Escala Crítica/Columna diaria
*Solidaridad con las víctimas; evitar que se repita
*Cuando se privilegia la ganancia sobre la seguridad
*PIBE, recursos naturales, deterioro y agotamiento

Víctor M. Sámano Labastida

LUTO NACIONAL sí, pero también indignación nacional. Pero una indignación constructiva.Líderes nacionales e internacionales coinciden: fue un acto de barbarie el realizado por criminales en el Casino Royale, en Monterrey, capital del industrioso estado de Nuevo León. Los detalles los conoce el lector: dos minutos bastaron para que un grupo de diez personas tomara por asalto las instalaciones del centro de juegos, rociara combustible e incendiara el local. Hasta ayer, 52 muertos.

El Estado mexicano es una embarcación que tiene muchos agujeros. No puede controlar la profundidad de los mares ni la fuerza de las tormentas, pero puede revisar su estructura. Con tantas averías no podrá llegar muy lejos. Menos en una situación extraordinaria.
Los especialistas han analizado las características de la estrategia y las acciones del gobierno mexicano contra la delincuencia en general y las bandas organizadas del crimen en general. Aquí mencionamos algunas recomendaciones de la UNAM, elaborada por autoridades nacionales e internacionales. Las más completas, aceptaron los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
El crimen y la delincuencia se deben combatir, sin duda, pero con inteligencia.
Sin embargo, casos como la discoteca Lobohombo, en el Distrito Federal, donde murieron 21 personas; el gravísimo incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde fallecieron calcinados 49 niños y más de 70 resultaron lesionados. La reciente balacera en las cercanías del estadio de Torreón, Coahuila, que puso en riesgo a miles de aficionados al futbol, y el asalto en una plaza comercial de Morelia, Michoacán, entre muchos otros sucesos similares nos están indicando mucho. Se están privilegiando las ganancias sobre la seguridad.
En las próximas horas veremos si nos quedamos con el luto o aprendimos algo de estos trágicos sucesos.

DE VUELTA AL PIBE

COMENTÓ uno de los lectores de esta columna, a propósito de la relación de Pemex y Tabasco, que las aportaciones en 30 años han sido millonarias. Se refería al extracto de mi participación en el foro sobre economía y petróleo (25/VIII/2011) en el que mencioné la necesidad de establecer mecanismos verificables y medibles sobre las afectaciones; sin duda tiene razón.
Pero le comentaba que el sentido de mis comentarios era también retomar una propuesta que recogí en estas mismas columnas en referencia a las actividades económicas que tienen un impacto ambiental y otras que resulta en el agotamiento de recursos no renovables.
Distintos especialistas coinciden en que no se puede dejar a la buena fe, a los subsidios, ayudas, indemnizaciones, la atención del impacto de las actividades productivas y extractivas. Hemos escuchado conceptos como “deuda climática” y “justicia climática”, mismo que mencioné en otras colaboraciones. Son términos acuñados por organismos internacionales para establecer una diferencia en la responsabilidad por los daños al planeta entre gobiernos y corporaciones.
Recordamos que cuando se abordan temas como el Producto Interno Bruto por lo general se pone énfasis en “la generación de riqueza”, pero no en la “generación de ganancias”. Ignorar esto lleva a conclusiones diferentes.
Expresé a los participantes del foro en la mesa “Economía y Petróleo”, organizado por las agrupaciones Alianza por Tabasco y Juchimanes de Plata, que entre las propuestas recabadas por este columnista, sugeridas por un lector especialista en planeación (junio de 2010), estaba la consideración de los costos ambientales y la degradación de los recursos naturales que padecen estados como Tabasco en el denominado Producto Interno Bruto (o Nacional) Ecológico.
Se trata –decía- de superar el reclamo de “buena fe” al Gobierno federal y establecer una relación institucional, reconocida internacionalmente, respecto a los costos en la producción de bienes y servicios.
Claro, no basta obtener más recursos o firmar un mejor convenio. Lo importante es aplicar los recursos así obtenidos para objetivos del desarrollo. Que el petróleo sea verdadero motor de la economía, ahora que aún hay reservas.
Juristas como Miguel Carbonell y José Luis Caballero ha insistido en la necesidad de que el Estado mexicano tenga la fortaleza institucional y las capacidades necesarias en todos los planos (técnicos, humano, financiero, jurídico, político) para hacer valer sus pactos con particulares. O con las corporaciones de diverso tipo.
Cité a la doctora Miriam Grunstein, quien realizó una extensa revisión de los contratos o concesiones de los países petroleros, y que he mencionado en esta columna:
“No hay cláusula en un contrato que proteja a las empresas (y a las comunidades) de los efectos de la falta de transparencia, la debilidad institucional, la inestabilidad jurídica y las condiciones que afectan directamente a la población como las condiciones fácticas y regulativas de seguridad, salud y medio ambiente”. En fin, el debate está abierto ante la promesa (¿o riesgo?) de un nuevo auge petrolero.

AL MARGEN

SI OTRA COSA no sucede, mañana domingo 183 consejeros estatales del PRD decidirán el destino de un partido que asegura tener más de 200 mil militantes en la entidad. En ese partido no se descartan las sorpresas. La intensa pugna de corrientes, grupos y personajes, se explica porque no sólo decidirán quién entrará al relevo del ex alcalde Javier May (entre Francisco Sánchez Ramos, Gerardo Gaudiano Rovirosa y Rafael Elías Sánchez), sino también porque estará en juego la candidatura al gobierno estatal.
Los mismos bloques ya se han alineado con sus respectivos prospectos: Rosalinda López, Arturo Núñez, Adán Augusto López y Oscar Cantón. Con las alianzas que resulten a la hora de calcular los votos y repartir posiciones. ¿Las tribus irán a los tribunales? El lunes lo sabremos. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )