*Ante el temor por las sanciones, los gobiernos bajan la cortina

*Partidos y candidatos tienen que pasar la aduana de sus gastos

*La transparencia, fundamental para consolidar la democracia

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

CON LAS CAMPAÑAS para diputados federales iniciada el domingo pasado, los gobiernos federal, estatal y municipales quedaron obligados a respetar la llamada “veda de propaganda gubernamental”. Esto quiere decir que tienen prohibido difundir mensajes que puedan ser interpretados como propaganda política, electoral o personalizada. Los términos son tan ambiguos que no pocos funcionarios caerán por error en los supuestos de la prohibición, aunque otros lo harán con premeditación.

Los excesos como usted pretenden ser combatidos con excesos. Algunos en el extremo, como el municipio de Centro (con sede en Villahermosa), simplemente decidieron bloquear toda información en su portal de internet para –indican- evitar una violación a la norma. Otros, como el municipio de Comalcalco mantienen abiertas sus páginas aunque con noticias colocadas antes de la veda y actualizando las relativas a la salud e información de emergencia.

También se da el caso de portales como del municipio de Cárdenas donde se advierte que para cumplir con las obligaciones de transparencia también mantiene el archivo histórico –muy completo por cierto. Seguramente que una revisión puntual de diversos portales en internet, y no sólo de los municipios tabasqueños, motivará exhortos o sanciones. Muchos mantienen imágenes de los funcionarios que pueden ser catalogadas como propaganda personalizada.

En la página electrónica del gobierno estatal (tabasco.gob.mx) se indica que “en cumplimiento de las disposiciones legales y con motivo de las campañas electorales, algunos contenidos no estarán disponibles”. 

 

CONFUSIÓN Y DIFUSIÓN

 

APENAS el sábado 3 de abril el Consejo General del INE aprobó los lineamientos para las autoridades de todos los niveles durante la campaña electoral hasta el 6 de junio. De acuerdo al INE: “Deberá suprimirse o retirarse toda propaganda gubernamental en todos los medios de comunicación social, tanto de los gobiernos de los estados, como de los municipios, y cualquier otro ente público”.

De la misma forma los portales de los entes públicos en internet “deberán abstenerse de difundir logros de gobierno, así como referencias visuales o auditivas a las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política, electoral o personalizada. Lo anterior no implica, bajo ningún supuesto, que los entes públicos dejen de cumplir las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información”.

Como le decía, al irse al extremo, algunos entes públicos están incumpliendo con sus obligaciones de informar. Todo esto será motivo de otra batalla legal. Porque además el resolutivo del INE destaca:  “La propaganda podrá incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial como medio identificativo, siempre y cuando éstos no se relacionen de manera directa con la gestión de algún gobierno o administración federal o local”.

Aunque aclara que las limitaciones no implican “la restricción del acceso y difusión de la información pública necesaria para el otorgamiento de los servicios públicos y el ejercicio de los derechos que en el ámbito de su competencia deben garantizar los servidores públicos, poderes estatales, municipios y cualquier otro ente público”.

El tema de la transparencia es a la vez sencillo y complejo, mucho más aplicado a los partidos políticos; algo que todavía requiere una profunda discusión pública e interpartidista. 

Así, por ejemplo, el INE basó una serie de sanciones –impugnadas por los afectados por considerar que se “extralimitó”- en el incumplimiento de la rendición de cuentas de los gastos de precampaña. Lo que hasta el momento tiene frenadas las candidaturas de Morena para el gobierno de Guerrero de Félix Salgado Macedonio y para Michoacán de Raúl Morón.

 

EL DINERO Y EL PODER

 

OTRO tema en materia financiera es darle certeza a los militantes –y a la población en general- del uso que hacen los partidos en materia de financiamiento público. Lo mismo se tiene que aplicar a los órganos electorales. Un dinero que debe ser utilizado para impulsar y consolidar la democracia. Aquí es donde aparece otra vertiente: ¿están usando los recursos públicos para democratizarse y democratizar al país? ¿Están utilizando las autoridades electorales el financiamiento para ampliar y mejorar la participación ciudadana?

Escribieron María Díez G., Eva Campos D., Dafne Calvo: “La transparencia se ha convertido en uno de los valores democráticos que los políticos quieren demostrar de cara a la ciudadanía, ya que es un signo de legitimidad, evolución y lucha contra la corrupción. Los partidos políticos han introducido la transparencia en sus discursos y argumentarios. Precisamente las formaciones tienen una reputación baja en cuanto a apertura informativa”. Aunque se refieren a España esto se aplica casi de manera planetaria. La transparencia tiene que ser una estrategia electoral de consolidación de la democracia, aunque para muchas organizaciones la opacidad es considerada un arma estratégica, en una forma de proceder anclada en el pasado. 

 

AL MARGEN

 

LA ACTIVIDAD de la industria petrolera es, por definición, de alto riesgo. Opera con sustancias combustibles y potencialmente contaminantes. El incendio en la refinería de Minatitlán, Veracruz, vuelve a colocar los reflectores en la seguridad. Pemex informó que no hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad y que el percance fue controlado. Las seis plantas procesadoras en el país no sólo fueron dejadas en su mínima operación sino también con nulo mantenimiento. Un rescate cuesta arriba. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )