*En México, más de un 100% de sobrecupo; liberar espacios

*Concesiones hasta por 20 años: construir y quedárselas

*Hace una década se advirtió: urge liberar a presuntos inocentes

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

LA SATURACIÓN y el hacinamiento en las cárceles mexicanas no es la excepción. En todo el mundo ocurre este fenómeno. Sólo países como Holanda y Suecia dan la nota distintiva: cierran reclusorios por falta de inquilinos. Sin embargo, de acuerdo a la ONU, hay países como Haití donde los prisioneros se amontonan con un 444% de ocupación y Bolivia con casi 300%. México registra a la mitad de la lista mundial…con un 112% de sobre población.

Claro que en el país este fenómeno se presenta en diversas magnitudes. Por lo menos la mitad de los estados de la República reportan niveles que rebasan la capacidad instalada. El Estado de México encabeza la lista de hacinamiento, le siguen Durango (85%), Nayarit (79%) y Morelos (79%).Tan sólo considerando los reos por delitos federales. 

Quienes son procesados o simplemente están sin sentencia saturan los reclusorios locales. Tienen un costo social, un costo económico y un grave impacto humanitario.

Escribió en twitter el presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar: el encarcelamiento “se trata de una condena sin sentencia que, por lo general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional”. (26 de octubre de 2021) 

Y es que el máximo tribunal decidió eliminar la prisión preventiva oficiosa ante delitos como contrabando, defraudación fiscal y facturas falsas. Se debe privilegiar, destacó, la presunción de inocencia.

 

CASI 4 MIL PESOS DIARIOS

 

LA OCUPACIÓN de las cárceles mexicanas se disparó en los recientes dos sexenios. Para marzo de 2021 se reconocía un censo de 219 mil 117 personas privadas de su libertad, casi un 7% más que hasta marzo del año anterior.

Detrás de la sobrepoblación carcelaria no existió un afán de aplicar la ley y establecer la justicia. Hubo también un  enorme negocio. Entre 2010 y 2011 el entonces presidente Felipe Calderón autorizó la concesión de la construcción y administración, de ocho cárceles adjudicada hasta por 22 años a la iniciativa privada. Seis empresarios fueron beneficiados con la adjudicación directa de los contratos. 

A esta operación estarían destinados más de 266 mil millones de pesos. Por si fuera poco, al término del periodo pactado las empresas mantendrían el control de los centros penitenciarios, con o sin personas privadas de su libertad. Así lo informó a principios de este año la secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (SSPC), Rosa Isela Rodríguez

Documentos oficiales revelaron que en los recientes 9 años el gobierno pagó más de 75 mil 665 millones de pesos del monto pactado con particulares para instalaciones penitenciarias en Sonora, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Durango, Guanajuato, Chiapas y Morelos. Una deuda por otros 190 mil 658 millones de pesos que terminaría de cubrirse en el 2035. 

En su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó estos contratos de “atrocidades” y corruptelas. Reveló que en los penales de máxima seguridad  cada interno cuesta al país 3 mil 819 pesos diarios, 114 mil 588 al mes y 1 millón 375 al año. Es, dijo entonces, como si se pagara el hospedaje de un hotel de “Gran Turismo”.

Sobre el tema, en el sitio Documenta.org.mx, la investigadora Lucía Alvarado publicó en octubre de 2020:

“Encarcelar a personas se ha convertido en la medida predilecta de las autoridades encargadas de la procuración de justicia en nuestro país. Existe un interés especial por incrementar la población penitenciaria en lugar de apostar en la aplicación de medidas cautelares que contribuyan a la reintegración social”. 

 Agregó: “Este empeño por incrementar la población de las cárceles se ve directamente relacionado con la reciente intención legislativa de aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y endurecer las penas desproporcionadamente. La razón es que el negocio de las prisiones privatizadas en México se ha vuelto una inversión muy lucrativa”.

 

TRAS LAS REJAS

 

REFIRIÓ la investigadora que precisamente durante la administración de Felipe Calderón, en el 2010 se anunció la construcción de cárceles bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP). Fue presentada la medida como “una solución efectiva ante la problemática de hacinamiento, corrupción y autogobierno imperante en el sistema penitenciario del país”. Después de diez años podemos observar los resultados.

El gobierno federal anunció en diciembre de 2020 que revisaría los contratos otorgados a empresas privadas para la construcción y operación de prisiones. 

Ocurre con este tipo de operaciones como con muchas más realizadas en sexenios anteriores: el gobierno federal se enfrenta a contratos con vigencia de 20 o 30 años que debe renegociar o desconocer. En el caso de las empresas beneficiadas para la administración de las prisiones logró acordar un pago menor en 15% de lo pactado antes. Las firmas involucradas GIA, ICA, Blackrock, Prodemex e Inbursa; asimismo al finalizar los contratos las instalaciones pasarán a ser propiedad pública.

Ahora el gobierno federal busca agilizar la liberación de los reclusos que hayan sido torturados, adultos mayores de 75 años privados de la libertad y quienes padezcan enfermedades crónicas y sean mayores de 65 años. También deben agilizarse los procesos y salir los presos sin condena, aquellos que técnicamente son inocentes, como lo planteó desde agosto de 2010 un estudio de Open Society…hace más de diez años. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )