*Al final, los resultados son un juicio político público condenatorio

*Avance hacia una democracia participativa, dice Uribe Iniesta

*En las comunidades, arraigada la costumbre de asambleas populares 

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

MUCHO se ha dicho y escrito sobre las consultas populares, en particular sobre la primera de carácter oficial realizada ayer en México. Las críticas, así como la defensa, giran tanto en torno a la consulta en sí misma –“la ley se aplica, no se consulta”-, como al fondo del este ejercicio –“el pueblo debe decidir”. Entre estos extremos hay una variedad de matices que en una circunstancia como la actual resulta complejo caracterizar. 

Las posiciones dependen tanto de la situación y los intereses de los actores que cuando en 2014 el entonces dirigente opositor Andrés Manuel López Obrador, apoyado en casi tres millones de firmas, propuso una consulta sobre la reforma en materia energética impulsada por Enrique Peña Nieto la Suprema Corte de Justicia lo rechazó. En octubre de ese año fue votada la ponencia que declaraba inconstitucional la consulta. La ponencia fue presentada…por Olga Sánchez Cordero, entonces integrante de la SCJN.

En aquella ocasión, el único ministro que votó a favor de la consulta fue José Ramón Cossío Díaz, ahora en retiro y crítico del ejercicio realizado el domingo. Estamos, como le decía, apenas en el inicio de un mecanismo que deberá perfeccionarse; la escasa participación no tiene que ver con el interés o no de la población, sino con muchos factores que obstaculizaron lo que en otras condiciones tenía que ser una fiesta democrática.

 

EL MARCO DE LA SUCESIÓN

EL SÁBADO tuve una larga plática con el investigador y activista Rodolfo Uribe. Recordamos los inicios del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador y la importancia de las organizaciones civiles; también hizo mención el déficit de la mayoría de los colaboradores del Presidente para seguirle los pasos en el proyecto de la llamada Cuarta Transformación, y no sólo como administradores de los cargos.

En los próximos dos años -2022 y 2023-, se librará una lucha intensa (interna y externa) ante el proceso sucesorio, que de hecho inició en las elecciones intermedias en la que los diversos grupos buscaron salir fortalecidos con miras al relevo presidencial. 

Como parte de esta batalla, López Obrador anunció ya una próxima reforma electoral “que no les va a gustar” a sus opositores. Tanto la coalición en el poder como los partidos adversarios libraron otra lucha de la que hoy tendremos los resultados.

Muy activo también en las redes virtuales, escribió Uribe Iniesta a propósito de la consulta popular de ayer domingo:

“La Consulta sobre el enjuiciamiento de los funcionarios del pasado. La consulta, cuya pregunta fue fraseada por la Suprema Corte de la Nación para no señalar anticipadamente a ningún individuo en particular,  constituye el primer ejercicio legal o legalizado de Consulta Pública Universal que se hace en México, como avance de hacia una democracia participativa en una de sus formas. 

“Ha habido otros intentos, pero sin reconocimiento legal, Como las consultas a domicilio por delegaciones del DF sobre prioridades presupuestales durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en el D. F., que fue una versión de elaboración de presupuesto participativo, siguiendo el ejemplo de Porto Alegre, Brasil; o la consulta sobre revocación de mandato sobre la jefatura de gobierno del D.F. por parte de Andrés Manuel López Obrador”. 

Para Uribe Iniesta: “en principio, el oponerse a la consulta o criticarla significa directamente estar en contra de la democracia participativa y que las grandes y pequeñas decisiones sean consultadas o tomadas por las grandes mayorías y no las élites. De entrada, quien se opone por principio ya demuestra su definición política como pro oligárquico que puede estar determinada por ser parte de estos grupos, sentirse beneficiados por éste, o tener una conciencia sometida por el miedo o cualquier otra razón a una condición subordinada”.

REFORMAR LA LEY

 

UN TEMA sin duda polémico. Habrá que señalar que buena parte de la no participación estuvo condicionada como decía por varios factores: la escasa difusión oficial de la consulta –definitivamente no tuvo ni de lejos la promoción de unas elecciones-, la disminución a una tercera parte de las mesas receptoras en comparación a las votaciones del 6 de junio, y la casi ausencia de los partidos en el debate. Los opositores prefirieron promover la abstención que, como sabemos, resulta contraria a la participación y tampoco es medible electoralmente.

Por cierto que resulta por lo menos contradictorio que para unas elecciones constitucionales los resultados no estén sujetos al porcentaje de quienes acudan a las urnas para ser válidas –hay comicios en los que ha votado el 30 por ciento-; en cambio en esta consulta se requiere la presencia de por lo menos el 40 por ciento de los empadronados. Cifra que resultaba difícil de alcanzar por los antecedentes que conocemos y las circunstancias que rodearon esta primera consulta constitucional federal.

Como le decía en una colaboración anterior: se modificó la norma que establecía que las consultas se realizarían el mismo día que la jornada electoral, pero no cambió el porcentaje mínimo de votantes. Seguramente después de este primer ejercicio habrá reformas en la Ley Federal de Consulta Popular…aunque no será antes de la consulta de marzo para la ratificación o revocación del mandato presidencial.

AL MARGEN

NO HAY que olvidar que en las comunidades indígenas y campesinas es costumbre la práctica de la consulta para acciones que involucran a toda la población. Son derechos…con obligaciones. (vmsamano@hotmailcom)