Costos públicos y ganancias privadas; batalla por la salud, contra la chatarra

Jueves, 20 de Agosto de 2020 00:17 Editor
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 Escala Crítica/Columna diaria

 
*Cuesta al país más de 250 mil millones anuales la obesidad
*La confrontación entre el lucro, la economía y la salud
*Buscar una salida un consumo que implique enfermedad
 
Víctor M. Sámano Labastida
 
NO ESTAMOS descubriendo el hilo negro ni el agua tibia. Lo que sucede es que muchas veces pretendemos que un problema “se arregle solo”, o que algún milagro impida que se agrave. Recuerdo que desde finales de los años 70 y principios de los 80 –hace ya medio siglo-, el consumo y publicidad de lo que se consideraban “productos chatarra” fue motivo de profundos estudios de especialistas y un intenso debate público. Desde 1991, por ejemplo, en Suecia  está prohibida la publicidad antes, durante y después de los programas infantiles de televisión; una previsión contra la manipulación masiva del consumo en menores y que tiene que ver con las mercancías potencialmente dañinas.
En México, un año sí y otro también, se busca que el mercado tenga normas mínimas para propiciar un consumo saludable. Hay quienes defienden “la libertad” en abstracto de los consumidores (sean menores, adultos informados o desinformados), pero dejan de lado un hecho contundente: los costos de los malos hábitos los paga no sólo quien ejerce “su libertad” individual –algo que no es plenamente cierto-, sino que le cuesta a la medicina pública.
Tiene costos financieros y costos sociales. Esto se ha puesto en mayor evidencia por la pandemia del COVID-19: la letalidad del padecimiento se relaciona directamente con la existencia de diabetes, obesidad, hipertensión, entre otras.
 
INVERTIR PARA ENFERMAR
UN ESTUDIO del Instituto Mexicano de la Competitividad (“Kilos de más, pesos de menos. Los costos de la obesidad en México.  Enero, 2015), refiere que “los costos totales por diabetes atribuible al SPyO (sobre peso y obesidad) oscilan entre 82 y 98 mil millones de pesos. Estos montos son comparables con la mayoría del gasto programable de salud (Ramo 12) en 2012 (. A pesar de ello no consideran gastos adicionales en medicamentos, tratamiento de complicaciones y asumen que la vida laboral termina en la edad de retiro (65 años). Además no hay que olvidar que esto sólo considera una de las enfermedades crónicas por exceso de peso, la diabetes”.
Cada paciente que debe ser atendido por obesidad, sobrepeso y diabetes –lo mismo que por alcoholismo, tabaquismo, entre otros padecimientos derivados de un mal consumo-, le cuesta al pueblo de México. Nelson Rodríguez, presidente del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas A.C. (CMCOEM), señaló que en 2017 atender la obesidad y sus comorbilidades le costó al sector público de salud más de 11 mil 600 millones de dólares (250 mil millones de pesos). Es un gasto que va en aumento.
Un estimado de la Secretaría de Salud federal indicaba a principios del año pasado que de seguir la tendencia en el incremento de la población obesa, los costos para el sector serían de los 272 mil millones en 2023. Agreguemos a esto que el ausentismo laboral, la baja productividad y otras implicaciones, representan una merma para el Producto Interno Bruto (PIB) nacional y, por supuesto, para los índices de bienestar.
 
CONSUMA, NO IMPORTA
SON OCURRENCIAS, afirman los afectados o posibles afectados por la retomada tendencia –que no es nueva, le decía-, para regular la venta de los productos ultra procesados. A la vista de las iniciativas ya aprobadas en Oaxaca y Tabasco para prohibir la venta, distribución o donación a menores de edad de bebidas azucaradas, golosinas, alimentos preparados con predominio de carbohidratos y grasas trans, se desató –y aumentará- una intensa campaña contra los promotores. 
Aclaran las autoridades de salud que no se está prohibiendo en absoluto la compra, venta y fabricación de los denominados “productos (comida) chatarra”, sino que se condiciona para que sean los tutores legales o los adultos quienes adquieran estas mercancías con pleno conocimiento de sus características.
En octubre pasado se aprobó en el Senado una polémica reforma para el etiquetado frontal en los productos industrializados en el que se especifiquen los “nutrientes críticos”  como información al consumidor. A favor votaron 115 senadores. 
Como ya está en proceso también una iniciativa para que a nivel federal se prohíba la venta de “comida chatarra” a menores de edad (hay una propuesta de Morena y una del PAN), los industriales de alimentos y bebidas preparan un intenso cabildeo –ya lo hicieron antes- y una campaña para evitar estas medidas restrictivas y para revertir el incremento al IEPS (impuesto especial), que consideran nocivos para el sector y para la economía nacional. En esta lógica están Canacintra, Concamín, Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Antad (tiendas de autoservicio), Concanaco y Canaco. Lo mismo la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC).
Argumentan además que sería un golpe de quiebra para los miles de tenderos en el país…un tema que habrá que revisar.
En la contraparte, y como personaje principal de la campaña de la promoción de “medidas anti chatarra” está el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien insistió en que no sólo la persistencia de enfermedades crónicas por el consumo excesivo productos dañinos al organismo agrava la salud de los enfermos de COVID-19, sino que inclusive esa  ingesta ocasiona por sí sola más muertes que el coronavirus.
AL MARGEN
Datos oficiales indican que la “epidemia silenciosa” del sobrepeso  causa al año 300 mil muertes. Un tema que da para mucho, pero los gustos privados no deben costarle a la medicina pública. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )