* Cuentas públicas y gubernaturas: 60 mil millones de pesos volando

*“Derecho de piso”, la herencia negra del caos político estructural

* Hábitos culturales: los viejos tiempos aseguraban negocios redondos 

 

Víctor Manuel Sámano Labastida

 

CUANDO 98 de 100 delitos denunciados en el Ministerio Público no tienen sanción -y esto viene de lejos-, algo fundamental ocurre en los hábitos culturales de una sociedad: los ciudadanos agraviados simplemente no quieren denunciar o no se atreven. Reincidencia de inoperancias. Un ciclo vicioso. Cuando la cantidad de trámites burocráticos triplica el promedio mundial (informe UNESCO 2019: “Gestión gubernamental por Continentes”) algo ominoso ocurre en términos de eficacia en las políticas públicas. 

Cuando se paga derecho de piso al crimen organizado por el funcionamiento de un negocio, como ocurre desde hace años en varias ciudades en un fenómeno creciente (antes sólo se pagaba “derecho de piso” a las autoridades corruptas), el Estado pierde el monopolio de la violencia y se llega a la violencia extralegal como modus vivendi. Así se estimulan atajos en la incorporación de la población juvenil a los caminos del crimen. Y, más grave aún, de los menores de edad.

Una descomposición estructural.

 

PASADO, PRESENTE Y FUTURO    

 

¿CÓMO se llegó a este escenario?, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar, para que el funcionamiento del sistema judicial, económico y fiscal, llegase a tal desintegración?, ¿hay forma de revertir esta situación a partir de la declaración de buenas intenciones?, ¿basta con apelar al discurso ético, sin técnicas incorporadas, para cambiar el funcionamiento del gobierno? 

Los estragos del tiempo pesan. Otros gobiernos federales legaron, por décadas, herencias negras. Y no tiene sentido, de entrada, colocar al gobierno actual en la misma canasta. 

Las preguntas perfilan también una responsabilidad política y social que debe asumir el gobierno de la 4T, que en la legitimidad de las urnas lleva el peso del anhelo ciudadano. El pasado negro desemboca en el presente problemático –cierto-, pero no lo condiciona de forma definitiva. Es crucial este 2020 para la presentación de resultados diferentes en materia de combate a la impunidad. La ciudadanía no espera menos, aunque la dificultad del cambio es mayúscula por los reflejos culturales visibles y la inercia del aparato burocrático.

              

ARCAS ESTATALES Y RENDICÍÓN DE CUENTAS        

 

UNA NOTA que pasó desapercibida en 2019 fue la denuncia que realizó la Coparmex sobre cuentas estatales de 2018, con base en datos de la Auditoría Superior de la Federación. En esa denuncia (junio de 2019) 60 mil millones de pesos no estaban justificados, aunque mencionaron que estaban en curso revisiones que podrían aumentar la cifra en 50 mil millones de pesos más. Son las cuentas públicas estatales en correlación con partidas federales liberadas, así que otros dineros estatales no fueron fiscalizados por la ASF. Hay controles estatales, por otra parte, que no tienen eficacia fiscalizadora.  

La Coparmex puso el dedo en la llaga de los niveles de gobierno: si a nivel federal se avanzó formalmente en materia de transparencia y supervisión de recursos públicos, a nivel estatal los agujeros negros para la rendición de cuentas son abrumadores. Escribe Miguel Basáñez (El poder político en México, 2008): “En los tiempos dorados del sistema, digamos hasta finales de los años 90s, muchos políticos de alcurnia calculaban que una gubernatura implicaba un negocio de 100 mil millones de pesos, libres de polvo y paja”. Cuando se les preguntaba por la diferencia entre estados con territorios pequeños y grandes –refiere Basáñez-, los políticos consultados enfatizaban que “no había gran diferencia, puesto que los negocios se realizan con amplias  conexiones empresariales y presupuestos inflados desde la federación”. Es decir: la impunidad estatal contaba con el beneplácito del Centro.

Es pertinente señalar que las cuentas estatales 2018 fueron las últimas que se supervisaron en el Sistema tradicional. Importa entonces seguir la pista de las cuentas del 2019: las primeras fiscalizadas por un gobierno federal que plantea con intensidad la transformación ética de la vida pública.                     

 

DISCURSO Y HECHOS

 

EL ÉNFASIS discursivo del Presidente López Obrador por combatir la corrupción, que tanta popularidad le proporciona, debe acompañarse con acciones para enfrentar la impunidad, su cara complementaria. El término latino es ‘impunitas’ y se define como falta de castigo. Ya lo hemos visto: por una parte, existe corrupción como abuso de poder y arreglos ilegales para engrasar pasillos burocráticos; por otra parte, existe impunidad como licencia expedida en lo oscurito para ser intocable. Objetivo: que el aparato de gobierno no perturbe tratos privados.

¿Cuántos contratos públicos, privados y mixtos, se ejecutan (o ejecutaban) año por año en nuestro país, con la marca de impunidad? En otras palabras: ¿de qué tamaño es el mercado de impunidad? Los mejores investigadores del fenómeno impunidad en México (Ana Laura Magaloni, María Amparo Casar, Sergio Aguayo, Anabel Hernández, entre otros) titubean a la hora de dar cifras. No es para menos: la documentación es insuficiente para abordar rasgos ilegales del sistema que precisamente buscan no dejar huella.

 

AL MARGEN

 

EN LAS DEMOCRACIAS subsiste la necesidad del orden público y de evitar el caos en los diversos servicios y funciones. Pero a diferencia de los regímenes totalitarios y autoritarios la característica es la defensa y el respeto de las libertades. No es fácil, pero es posible.

 

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