Escala Crítica/Columna diaria
*Consulta pública para seleccionar a integrantes de la CEDH
*Veracruz, territorio peligroso; Gregorio Jiménez, víctima
*Necesario mejorar y difundir mecanismos contra la extorsión

Víctor M. Sámano Labastida

SE HA VUELTO un lugar común debatir el alcance de los derechos humanos. Más todavía cuando la criminalidad aumenta, la brutalidad de los actos ilícitos resulta alarmante y las víctimas reclaman falta de protección. A esto se suma un sistema de denuncia y administración de justicia que registra graves niveles de impunidad. Pero aún así, la razón de un sistema democrático es la protección de la vida y la dignidad humana.

La noción de “derechos humanos” es tan antigua que se sitúa, por lo menos, en la tradición mesopotámica de los códigos tan remotos como de unos 500 años a.C. En México su evolución ha sido lenta pero impulsada por activistas y grupos civiles opuestos a los sistemas autoritarios y arbitrarios.
No resulta casual que en la más reciente Ley de Derechos Humanos aprobada el 5 de febrero, en la primera sesión ordinaria de la LXI Legislatura, se haya establecido la creación de programas especiales para proteger la libertad de expresión y los derechos humanos de los profesionales del periodismo.
Se reconoce que una labor libre y protegida de los comunicadores “redunda no sólo a favor de éstos, sino del derecho de toda la sociedad a estar informada de manera responsable”.
Habrá que mencionar que el 10 de junio del 2011 se publicó la modificación de “garantía constitucional” por “derechos humanos” en nuestra Carta Magna, en correspondencia con los tratados internacionales.
Estas modificaciones se reflejaron en la Constitución local en septiembre de 2012.
Como parte de aquellas reformas ahora los diputados locales aprobaron medidas que deben permitir mayor autonomía a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, más eficacia en sus tareas de investigación y una aplicación efectiva de sus recomendaciones.
Así, se le quita el titular del Poder Ejecutivo la facultad de proponer al presidente de la CEDH y, se establece, en el futuro tanto el presidente como los consejeros serán seleccionados mediante un “procedimiento transparente, consulta abierta y mediante convocatoria pública”.
Usted podrá decir y con razón que eso ocurre con los integrantes del Instituto Electoral y no es garantía. Pero el problema no reside en la ley sino en su aplicación.
La reciente ley de la CEDH especifica una serie de mecanismos para que en la defensa de los derechos humanos se tenga un organismo con plena autonomía presupuestal y de gestión, y personalidad jurídica y patrimonio propios, pero también con rendición de cuentas.
Asimismo facilita la presentación de denuncias, mejora la supervisión del cumplimiento de las recomendaciones y permite la atención de asuntos en materia laboral.
Es posible que aún “le falten dientes” –como se dice- al organismo defensor de los derechos humanos, para combatir la arbitrariedad y la impunidad. Pero su funcionamiento también depende de un amplio conocimiento de la población respecto a sus derechos y obligaciones. Se requiere una ampliación y fortalecimiento de la cultura por la protección de la dignidad, la integridad y la libertad.

¿DONDE ESTÁ GREGORIO?

HASTA AYER el periodista Gregorio Jiménez, secuestrado el 5 de febrero en una comunidad de Coatzacoalcos, Veracruz, seguía desaparecido. Un intenso operativo con policías federales y estatales fue ordenado para su localización. Lamentablemente, así como México es un país de alto riesgo para los comunicadores, Veracruz se convirtió en una de las entidades más peligrosas.
Gregorio Jiménez, tiene 42 años de edad. Es padre de cinco hijos. Fue interceptado y secuestrado por hombres armados.
En Veracruz otros dos comunicadores permanecen desaparecidos. Uno desde el 2010 y otro desde el 2011. Nueve periodistas han sido asesinados en esa entidad desde el 2011 a la fecha. Doce más han tenido que abandonar el estado por temor y amenazas.
La inseguridad no sólo la padecen los comunicadores. Se hace extensiva a la población Los estados más peligrosos para las personas son Guerrero, Morelos, Sinaloa, Tamaulipas y el Estado de México.
En fechas recientes llamó la atención la violencia en Michoacán, pero ahí porque varios pueblos decidieron tomar las armas para defenderse. De acuerdo al “Índice de Paz en México”, las demarcaciones más tranquilas son Campeche Querétaro e Hidalgo. Otros registros incluyen a Yucatán.
Le decía que preocupa la violencia contra los periodistas porque es un indicador del grave riesgo para la población. Es un hecho que si quienes tienen la posibilidad y los medios para denunciar son atemorizados y perseguidos, es mayor la falta de protección para la población común.
El periodista Gregorio Jiménez sigue desaparecido en Coatzacoalcos, Veracruz.

EXTORSIÓN, OTRA CARA

UNA PERSONA recibe una llamada telefónica en su domicilio supuestamente de una empresa comercial con prestigio nacional e internacional. Le insisten que debe acudir a pagar un crédito que nunca solicitó. Esta insistencia se convierte en acoso. Acude a la Condusef donde le indican que ahí no pueden hacer nada, que vaya a la Profeco. Acude a esa oficina y le comunican que debe ir a las oficinas de la citada empresa. El afectado se siente, y con razón, desprotegido.
Esto sucede en Villahermosa. ¿Qué hacer? El afectado se comunica al IFAI en México, en razón de la posible violación de datos personales. Tienen mucho trabajo. Le contesta una grabación.
Ahora que se habla de la coordinación oficial para el combate de los delitos, ¿sería mucho pedir que las oficinas gubernamentales –sean de cualquier sector y orden- ofrecieran la orientación adecuada aunque sea en folletos?  El “no se”, “no me corresponde”, “no es aquí”, es parte del cultivo de la inseguridad, impunidad e indignación.
Desde el punto de vista del columnista, estamos ante un hecho de acoso y presumible extorsión telefónica. 
De acuerdo al Manual del Factor Preventivo de la Policía Federal, una persona es víctima de extorsión telefónica si entre otras circunstancias:
recibe una llamada telefónica que lo confunde o lo presiona para obtener dinero u otro beneficio; le hacen creer que es (…) un servidor público o cualquier persona ajena que lo amenaza directamente; le exigen un depósito en cuentas bancarias, órdenes de pago o compra de tarjetas telefónicas.
¿No saben esto los responsables de las dependencias a las que acudió el afectado? ¿No es el caso? La prevención comienza con la correcta información y coordinación para la seguridad de la población.
Por lo pronto, si usted está en alguno de los casos citados, haga la denuncia anónima desde un teléfono público al 01 800 440 3690  y  01 800 737 4842.
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