*Desata polémica propuesta de reforma al Código Penal de Tabasco

*No sólo en la oposición, también en Morena opiniones discordantes

*En la UJAT,  comienza la carrera por la rectoría; varios aspirantes

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

LA IZQUIERDA y las fuerzas progresistas en el país y en el mundo han mantenido una larga lucha por la ampliación de las libertades, en especial aquellas que tienen que ver con la expresión, manifestación de las ideas, información y organización; así también por el respeto al voto y a la disidencia. Es por eso que uno de los temas sensibles para cualquier gobierno surgido de estas corrientes es la regulación, los mecanismos para garantizar el orden público y la seguridad patrimonial y personal, al igual que la ampliación de los espacios de democracia.

Apenas el fin de semana me referí a un asunto que puso en conflicto dos modos de ver el ejercicio del poder en la coalición diversa integrada al partido Morena, en el gobierno desde diciembre de 2018: el caso de Baja California, donde un bloque identificado con la dirigente nacional Yeidckol  Polevnsky defiende una reforma a las leyes para ampliar de dos a cinco el mandato de Jaime Bonilla, en tanto que otra corriente encabezada por Tatiana Clouhtier y Porfirio Muñoz Ledo del mismo partido califican de violatorio a la Constitución y fraude a la democracia tal medida. Cabe señalar que la reforma bonillista  obtuvo mayoría gracias al PAN y al PRI de aquella entidad. 

Del lado de quienes están en contra de una ley con dedicatoria se encuentra nada menos que el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Un personaje con larga trayectoria en la oposición de izquierda.

 

LA LEY Y LA INTERPRETACIÓN

 

EN ESTE contexto, los diputados tabasqueños discutirán hoy y posiblemente voten una serie de reformas al Código Penal aprobadas ya por la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, con mayoría de Morena, para aumentar las penas de 10 a 20 años para quienes participen en una serie de acciones contra la libertad de tránsito; obstruyan la ejecución de actividades y obras públicas, al igual que contra quienes interrumpan o dificulten los servicios públicos afectando a terceros.

La diputada Julia Pardo, de Morena, argumentó a favor de la iniciativa apoyada por sus compañeros de bancada en la citada Comisión, en tanto que la priista Ingrid Rosas bautizó las reformas como una “Ley Antimarchas”. Como resulta lógico, también el PRD se expresó en contra de las nuevas normas ahora como partido en la oposición, ya que consideró que se pueden usar para inhibir el derecho a las manifestaciones. Marcos Rosendo Medina, secretario de Gobierno, sostiene que la nueva legislación busca preservar la libertad de tránsito sin vulnerar el derecho a las manifestaciones por la vía legal y legítima: es contra el chantaje, no contra las protestas, afirma.

Un rápido sondeo entre diversas corrientes del Morena nos indica que en el tema no hay un criterio compartido: así como hay quienes defienden la necesidad de evitar que se obstruya la actividad pública –obras y vialidades-, también para erradicar el chantaje de supuestos sindicatos, otros advierten que las reformas pueden ir en sentido contrario a las definiciones y prácticas políticas del actual presidente Andrés Manuel López Obrador quien ya en el poder se ha pronunciado también contra el chantaje y las presiones, pero también contra el uso de la fuerza pública para reprimir la protesta.

Seguramente en su conferencia mañanera –es posible que este mismo lunes-, AMLO se pronuncie en relación a un tema muy delicado y que requiere matizar: que la legislación y la fuerza no se utilicen contra las manifestaciones legítimas. En el caso de Tabasco, la cuestión más sensible es la relacionada con la industria petrolera. Todavía recordamos cuando, durante el interinato de Manuel Gurría, hubo en la entidad en promedio una protesta por día. Los legisladores tienen que actuar con imaginación, principios y sensibilidad.

 

LA UJAT, SIN EMBARGO SE MUEVE

 

ESTA semana comienza la efervescencia para perfilar a quien suceda José Manuel Piña Gutiérrez al frente de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Aunque ya los cabildeos y amarres vienen realizándose de manera discreta, el sábado pasado hubo un adelanto de que apenas terminadas las vacaciones el tema del relevo universitario estará en la agenda política: circuló una falsa invitación de “profesores e investigadores” para una rueda de prensa con motivo del “Pronunciamiento del nuevo rector de la UJAT” (sic). Nada ocurrió, por supuesto.

Se sabe que hay, por lo menos, cinco aspirantes visibles que han manifestado su interés por asumir la rectoría de la universidad estatal: el notario Guillermo Narváez Osorio, actual secretario de Educación Pública estatal; la doctora Miriam Carolina Martínez López, quien se desempeña como directora de la División de Ciencias de la Salud, de la citada casa de estudios.

También se ha mencionado a la actual secretaria de Movilidad (ex secretaría de Transportes), Egla Cornelio Landero, especialista en temas de mediación de conflictos; a Rubicel Cruz Romero, quien se desempeña como secretario de Servicios Administrativos en el equipo de Piña Gutiérrez y al contador Lenín Martínez Pérez, quien en enero pasado asumió la rectoría de la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB).

El reemplazo en la UJAT se dará en condiciones muy especiales. El actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha subrayado su respeto a la autonomía de las universidades, pero al mismo tiempo las ha llamado a contribuir en las tareas de cambio, fortalecer la educación pública y anunció la creación de una red de cien universidades financiadas por el Estado en todo el país. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )