Escala Crítica/Columna diaria
*Se cocinan las candidaturas para diputaciones y alcaldías
*Transbús, en la ruta del rescate o de la requisa; dilemas
*Cesarán a cuatro mil policías en Edomex; buscan limpia

Víctor M. Sámano Labastida

PERIÓDICAMENTE resurgen los rumores de posibles cambios en los gabinetes. No sólo en el de Tabasco, sino también en el gobierno federal y en los estados donde habrá elecciones locales el año próximo. Comentamos aquí a finales del año pasado que en algunos países se acostumbra una “renuncia protocolaria”, en la que todos los miembros de un gabinete dejan sus cargos para la ratificación o rectificación del Jefe de Gobierno. Es una manera de redefinir los pactos.

Se trata a veces de un proceso formal, porque en ocasiones todos son ratificados. Pero otras veces le permite al Ejecutivo –el único que llega a la administración central mediante el voto- reencauzar la ruta de su gobierno.
En nuestro sistema lo que procede es el retiro voluntario del funcionario, el cese o los enroques. Antes se recurría a la fórmula de “por motivos de salud”.

FONDO Y FORMA

EN EL GOBIERNO de Arturo Núñez ha habido renuncias polémicas, como la de Mónica Fernández Balboa, quien como secretaria de Desarrollo Social renunció casi al mismo tiempo que se anunciaba el programa insignia de esta administración, “Corazón Amigo”. Cuestión de tiempos.
Otra renuncia discutible fue la del ex subsecretario Manuel Rodríguez, quien primero hizo pública su dimisión y posteriormente la entregó al mandatario. Cuestión de formas.
O la del secretario Raúl Ojeda que, aún en funciones, adelantó en entrevista radiofónica que dejaría el cargo. Tuvieron que sobrevenir aclaraciones. Cuestión de tacto.
Más cerca de la formalidad fue el anuncio que a finales de diciembre hizo el gobernador Núñez cuando dio a conocer que dejaban sus puestos los titulares de Administración, Contraloría y Salud, para ser relevados por otos funcionarios. Lo mismo sucedió en la Secretaría Técnica el Instituto de la Vivienda de Tabasco, entre otras posiciones.
Con la cercanía de los reacomodos por la designación de candidaturas para las diputaciones federales, las diputaciones locales y las alcaldías, la administración de Arturo Núñez se enfrenta ante dos posibilidades: la de aquellos funcionarios que por proyecto personal tienen más interés en figurar en las boletas que en las oficinas, y las de aquellos que por proyecto institucional sean más útiles en los cargos de elección popular que en los administrativos.
Sería deseable, por supuesto, que todas las decisiones se sujetaran a un plan perfectamente establecido con cálculos y tiempos institucionales, no tanto para beneficio de la coalición en el poder –lo cual sería legitimo-, sino sobre todo en función de lo que Tabasco requiere.
Algo que se da por descontado es que las principales fuerzas políticas en la contienda del 2015 buscarán obtener la mayoría en el Congreso local. Pero también es previsible que siendo elecciones homologadas o simultáneas las candidaturas a las presidencias municipales sean determinantes en la cosecha de votos.
Pero vuelvo a la cuestión central: quienes estando en el gabinete central o ampliado en Tabasco vayan por una candidatura ¿lo harán por decisión personal o por mandato de un proyecto institucional y político?

UNA RUTA ALTERNA

A PROPÓSITO de haberme ocupado en este espacio del tema del Transbús, en el que es previsible un nuevo conflicto tanto por la lucha interna por el control como por los intereses internos y externos a que está sometido, uno de los representantes de las corrientes que se disputan el liderazgo, Rogelio Franco, aseguró a este columnista que “el Transbús sí es negocio, no requeriría de subsidios y lo que ha habido es una mala administración”.
Según Franco Murueta, quien contendió por la presidencia de la ruta Universidad Bicentenario, además de “los intereses criminales” el problema de origen del sistema es que “se aglutinó en empresas muy grandes a mucha gente: en Méndez y 27 de Febrero hay 470 socios, y en la Universidad-Bicentenario 306 socios. Una empresa no se puede manejar con tantas mentalidades”.
Entonces ¿qué propone?, pregunto: “Lo saludable para este sistema –dice- es fragmentarla en empresas pequeñas, para que puedan tomar decisiones colegiadas todos los accionistas, para que puedas llegar a acuerdos. Como está actualmente no es posible ni el control ni la rendición de cuentas”.
Pero, ¿no existe un esquema de auditorías, de supervisión?
“Existe –señala- pero ahora está a cargo de Laires Carrera y Montoya. Son los comisarios de las empresas y a la vez están en el consejo de administración de la otra empresa. Al final de cuentas los socios no tienen  acceso a la administración, pero si vamos a cargar las consecuencias”.
Según Franco Murueta los transportistas han lanzado ya “una petición pública de auxilio, un SOS al secretario José Antonio de la Vega, para poner orden. A menos que la intención sea –dice- crear las condiciones para la requisa y desaparición del Transbús”.
Habrá que recordar que en 2015 será la renovación de las concesiones.

POLICÍAS A LA CALLE

PARECE que el ejemplo de Nuevo León se extenderá. Ahí fue creada una nueva policía denominada Fuerza Civil, donde sus elementos son egresados de la Universidad de Ciencias de la Seguridad fundada oficialmente en abril de 2011. Ayer se informó que en el Estado de México fueron dados de baja un mil 73 de un total de cuatro mil que serán despedidos.
Aunque en Edomex no se menciona aún la posibilidad de una universidad especializada en formar policias, sí en cambio la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) tiene una licenciatura en Seguridad Pública.
En la tierra de Enrique Peña Nieto lo que se está integrando es una Fuerza Especial de Seguridad del Estado para cuya pertenencia se estableció como requisito no haber pertenecido a ninguna corporación policiaca o militar. Quieren, dijo el gobernador priísta Erubiel Ávila, “policías limpios”.
En la agenda federal está la recomposición de la policía de Guerrero, donde hubo recientemente una huelga de los agentes municipales de Acapulco; en Michoacán, con el complejo esquema de las autodefensas, y en Morelos, esta entidad con mayores índices criminales en el país.

AL MARGEN

ESCRIBÍ en esta columna que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) iba por dos millones 600 mil firmas para obligar a la consulta popular en materia energética en el 2015. Y en efecto, me explica un portavoz de Morena: aunque la ley requiere un millón 600 mil firmas, esa organización recabará un millón más para prevenirse de aquellas que sean anuladas.  Ya les sucedió durante la etapa de realización de sus asambleas constitutivas. También el PRD va por su lado en pos de la consulta. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )