Escala Crítica/Columna diaria
*En México ocurren más de cien mil plagios por año: INEGI
*Cárdenas, Huimanguillo y Centro, focos rojos y nuevo Plan
*Contra rumores, urge reforzar la credibilidad institucional

Víctor M. Sámano Labastida

EL SECUESTRO y su combate se convirtieron en temas centrales para el gobierno de Tabasco en estos días. También para la sociedad tabasqueña. La semana pasada el gobernador Arturo Núñez acudió a una reunión con el secretario Miguel Osorio Chong previo a la presentación del plan del gobierno de Peña Nieto contra este flagelo. La captura de ocho policías de Huimanguillo presuntamente relacionados con varios plagios y la muerte de uno de ellos es apenas un ingrediente en este complejo asunto.

El gobierno federal reconoció recientemente que durante 2013 los secuestros se incrementaron en un 32 por viento en comparación con los denunciados en el 2012. En cifras oficiales anotan que en los 12 meses recientes hubo un registro de mil 583 secuestros. Unos cuatro secuestros por día y 120 por mes.
Si esto le parece demasiado, anotemos que la “cifra negra” de secuestros -esto es los no denunciados- rebasa los cien mil casos en un año. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el 2012 el total de plagios se estimaría en 105 mil 600, reportados a la autoridad y ocultos.
Si tomamos como base al INEGI (organismo oficial) estaríamos hablando que en el país hubo 290 secuestros diarios. Uno cada cinco minutos
El plagio es uno de los delitos que más daño hace a las familias y a la sociedad. Es una expresión brutal de la violación a las leyes, cuando la vida e integridad de una persona se convierte en objeto de negocio.

REGIONES DE RIESGO

EL MIÉRCOLES 8 de enero diez gobernadores acudieron a la Ciudad de México para una reunión con el secretario de Gobernación. El mandatario tabasqueño estuvo junto a los de Guerrero, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz y Tamaulipas, entidades en las que –a excepción de Tabasco- se aplicará un operativo especial en el nuevo Plan Antisecuestro.
En estas seis demarcaciones se concentra el 64 por ciento de los plagios ocurridos en los últimos meses.
Habrá que recordar que a partir del retorno del PRI a la Presidencia fue desaparecida la Secretaría de Seguridad Pública y sus funciones asumidas por la Secretaría de Gobernación. De ahí que esta dependencia sea la encargada del tercer Plan Antisecuestros de los últimos doce años. Hubo dos durante los gobiernos del PAN.
Esta nueva estrategia pondrá a prueba la división del país en regiones para el combate al delito. A Tabasco le correspondería el área de seguridad que comparte con Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán.
Tabasco, que en los registros nacionales se ubica entre los siete estados con mayor incidencia de secuestros denunciados ocupa también el primero sitio de casos en el sureste.
De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública las entidades con mayor número de secuestros durante 2013 fueron: Guerrero, 228; Tamaulipas, 187; Michoacán, 179 (un caso especial por la grave situación interna); Edomex, 176; Morelos, 141; Hidalgo, 121; Tabasco, 99; Jalisco, 88; Oaxaca, 43 y Chihuahua, 29; Veracruz, 17.
En diciembre pasado, el procurador Fernando Valenzuela Pernas reconoció que había tenido noticia oficial de 122 secuestros, aunque aseguró que se había resuelto el 70 por ciento de los casos.

CREER O DEMOSTRAR

EN TABASCO es en La Chontalpa donde mayor incidencia hay de plagio. El año pasado se conocieron 25 en Cárdenas, 23 en Huimanguillo y 19 en Centro. A esta lista se sumaron Comalcalco, con 8; Cunduacán y Paraíso, con 5 cada uno; Nacajuca, con 4 y Tenosique, con uno.
Tan sólo en Huimanguillo durante este mes fueron sujetos a investigación ocho policías municipales que según versiones de la Procuraduría estatal forman parte de bandas delictivas. Por supuesto que la captura de varios policías causó alarma e inconformidad entre sus compañeros.
Algunos de los agentes fueron presuntamente detenidos en momentos en que participaban en secuestros, como sucedió con dos capturados el jueves 9 de enero.
Otro de los uniformados, Mateo Jacinto Rodríguez, fue entregado a la Procuraduría estatal por las autoridades de Huimanguillo. Precisamente estando en manos de la PGJ esta persona falleció, lo que ha dado motivo para diversas especulaciones: las autoridades sostienen que murió de un infarto, en tanto que los familiares del occiso aseguran que fue víctima de torturas.
El procurador Valenzuela Pernas respalda su versión en peritajes del Servicio Médico Forense y en el testimonio de una doctora legista de la PGR. Los familiares sostienen su dicho en el conocimiento del fallecido.
Estamos ante un asunto de confiabilidad de la fuente, sin ignorar la importancia del debate sobre los derechos humanos y el derecho de las víctimas.
Ahora las autoridades estatales solicitaron la participación de la PGR para esclarecer o ratificar las circunstancias de la muerte del detenido. También interviene la Comisión Estatal de Derechos Humanos y seguramente el asunto llegará a la CNDH. Es posible y deseable que en el nuevo Plan Nacional Antisecuestros se integre la coordinación para atender este tipo de casos.
Como usted sabe las leyes, los acuerdos internacionales y la demanda de diversos grupos son cada vez más exigentes en materia de persecución policiaca y combate a los delitos. Se reclama a la policía y a las autoridades más eficacia, pero también evitar arbitrariedades.
Pero al mismo tiempo no sólo aumentan las bandas delictivas y su cobertura en el territorio nacional –aún más allá de as fronteras-, sino que operan con mayor violencia, son cada vez más sofisticadas y, lamentablemente, también han penetrado las instituciones.
Es una cuestión compleja pero debe atenderse.

AL MARGEN

EN NOVIEMBRE pasado el Ejército asumió la seguridad del puerto Lázaro Cárdenas en Michoacán. Era apenas un avance de lo que vendría. Ayer el gobierno federal anunció que tomará a su cargo el orden público en aquella entidad. Seguirá después un mayor despliegue de tropas. En diciembre de 2006, fue en Michoacán donde el entonces presidente Felipe Calderón inició su “guerra” contra el narcotráfico y la expandió por casi todo el país. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )