*Deben remontar muchos intereses y frenar la inercia de no pago

*La empresa de electricidad tiene que ganarse la confianza

*Oportunidad histórica: escuchar propuestas, aplicar respuestas 

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

TODOS los involucrados en el acuerdo para aplicar en Tabasco el convenio “Adiós a tu deuda”, que contiene el “borrón y cuenta nueva”, así como la nueva tarifa en el uso de la energía eléctrica deberán hacer un esfuerzo para que funcione. Más allá de banderías políticas. El encabezado con que el diario Reforma (15 de mayo) dio a conocer el citado acuerdo expresa los intereses contrapuestos que deberán enfrentarse.  “Premia a Tabasco ¡por no pagar la luz!”, publicó el rotativo.

Nos dicen César Francisco Burelo, dirigente estatal de Morena, y Rafael Elías Sánchez Cabrales, ex diputado federal y actual legislador local, que esa posición ignora los enormes costos que la entidad y sus habitantes han tenido que pagar por la generación de la energía eléctrica desde las presas del Alto Grijalva. Ya no se diga por el uso de otros energéticos como el petróleo.

De acuerdo a las cifras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a Tabasco y a sus habitantes se les estaría condonando el pago de 11 mil millones de pesos, una cifra que –por decir lo menos- despierta serias dudas. Imagine usted que en el año 2000 la entonces paraestatal reportó un adeudo de los morosos (resistencia civil, o no) por una cantidad de 393 millones de pesos; en el año 2005 el monto había dado un salto espectacular a 2 mil 228 millones de pesos.  

Diez años después, en 2015, y habiendo pasado la más destructiva inundación de nuestra historia (2007), la empresa pública en proceso de privatización reportó un débito tabasqueño por ¡ocho mil 678 millones de pesos! Hubo una pequeña reducción en 2017 pero nuevamente se incrementó para establecerse ahora en 11 mil millones. Me parece que esta danza de números no soportaría una auditoría independiente.

Seguramente también nos llevaríamos una sorpresa si, como lo hizo hace algunos años el diario Presente, se realiza una revisión de los ingresos en Tabasco de la citada empresa. No disminuyeron a partir de la resistencia, sino por el contrario.

 

PARA NO BAJAR EL SWITCH

 

PERO no se trata de remover viejas heridas sino de establecer en términos generales otro enfoque del problema. ¿Cómo lograr que el nuevo acuerdo, anunciado como histórico y como punto final a la negativa de pagos realmente funcione? Antes se tuvieron dos acuerdos que no lograron terminar con la resistencia civil y el no pago. Recordemos que en este asunto hay, por lo menos, tres actores: el gobierno federal (CFE y Hacienda), los usuarios y el gobierno estatal.

No es un asunto de partidos, nos comenta César Francisco Burelo, dirigente de Morena. “Es un acuerdo que beneficia a Tabasco y a sus habitantes; debemos sacar lo mejor de esta oportunidad para el desarrollo del estado”, señala. Al mismo tiempo ofrece el acompañamiento de abogados y asistentes para los usuarios del servicio eléctrico que tengan dudas sobre sus contratos con la CFE. 

De la misma forma, el diputado Sánchez Cabrales reconoció que existe una desconfianza explicable por la conducta de la CFE en anteriores administraciones. “Yo no daría a ciegas un voto de confianza a la empresa, porque tengo experiencia personal en los abusos”, advirtió, pero al mismo tiempo señaló que se debe hacer un esfuerzo para que todos asuman la responsabilidad de terminar con un problema añejo. Entendemos, dijeron Burelo Burelo y Sánchez Cabrales, que estamos ante una  nueva administración y esto se tiene que reflejar en los hechos.

 

EXAMINAR PROPUESTAS

 

DE ALGUNA manera –con los matices propios de la lucha partidista y sus intereses- el dirigente del PRD, Darvin González Ballina, sostiene la necesidad de que el gobierno establezca una comisión especial –como sucedió con los reclamos petroleros por medio de la Codezpet, Comisión para el Desarrollo de las Zonas Petroleras del Estado de Tabasco-, para que haya un árbitro que asegure la protección de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de los objetivos públicos de la CFE. “Pero el gobierno se debe colocar del lado del pueblo”, sostiene.  

Aunque puntualizó que es necesario esperar para conocer los detalles del nuevo convenio, González Ballina insistió en que se deben tener en cuenta las condiciones propias de los deudores. Inclusive, me comentó, en su partido se discutió una moratoria de dos años para comenzar a aplicar los nuevos cobros. “Somos los iniciadores de la resistencia civil y estamos a favor de que se resuelva, pero que no se ignore a la gente”, señaló.

En este mismo sentido, Auldárico Hernández Gerónimo, ex dirigente del PRD y quien era senador cuando comenzó el movimiento de “no pago”, adelantó que si en los primeros cobros que realice la CFE la gente vuelve a percibir que hay cobros excesivos “la resistencia va a regresar y con más fuerza”. También sostuvo que es necesario “ver la letra chiquita en los nuevos contratos”.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Tomás Brito, se manifestó en favor de una Comisión de Atención Permanente de vigilancia para evitar los abusos y la desconfianza que pudiesen afectar el éxito del convenio.

Durante una conversación con Jacinto Muñoz y Rafael Seis, del Colegio de Ingenieros, también se habló de la necesidad de asesoría y orientación a los usuarios.

 

AL MARGEN

 

ME CUENTAN que los habitantes de Tamulté de las Sabanas tomaron una decisión colectiva: acepta el final de la resistencia civil pero con el pago de una cuota fija de 300 pesos bimestrales en el consumo de energía, al tiempo que requieren de la CFE el cambio de transformadores y líneas de servicio. ¿Estaremos ante la iniciativa de un gasto básico universal? ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )