Escala Crítica/Columna diaria
*Del difícil equilibrio, la dispersión y la interesada ruptura
*Dos proyectos contra el tiempo: gobierno y oposición
*Resistencia civil, cambio social, competencia electoral

Víctor M. Sámano Labastida

DOS ACTOS, dos llamados, sirven para ubicar el contexto de las dificultades de Tabasco. El difícil equilibrio de una alternancia en medio del saqueo de recursos y la dispersión, por no decir ruptura, de la coalición que obtuvo el poder. Por otra parte, la permanente acechanza de dos fuerzas: las de un  PRI estatal que por lógica busca el fracaso de su adversario y la revancha electoral, así como las del otro PRI nacional que tiene en su proyecto neutralizar a la oposición lopezobradorista.

Arturo Núñez encabezó el jueves en Villahermosa el acto conmemorativo del 150 aniversario de la batalla del 27 de febrero. Fue el orador principal y según se observa no fue una decisión casual: ahí llamó a una gran “alianza social” para hacer realidad los cambios esperados con la alternancia.
Ese mismo día -pero por la tarde-, Andrés Manuel López Obrador presidió en Jonuta otra de sus asambleas informativas y de propaganda. Aunque se había anunciado que ahí definiría el plan de acción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) frente a la reforma energética, las crónicas destacaron sus pronunciamientos en torno a los cortes de electricidad.

URGENTE O IMPORTANTE

LO COYUNTURAL puede estar definiendo lo fundamental. Lo que sucede con la Comisión Federal de Electricidad se ha (o lo han) convertido en un desafío para la relación entre Arturo Núñez y López Obrador. Hasta los empresarios anunciaron la creación de un frente para ponerle un ultimátum a la CFE y que en última instancia tendría que ser al gobierno federal.
Sin embargo, las circunstancias del estado colocan a la administración de Núñez en medio de una pinza constituida de un lado por sus aliados más radicales y por la otra de sus adversarios históricos y ocasionales.
Dijo López Obrador que defenderá a quienes siguen en resistencia civil. No podía ser menos. Este movimiento comenzó a una convocatoria que hizo en 1995 el entonces candidato al gobierno del estado contra un alegado fraude que –se dijo- favoreció a Roberto Madrazo.  Culpado Ernesto Zedillo de proteger al candidato del PRI, el lopezobradorismo llamó a una acción (o abstención) para presionar.
Aunque la inconformidad contra las tarifas y el servicio de electricidad se remontaba a años, lustros y quizá décadas atrás, el llamado a la “resistencia civil” del no pago (¿desobediencia civil?) fue oportunidad para que se expresaran varias circunstancias: una protesta real contra el “fraude electoral” –actitud política-, una abstención a pagar por falta de recursos y altas tarifas –actitud social-; posteriormente fue ocasión para que quienes pudiendo pagar y aún no teniendo reclamo de alteración de recibos aprovecharon para evadir a la CFE –actitud de oportunidad.
Estos y muchos otros factores convirtieron a la resistencia civil o el no pago en la mezcla explosiva que es ahora. Tanto que amenaza el futuro de un proyecto.
Pidió López Obrador a Morena que prepare un plan de acción contra los cortes de electricidad “porque no  vamos a aceptar que le corten la luz a nadie y seguirá la resistencia civil hasta que se cumpla para todos el borrón y cuenta nueva”. Ese “plan de acción” fue recomendado a Javier May y a Octavio Romero, dirigentes de la organización lopezobradorista en Tabasco.
Fue más allá: “no queremos que el gobierno de Tabasco, que surge de nuestro movimiento, se preste para andar cortándole la luz a los paisanos, la Federación puede tener su plan, pero hay que hacer valer la soberanía de Tabasco, y aquí no manda Peña Nieto, sino el gobernador del estado”.

LOS DOS PACTOS

DESDE otra tribuna, el gobernador Núñez aseguró que se requiere una gran alianza social “que aporte el capital humano y político” necesario para avanzar. Sostuvo:  “Si no hay participación social, corresponsabilidad e involucramiento activo en las diversas áreas de actividad, no habrá  gobierno que por sí sólo pueda resolver de raíz los complejos problemas que estamos atendiendo”.
Cuando se firmó aquel Pacto por Tabasco en febrero de 2013, le comentamos aquí que haría falta un acuerdo o pacto con la sociedad. Sabido es que los partidos políticos son, por definición, un segmento –chico o grande- de la comunidad. Más aún, las contiendas modernas los han hecho más instrumentos del reparto del poder que de las definiciones ideológicas o filosóficas.
Planteé aquí que mientras el Pacto por México sirvió a Enrique Peña para abrir el camino a sus reformas –en especial la fiscal y la energética-, a Arturo Núñez el Pacto por Tabasco le serviría para asegurarse un mínimo de estabilidad ante las inminentes demandas contra los ex funcionarios (casi todos priístas).
Los siguientes pasos no son fáciles. Requieren no sólo convicción sino decisión y capacidad de operación. Atender a las circunstancias no sólo a las intenciones.
Dijo Núñez:  “Nuestra lucha es ahora por dar consistencia a un tejido social más cohesionado, en que la familia se consolide como un eje vertebrador que promueva equidad, seguridad y bienestar y donde la discriminación por cualquier motivo sea cada vez más un vestigio del pasado”.
En no pocas ocasiones hemos comentado que las pugnas históricas a las que en Tabasco se han referido actores diversos –desde la oposición y desde el gobierno-, no son sólo “pleitos familiares” o desavenencias ocasionales, sino resultado de una conflictividad estructural: la marginación y la pobreza, la alta concentración de la riqueza y la salvaje expoliación de los recursos. Esas condiciones se expresan en el seno familiar y en las comunidades. 
Como usted sabe: no hay pobres, hay empobrecidos.
El debate y las acciones, le decía, van más allá de lo coyuntural.
¿Hay desencuentros entre Núñez y Obrador? Seguramente un segmento no sólo desea eso sino que también lo provoca.

AL MARGEN

LOS MUNICIPIOS tabasqueños están en riesgo de quiebra, según afirmaron los diputados locales. Para evitar que los ayuntamientos se declaren sin capacidad de pago, los diputados pidieron a la Secretaría de Hacienda un incremento en los recursos.
Según el Congreso local, nueve ayuntamientos adeudan más de 645 millones de pesos por pago a trabajadores despedidos injustificadamente.
Y también  por adeudos a la compañía de electricidad.
La diputada Araceli Madrigal aseguró que en algunos casos los municipios de Tabasco adeudan el equivalente hasta de la mitad de su presupuesto total. Paraíso, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Centla, son algunas de las alcaldías que más deben. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )