*Se agotó el tiempo, viene la etapa de las definiciones

*Ramírez Cuéllar y Luján: un asalto; Delgado, satisfecho

*Poderosos intereses en la industria de bebidas y alimentos

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

SE COMPLICA lo que no se resuelve a tiempo. No deja de llamar la atención que se haya dejado correr tanto sin resolver el relevo formal y ajustado a derecho de la dirigencia nacional de Morena, la coalición que ganó las elecciones presidenciales en 2018 y que no ha logrado consolidarse como partido.

Fuimos testigos de todas las triquiñuelas que permitieron a Yeidckol Polevnsky mantenerse en “funciones de” dirigente de Morena, a pesar de que su mandato fue sólo un encargo temporal a la renuncia de López Obrador como presidente del Comité Ejecutivo Nacional en diciembre de 2017 con miras a las elecciones presidenciales. Se suponía que Polevnsky sería sustituida a más tardar en noviembre de 2018…y no sucedió.

Tuvo que ser prácticamente destituida en enero de este año, cuando Alfonso Ramírez Cuéllar asumió la responsabilidad de organizar el proceso del que saldría –ahora sí-, la nueva dirigencia. Y le puso fecha: será el 19 de julio de 2020, afirmó…pero se atravesó la epidemia del coronavirus. También la otra enfermedad crónica que padecen los partidos: la lucha de grupos, corrientes y representantes de intereses diversos.

Si algo faltaba, ayer el TEPJF ordenó al Instituto Nacional Electoral, encabezado por Lorenzo Córdova, que organice una encuesta de donde saldría la nueva dirigencia nacional de Morena. Tiene 30 días para hacerlo, aunque la propia Ley Electoral establece que iniciado el proceso para los comicios constitucionales –que esta vez será el primero de septiembre, en diez días-, ya no puede haber elecciones partidistas internas. 

Es un “asalto político que viola la vida interna de Morena”, dijo Ramírez Cuéllar. Por su parte, Mario Delgado, coordinador de los diputados federales y aspirante a la dirigencia celebró la resolución. Bertha Luján, quien preside el Consejo Político y busca encabezar el CEN partidista, anunció que este viernes realizarán una asamblea virtual para decidir las acciones contra “un acto ilegal” de los magistrados. 

En secreto, algunos morenistas esperan de su fundador una señal para poner las cosas en orden. AMLO ha dicho que no intervendrá en asuntos partidistas, pero también advirtió en agosto del año pasado contra el riesgo de que Morena “se eche a perder”. ¿A quién o a quiénes beneficia la desorganización de ese frente electoral que busca ser partido? ¿Estamos a las puertas de otra nueva “regeneración”? Lo sabremos muy pronto.

 

URGENCIA Y RESPONSABILIDAD

 

LE COMENTÉ ayer sobre el no tan novedoso asunto de los llamados “productos chatarra” que preocupa desde hace medio siglo, cuya regulación ahora enfrenta poderosos intereses, así como circunstancias que requieren una acción urgente –para atender el entorno de la epidemia nacional-, y otras medidas a mediano y largo plazos para lograr un consumo saludable y un mercado con responsabilidad social.   

Prohibir o limitar la compra venta de productos sobresaturados en azúcares, grasas, sales y otros componentes nocivos, puede resultar una estaca colocada en el corazón del capitalismo salvaje (moderno), o del modelo neoliberal. Como también habrá que pensar en el impacto en toda la llamada “cadena de valor” –inversiones, empleos, producción-; siempre tomando en cuenta el bien mayor, que es la vida saludable.

“Son ocurrencias”, se defienden ahora algunos empresarios contra la regulación en México –que no prohibición-, pero por lo menos una decena de países tienen normas oficiales para limitar el comercio de bebidas y alimentos sobresaturados (“chatarra”), particularmente en las escuelas o en las áreas cercanas. 

Suecia (que prohibe la publicidad de estos productos dirigida a los niños), Noruega, Reino Unido, Francia, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Australia, Corea del Sur y Ecuador, entre otros. Como respuesta a los resultados de la pandemia seguramente habrá más restricciones. Le decía que los costos del impacto negativo los asumen las instituciones de salud pública.

En septiembre de 2018, José Graziano, director general de la FAO advirtió que si no se adoptan medidas urgentes para detener las crecientes tasas de obesidad “pronto tendremos más personas obesas que subalimentadas en el mundo”. Mencionó una grave circunstancia: los productos y los alimentos baratos industrializados “resultan mucho más manejables para el comercio internacional”. Y más lucrativos.

De acuerdo a lo publicado en 2013 por Roberto Morales (“Alimentos, una industria muy pesada”, El economista), son las grandes compañías transnacionales las que se benefician del consumo de alimentos procesados y ultraprocesados: sus ventas totales en nuestro país en 2012 fueron de 124 mil millones de dólares. Las corporaciones obtuvieron ganancias por 28 mil 330 millones de dólares.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell encabeza públicamente la cruzada contra “productos no saludables que tanto daño le han hecho a nuestra niñez e infancia por 40 años”.

Adolfo Chávez Villasana, de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria estimó (junio 2017), que la industria de ultraprocesados obtiene tan sólo en México 70 mil millones de dólares anuales. Ubica en 1970 el inicio de un cambio en la estructura dietética de nuestros compatriotas. Que se agudizó con la aplicación del TLC.

 

AL MARGEN

SURGIDA en 2002 como respuesta del PRI a su derrota en la elección presidencial, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se ha consolidado como instancia de encuentro de los mandatarios surgidos de diversos partidos. Se reunieron en San Luis Potosí con el presidente López Obrador. ¿Será foro de coordinación de políticas públicas? ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )