Escala Crítica/Columna diaria
*Comienza la depuración de aspirantes, aumentan riesgos
*Aguilar Bodegas: en menos de un mes, la convocatoria
*Los crímenes en Cunduacán y un contexto de riesgo

Víctor M. Sámano Labastida

EL PARTIDO Revolucionario Institucional en Tabasco busca dirigente y busca dirección. Tiene liderazgos regionales, zonales, medios, localizados, pero le falta un liderazgo estatal. ¿Requiere un administrador o un guía que coordine los esfuerzos de su primera experiencia como oposición? Se mueve entre las viejas inercias y la necesidad de un cambio. Es una coalición que nació en el poder y ahora en Tabasco tiene que laborar fuera del amparo del poder. No tiene un gobernador que sea su (forzoso) “líder natural”. Está suelto.

El dirigente interino José Antonio Aguilar Bodegas, un político chiapaneco, tiene el encargo de conducir la selección del sustituto de Francisco Herrera. Lo debe hacer con inteligencia y tacto. Los usos y costumbres no son suficientes, ahora ignorar las normas estatutarias puede acabar con la fiesta. El ejemplo más reciente es el de Miguel Romero cuya designación tuvo que reponerse por no cumplir con los estatutos. Ahora mismo existe una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por omitirse la publicación de la convocatoria para la elección interna.
Adrián Hernández Balboa y el propio Francisco Herrera, si bien no fueron impugnados formalmente, vivieron una jefatura partidista en el aislamiento. Malo para un organismo que requiere la movilización de su militancia.  La parálisis va en contra de la naturaleza de un partido. Es la antítesis.
El camino de la definición de la nueva dirigencia tricolor tiene plazos y fechas: el uno de junio el Consejo Político del PRI decidió el método de la Asamblea de delegados; el uno de julio venció el plazo para emitir la convocatoria; el 16 de julio terminó el mandato de Francisco Herrera y se designó interinamente a Aguilar Bodegas; el 14 de septiembre vence el plazo para que este interino convoque a elecciones. Ofreció que no pasarán más de 30 días para que los priístas sean llamados formalizar su dirigencia estatutaria.
El encuentro que Aguilar Bodegas tuvo con siete de los 15 ó 18 aspirantes el lunes fue entendido como una primera depuración de la lista. Se afirma que no, que se trató de un primer acercamiento. Como sea recibieron la deferencia del representante del PRI nacional los ex alcaldes Evaristo Hernández y Guillermo Narváez, así como el actual diputado Erubiel Alonso.
También Nicolás Haddad, Félix Eladio Sarracino, Pedro Gutiérrez y  Humberto Villegas, este último encargado de los procedimientos internos en elecciones anteriores.
Como le decía en otra colaboración, de entre la extensa lista de aspirantes habrá una depuración “natural” por las alianzas que harán los grupos y personajes. Otro mecanismo para limitar la nómina son los requisitos que normalmente establece la convocatoria respecto a la firma de los sectores y agrupaciones adherentes: no pueden apoyar a más de un aspirante para que se inscriba en el proceso.
Ahora viene una discusión entre la “candidatura de línea” presuntamente apoyada por la dirigencia nacional, la “candidatura de unidad” que es vista como un ocultamiento de la “línea” y la “candidatura de consenso”.
Pedro Gutiérrez, uno de los aspirantes introdujo el término de la “tercera vía”, en tanto que Guillermo Narváez habla de una “dirigencia de consenso. Hernández Cruz insiste en una competencia efectiva, Sarracino se queja de la existencia de “dados cargados”. La cuestión central será la aplicación estricta de los estatutos del tricolor, porque ahora todo es impugnable y ya no se limita a los órganos internos sino que las demandas llegan hasta las instancias federales independientes de los partidos.

REPUDIO GENERALIZADO

NUEVAMENTE UN SUCESO delictivo despertó la indignación de la comunidad. Un hecho que rebasa el ámbito de la llamada “nota roja”: el bárbaro asesinato de dos pequeñas en la ranchería Miahuatlán, del municipio de Cunduacán. Las víctimas apenas contaban con 10 y 14 años de edad, María del Rosario y Diana Paola. Sus cuerpos fueron hallados la noche del lunes en su domicilio.
Lamentablemente Cunduacán se ha convertido en un sitio de preocupante violencia, de alto índice delictivo de alto impacto.
Los nombres de María del Rosario y Diana Paola se sumarán a los de Samuel (7 años), Jesús Alberto (7 años), Gustavo Adolfo (8 años) y Blanca Elena (10 años), menores asesinados en Tacotalpa en abril del 2012. Entre muchos más que no deben quedar en el olvido.
En el caso de Cunduacán, la atención de las autoridades en ese municipio de la Chontalpa debió reforzarse desde el 2006 cuando se supo de la presencia de bandas de la delincuencia organizada en aquella zona. Ahí se han incrementado los delitos como asaltos, secuestros, robos, extorsiones, asesinatos.
No todos estos ilícitos son cometidos por bandas organizadas. Pero se ha visto que la llamada delincuencia común y la delincuencia organizada están estrechamente relacionadas con la ausencia o debilidad de las autoridades. También con la fragilidad institucional y la ruptura de los vínculos comunitarios. Un proceso que viene de lejos.
Sin duda que en Cunducán se requiere una acción coordinada de las autoridades y una política integral para recuperar la seguridad y la justicia en la región. Indigna el crimen ocurrido en la ranchería Miahuatlán, como los crímenes sucedidos en otros poblados.
Pero no basta la indignación, el enojo y la captura de los responsables; es necesario revisar las causas del deterioro de la seguridad, de la falta de respeto y valoración a la vida de las personas.

AL MARGEN

SIN DUDA que una de las deudas de mayor impacto dejadas por la administración anterior, la de Andrés Granier en Tabasco, es la falta de pago a los pequeños y medianos proveedores y prestadores de servicios.
Estos micro empresarios radicados en Tabasco, que prácticamente viven al día, dejaron de recibir sus pagos por lo menos desde abril del año pasado.
Los cálculos del nuevo gobierno es que se debía en conjunto a estos pequeños empresarios más de 2 mil 300 millones de pesos. Fueron unas tres mil empresas o negocios los que ya no pudieron cobrar antes de que terminara el gobierno de Granier Melo.
Es posible que algunos adeudos hayan sido de 200 mil o 300 mil pesos, pero para estos inversionistas representaba todo su capital. Muchos de los afectados tuvieron que cerrar sus negocios, dejando a un gran número de desempleados. Los dirigentes empresariales reconocieron que poco a poco se han ido pagando las deudas. Son débitos que rebasan el campo de la mera contabilidad, de una cuestión económica para ser un problema social por los miles de trabajadores e inversionistas afectados. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )