*Aumento para salarios, capacitación y equipamiento

*Falsa versión del relevo de Javier Núñez en Pemex

*Tregua temporal en Ecuador; primer triunfo indígena

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

LA SEGURIDAD no es cuestión sólo de policías. Esto, que es un criterio reiterado por el presidente López Obrador, quedó confirmado con el dato ofrecido ayer por el secretario del ramo, Alfonso Durazo Montaño, quien señaló que a nivel nacional, Yucatán, Colima, Tabasco y la Ciudad de México tienen un superávit en el número de agentes, mientras que el resto del país cuenta con menos uniformados de los que establecen las normas internacionales.

De las cuatro entidades mencionadas, sólo Yucatán puede presumir de tener los más bajos índices delictivos y de violencia, junto Campeche y Chiapas. Pero estos dos último siguen siendo deficitarios en número de policías.

La seguridad real y la percepción de tranquilidad y orden, como usted sabe, es un factor determinante para la inversión así como para las diversas actividades productivas. 

El caso de Yucatán, puesto como ejemplo por López Obrador (20 de septiembre), es ilustrativo: aunque se ubicó en el número 14 en el listado estatal de “Robo a Casa Habitación”, con 16 casos por cada 100 mil habitantes, en materia de lesiones dolosas pasa al sitio 30, con sólo cuatro incidencias por cada 100 mil habitantes. El Índice de Paz de México, lo calificó el estado más pacífico en 2018. Ya lleva varios años con buenos registros en la materia.

Para Yucatán se puede agregar que una explicación indudable es el hecho de que históricamente ha mantenido una cohesión interna y un desarrollo económico casi autónomo, con industrias propias. Un caso que llama la atención es el de Campeche, donde pese a tener en los años recientes una alta dependencia del petróleo –el desempleo lo golpeó con la caída de la inversión en el sector-, mantiene un eficaz combate a la delincuencia. Su población es casi la tercera parte que la de Tabasco.

Motivo también de análisis, para encontrar las coordenadas de la inseguridad en Tabasco, es Chiapas. No sólo aparece con buenas notas en el Semáforo Delictivo y en el Sistema Nacional de Seguridad, sino que es recomendado por empresas como International SOS (ISOS), la firma más grande de seguridad en viajes del mundo, para visitar. Chiapas tiene más de 5 millones 200 mil habitantes –el doble que Tabasco-, y una pobreza ancestral, pero logró colocarse en con buenas calificaciones en materia de seguridad. Esto no niega, por supuesto, la violencia social de la pobreza.

Por lo pronto, el gobierno federal anunció un aumento del 20 al 50 por ciento en los recursos para el mejoramiento de las policías estatales y municipales, con homologación de salarios, capacitación y equipamiento. Bien, pero no es sólo eso.

 

HOMBRE DE CONFIANZA

JAVIER Núñez López, a quien conocimos como asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos (Codehutab) y que posteriormente se incorporó a la administración de Andrés Manuel López Obrador en el gobierno del Distrito Federal, es actualmente Subdirector de Abastecimiento, en Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento (DOPA), de Petróleos Mexicanos. Ayer circuló un documento apócrifo en el que supuestamente había sido relevado del cargo por Raúl Cervantes Barrera, quien hasta donde se sabe fue subgerente de Obra Pública en la empresa petrolera pero durante la anterior administración. 

Fuentes consultadas por este columnista indican que Núñez López sigue despachando normalmente. “No hay nada de eso, es totalmente falso”, me dicen en referencia al supuesto cambio. El actual subdirector de Abastecimiento en Pemex es un personaje muy cercano a AMLO desde la época de las movilizaciones de principios de los años 90 y colaboró estrechamente con Octavio Romero Oropeza (ahora director de la petrolera) cuando éste fue Oficial Mayor en el DDF, teniendo a su cargo la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

En su nuevo cargo fue aprobado por el Consejo de Administración de Pemex el 24 de junio de este año, con efectos a partir del uno de septiembre.

 

AL MARGEN

“SE TERMINAN las movilizaciones en todo Ecuador”, informó de manera optimista Arnaud Peral, representante de la OEA en Quito, al anunciar el acuerdo logrado entre el gobierno de Lenin Moreno y los líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Diurante 12 días hubo intensas protestas y una dura represión ante la eliminación de subsidios a los combustibles que elevó los precios hasta un 123 por ciento. Es, en todo caso, una tregua temporal, porque existe de por medio un acuerdo de Moreno con el Fondo Monetario Internacional para obtener préstamos por 4 mil 209 millones de dólares, a cambio del despido de miles de trabajadores y la eliminación de subsidios a los combustibles, vigentes desde hace 40 años.

El gobierno ecuatoriano necesita estabilizar sus finanzas y reducir un pesado déficit. Ahora también deben hacerse cargo de las heridas sociales por la muerte en las protestas siete personas, mil 340 heridos y mil 152 detenidos. Aunque oficialmente culpan al expresidente Rafael Correa y al régimen de Venezuela, el problema tiene profundas raíces internas en un país que por lo menos en las últimas cuatro décadas basó sus ingresos en la exportación de petróleo. Conforme a las políticas macroeconómicas (neoliberales), este país inició un ajuste de su sector de hidrocarburos en 2010 para transformar a la empresa estatal Petroecuador en una “empresa pública”, reduciendo poco a poco su participación en la economía nacional. ¿Le parece conocida esta historia? ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )