* Complejidad: relación AMLO-ejército y justicia en el caso Ayotzinapa 

* FGR: debido proceso, renuncias y desistimiento, intereses en pugna  

* Problemas diferentes: estado de derecho y reestructuración militar

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

EN RECTIFICACIÓN que sorprendió pero se entiende, el presidente Andrés Manuel  López Obrador reconoció que se necesita por más tiempo al ejército en labores de seguridad pública. “Cambié de opinión; lo hice al conocer a fondo el panorama de inseguridad”. En campaña, AMLO se pronunció por regresar al ejército a los cuarteles. En Palacio Nacional, AMLO se apoyó en las fuerzas armadas (ejército y marina) para proyectos estratégicos, entre ellos el control de aduanas (Marina) y obra pública (ingenieros militares y soldados). 

La Guardia Nacional, que sustituyó a la Policía Federal, es elemento estratégico en el combate al crimen organizado. Se pensó a la Guardia Nacional con mando civil; ahora se le ubica como parte de la Secretaría de Defensa Nacional.           

Es evidente que AMLO tiene una relación institucional sólida con el ejército. El Presidente de la República dispuso labores sociales y de construcción para la milicia, además de las delicadas tareas de seguridad pública. El contexto de cercanía AMLO-Ejército es el punto de partida para identificar la dificultad institucional del caso Ayotzinapa.    

 

UN DILEMA POLÍTICO Y AÚN MÁS

 

EL PERIODISTA Jorge Zepeda Paterson planteó que la actualidad del caso Ayotzinapa coloca al Presidente López Obrador en un dilema político, puesto que “trata de lograr objetivos contrapuestos”: 1) impartir justicia, para cumplir una promesa fundamental de campaña; 2) mantener la cercanía con el ejército y así consolidar labores de seguridad. Para Zepeda Paterson, “el gobierno enfrenta una prueba de fuego de credibilidad”, que consiste en impartir justicia mientras en el ejército se perciben resistencias para presentar a sus miembros ante la autoridad civil. Los hechos avalan la explicación de Zepeda: la renuncia del fiscal para el caso Ayotzinapa, Omar Trejo Gómez, se presentó cuando la Fiscalía General de la República (FGR) canceló 22 órdenes de aprehensión que beneficiaron a 16 militares. Trejo Gómez era el funcionario más empapado del caso Ayotzinapa: fue Secretario Ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que realizó su investigación en 2015. 

Parece claro que hubo criterios legales contrapuestos, entre el Fiscal General Alejandro Gertz Manero y el Fiscal adscrito al caso Ayotzinapa. López Obrador dijo que “hubo diferencias de opinión”. ¿Control de daños? Existen carpetas armadas con el informe del 18 de agosto de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que encabeza Alejandro Encinas. No hay diferencias de opinión: son diferencias de criterio legal. 

Dada la credibilidad menguante de Gertz Manero, por escándalos previos y tortuguismo en casos muy conocidos, la pregunta es: ¿por qué el desistimiento con silencio? Algo habría que explicar, en el caso jurídico más importante de México en el siglo XXI, no sólo anunciar la cancelación de órdenes de aprehensión. Hay un compromiso irrenunciable del Estado Mexicano ante la desaparición de normalistas.

 

ROMPER EL PACTO DE SILENCIO 

 

HOMBRE DE IZQUIERDAS y con respeto bien ganado Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, diseñó los ejes de trabajo de la Comisión que retomó la investigación del caso Ayotzinapa. Llama la atención el nombre de uno de estos ejes: “ruptura del pacto de silencio”. Ahí está la diferencia clave entre el Informe del 18 de agosto pasado y “la verdad histórica” que presentó el 27 de enero de 2015 el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, hoy indiciado por tortura, uso indebido de funciones públicas, alteración y ocultamiento de pruebas. Y quizás las diferencias de los fiscales Gertz y Trejo tienen que ver con romper (o no) pactos de silencio.

El informe tiene carácter técnico, aunque con repercusiones políticas explosivas. Encinas habló, acompañado del Presidente López Obrador, de “crimen de Estado”, por la participación/complicidad/omisión/negligencia de cuerpos policiales municipales, estatales, federales y miembros del ejército. Ahora, luego de que el caso pasó a instancia ejecutoria con la FGR, las reversas en las órdenes de aprehensión apuntan a un jaloneo institucional de pronóstico reservado. A priori, el ejército (con general y abogados ante los medios) comenzó la defensa de sus miembros señalados, sin que se haya pronunciado juez civil al respecto. 

De manera significativa, el Presidente López Obrador habló de “presiones para frenar la impartición de justicia del caso Ayotzinapa”. ¿Quiénes pueden presionar al Presidente? En el caso Ayotzinapa, la Comisión de la Verdad y la FGR (autónoma) no parecen caminar en la misma dirección. Y habrá que distinguir dos problemas: una cosa es la justicia a impartir, y otra cosa es reestructurar al ejército. Esto habrá que verlo desde ángulos electorales. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )