Escala Crítica/Columna diaria
*Nuevos gobiernos compiten con sus propias expectativas
*Lo que el político ofrece, lo que la gente espera y…
*Desvío de recursos, IEPCT, OSFE: dura batalla jurídica

Víctor M. Sámano Labastida

LOS GOBIERNOS de la alternancia –esto es, del cambio de una coalición gobernante a otra-, tiene siempre frente a sí que remar contra una pinza en que se convierten las expectativas. Por un lado están las esperanzas que alimenta un candidato y su coalición en las campañas, por otro lo que espera la gente que vota por un cambio; pero también sus adversarios derrotados se encargan de hacer crecer las ilusiones porque saben que en la medida en que no se alcancen las metas u ofertas, en esa medida aumenta la frustración.

Al final de cuentas, el balance de un gobierno está entre lo que promete o compromete, y lo que cumple. Lo racional –que no es un ingrediente propio de la política partidista y de lo electoral- sería que se evalúe lo que se busca contra lo que se tiene, los objetivos contra las condiciones objetivas. No es lo mismo que una administración comience con todos los recursos a su alcance, que tenga que atender carencias agudizadas por un sabotaje planificado, por la irresponsabilidad de quienes lo precedieron o simplemente por circunstancias externas.

OAXACA, PUEBLA, SINALOA

EN EL AÑO 2010 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue sorprendido por una extraña coalición que le ganó las elecciones en tres de los estados en los que se consideraba inamovible. Un frente electoral formado por el PAN y el PRD logró derrotarlo en Puebla, donde Rafael Moreno Valle se convirtió en el primero gobernador surgido de la oposición; en Sinaloa, donde el triunfo correspondió a Mario López Valdez y en Oaxaca, donde se instaló Gabino Cué Monteagudo.
En los tres casos, los políticos triunfantes provenían del PRI. Quizá lo sucedido en Oaxaca tiene mayores semejanzas con lo que pasó dos años después en Tabasco: el candidato opositor Gabino Cué había dejado muchos años antes su militancia en el PRI y se incorporó al Partido Convergencia. Parecido al caso de Arturo Núñez en Tabasco, aunque éste por el Partido de la Revolución Democrática.
Tanto Cué como Núñez se declararon simpatizantes de López Obrador; el oaxaqueño tuvo que remar a contracorriente por el rechazo de Andrés Manuel a la alianza con el PAN. Aunque el entonces aspirante presidencial hizo una intensa campaña para los comicios en la tierra de Benito Juárez, lo que favoreció al abanderado de la coalición PRD-Convergencia-PAN y PT.
El arranque del gobierno de Cué en Oaxaca no fue fácil: la coalición que lo llevó al poder comenzó a dispersarse, al tiempo que el nuevo mandatario tuvo que pagar “cuotas” de poder a sus temporales aliados del PRI confrontados con Ulises Ruiz, entonces gobernador, y su grupo.
Ahora que se cumplen los cien días de la toma de posesión de Arturo Núñez en Tabasco me parece pertinente recordar el caso oaxaqueño, sin ignorar que las condiciones de las dos entidades –Oaxaca y Tabasco- tienen históricamente diferencias enormes.
Cuando Gabino Cué cumplió sus cien días al frente del gobierno en Oaxaca –en marzo de 2011-, sus socios del PRD, PAN y Convergencia, reiteraron su apoyo a la administración aliancista. Aún no se presentaba la división de quienes se irían a Morena. Unos días antes López Obrador había acudido a Oaxaca para un reencuentro con Cué Monteagudo a quien no veía desde hacía casi un año.
Las críticas contra Cué Monteagudo en los medios se agudizaron, el radicalizado movimiento del magisterio se confrontó con el gobierno de la alternancia y las denuncias en contra de los funcionarios que habían cometido desfalcos siguieron el sinuoso camino de los tribunales.
No hay por qué sorprenderse y la desesperación se explica en quienes verdaderamente están en niveles de sobrevivencia. Claro, tampoco hay que empeorar las cosas.

LA LEY EN LA SELVA

UNA LARGA batalla jurídica tiene en el horizonte el gobierno tabasqueño en varios frentes. Tener conciencia de esto significa no desesperar, poder comunicarlo con claridad y, sobre todo, tener al equipo de abogados lo suficientemente capaces para llevar buen puerto los procesos. En primer lugar están, por supuesto, las denuncias en contra de ex funcionarios de la pasada administración; los acusados echarán mano a todos sus recursos, que no son pocos. En esa lista están los ex titulares de Finanzas, José Sáiz; Educación, Beatriz Luque; Salud, Luis Felipe Graham; Obras Públicas, Héctor López; CEAS, Clisceria Rodríguez, entre muchos más.
Otro frente abierto en contra de Francisco Rullán, asunto que aunque corresponde al Congreso, requerirá del “acompañamiento” jurídico del Poder Ejecutivo, puesto que su resolución tendrá impacto no sólo en la imagen de la administración sino también en la revisión de las cuentas públicas del último año del gobierno pasado y de los municipios.
Un tercer desafío jurídico-político es el del Instituto Electoral (y de participación ciudadana), otra cuestión en manos del Congreso. Puestos en la circunstancias de tener que inhabilitar a los consejeros por el vergonzoso tema de la compra “inflada” de un edificio, podría darse el caso de la desaparición de ese organismo.
Ayer, de manera personal, por lo menos tres consejeros interpusieron recursos de apelación por el resolutivo de la Contraloría interna. Rosendo Gómez Piedra,  Antonio Ponce y Élide Moreno, reclamaron falta de fundamentación y motivación; omisión a su garantía de audiencia; inexacta e incorrecta valoración de pruebas; y, finalmente, indebida individualización de las sanciones.
Respecto al litigio judicial principal –la demanda en contra de los ex funcionarios-, el diputado de Acción Nacional Francisco Castillo cumplió con su anuncio de presentar una denuncia específica en contra de Andrés Granier y su hijo Fabián Granier. El procedimiento fue respaldado por once mil firmas, del millón que se había propuesto. Jorge Ávalos, dirigente panista, respaldó el recurso; Roberto Romero, dirigente del PRD, sostuvo que el PAN sólo intenta ganar reflectores.
Javier May, de Morena, sostuvo que el PAN también encubrió en su momento a la administración saliente, aunque insistió en que el nombre de Granier debe estar en las demandas. Portavoces del gobierno de Núñez insistieron en que se deben evitar errores de procedimiento que podrían derivar en la exoneración de los acusados.
Parafraseando aquel dicho adjudicado a Joseph Fouché de que “más que un crimen, es un error”, habría que evitar que los crímenes (complicidades) se disfracen de errores. Menos espectáculo, más eficacia. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )