4 millones 338 mil electores y que en la consulta no participó ni el 15 por ciento de los votantes. Los defensores de aquel ejercicio destacaron su carácter democrático y que por primera vez se había dejado en manos de los ciudadanos la decisión sobre si una autoridad seguía o no en el cargo. 

 

PARA QUE NO HAYA INTOCABLES

 

AUNQUE ahora lo que se discute, y sin duda se aprobará, es la consulta sobre la continuidad en la Presidencia, me parece pertinente asomarse un poco a nuestra historia y la de otros países. En México se ha practicado una especie de revocación de mandato pero de tipo autoritario y referido a los gobernadores y alcaldes. En el primer caso ha sido el Presidente en turno quien decidió si un mandatario estatal era destituido o permanecía.

Si bien la desaparición de poderes en las gubernaturas pasaba formalmente por el Senado –según una práctica establecida desde 1875-, en realidad quien lo dictaba era el morador de Los Pinos. Se trataba, en realidad, de un arma política  usada arbitrariamente de acuerdo a los juegos y conflictos en el antiguo partido hegemónico, el PRI. Ajuste interno de cuentas.

Sin ir muy lejos, observemos que fueron en la época reciente los presidentes Luis Echeverría (1970-1976) y Ernesto Zedillo (1994-2000) quienes más gobernadores destituyeron. El primero decidió la caída de Eduardo Elizondo, en Nuevo León; Israel Noguera, de Guerrero; Carlos Armando Biebrich, de Sonora y Otoniel Miranda, de Hidalgo. El segundo operó el retiro de Elmar Setzer, Eduardo Robledo y Julio César Ruiz, en Chiapas; Rubén Figueroa, en Guerrero; Jorge Carrillo Olea, en Morelos, y Sócrates Rizzo, en Nuevo León. Todavía se recuerda cómo en Tabasco, precisamente frente a las protestas de López Obrador por un fraude electoral,  Zedillo intentó deponer a Roberto Madrazo. Ya en 1955, el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines dio el visto bueno para la salida de Manuel Barttlet Bautista. A Carlos Salinas de Gortari le tocó decidir la renuncia obligada de Salvador Neme Castillo.

 

DESAFUERO Y CATAPULTA

 

EN LA ETAPA de los gobiernos surgidos de Acción Nacional (PAN), Vicente Fox intentó destituir a López Obrador como Jefe de Gobierno mediante un fallido y escandaloso proceso de desafuero (2004-2005). En este caso fue evidente y admitido que buscaban inhabilitar a AMLO para competir por la Presidencia. Lo púnico que lograron fue darle una mayor plataforma para su lanzamiento.

La lista de los alcaldes que fueron quitados del poder por instrucciones presidenciales o por de los gobiernos estatales es larga; un expediente para conocer los usos y costumbres del sistema. Siempre la política sobre el derecho.

Ahora por primera vez se coloca en la ruta de aprobación la posibilidad de remover al Presidente en turno.  La medida de revocación o ratificación de mandato a nivel federal sería el primer paso para que en los congresos estatales los diputados legislen sobre la permanencia o no de los gobernadores, según trascendió en el Congreso de la Unión. ¿Puede abarcar a los propios legisladores ahora que tienen la posibilidad de la reelección?

Cuando se discutió el tema de la suspensión del aeropuerto, le comenté en estas líneas que lo que verdaderamente estaba en la mesa era la cuestión de las consultas populares, porque una reforma legal dependía también si AMLO estaría en las boletas el 2021, en las elecciones intermedias. Este hecho significaría apostarle a que el “Efecto Obrador” pueda catapultar las candidaturas para el congreso federal y algunas gubernaturas, como sucedió en el 2018. De ser así, Morena deberá ser mucho más selectivo con sus representantes si desea consolidar el plan de la Cuarta Transformación.

El paquete de la revocación o ratificación de mandato también incluye las consultas populares, que sí se podrán realizar en cualquier época del año.

 

AL MARGEN

 

EL LUNES próximo se anunciarán las bases de la licitación de la refinería en el Puerto de Dos Bocas, Paraíso, en ocasión de la conmemoración de la Expropiación Petrolera, ratificó el presidente López Obrador y lo secundó el gobernador Adán Augusto López. Se prevé que la inversión total, a tres años, sea de unos 8 mil millones de dólares. El anuncio pretende zanjar las especulaciones y marcar, en una serie de medidas, lo que se ha dado en llamar una segunda expropiación de los energéticos.

Ayer, el sindicato petrolero encabezado por el todavía senador Carlos Romero Deschamps, reclamó su “derecho” a participar en la celebración de la gesta de Lázaro Cárdenas. Hay, actualmente, una batalla silenciosa por el control de los casi 100 mil trabajadores petroleros. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )