Escala Crítica/Columna diaria
*Aunque con el mecanismo “fast track”, se aprueba Ley
*La asociación de gobierno y privados exige transparencia
*Michoacán, Edomex, morelos, Tamaulipas: ruta del riesgo

Víctor M. Sámano Labastida

A UNAS HORAS de que terminara el primer periodo de sesiones los diputados tabasqueños se apresuraron a dictaminar y votar la Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el Estado de Tabasco. Por unanimidad avalaron la obligatoriedad del estado para apoyar con recursos económicos a este sector de la población y el establecimiento de “políticas públicas” para mejorar las condiciones de vida.

Habrá que recordar que en el “paquete” de programas sociales comprometidos por la coalición gobernante durante la campaña electoral, Arturo Núñez también mencionó el respaldo a las personas de la tercera edad y a las madres solteras, para quienes también existen programas federales. Las acciones estatales estarán sujetas “a la disponibilidad” presupuestal.
El anuncio del envío de esta iniciativa de ley para discapacitados fue hecha hace apenas unos días por el gobernador. Aunque el propósito quedó establecido desde la contienda electoral y mucho antes. Los diputados tabasqueños parecen dispuestos a recuperar el tiempo perdido. Ya concluyeron los trabajos ordinarios.
La norma aprobada se propone institucionalizar el denominado Programa “Corazón Amigo” iniciado en febrero de este año, por etapas.
Es objetivo, ha dicho el propio Núñez, evitar que con este tipo de apoyos directos ocurra lo sucedido con el programa “Te Da Más” aplicado por Andrés Granier en los primeros tres años de su gobierno con respaldo económico a madres solteras, discapacitados y adultos mayores, pero que fue suspendido inmediatamente después de las elecciones del 2009.
Debe evitarse que este tipo de programas sean usados para obtener clientela electoral, pero al mismo tiempo impedir que contribuyan al hueco en las finanzas públicas. Como sucedió en el pasado reciente.
Por supuesto que el propósito debe ser de mucho mayor alcance: establecer acciones permanentes que permitan disminuir y en algunos casos erradicar la desigualdad y marginación. Combatir la vulnerabilidad.

PÚBLICO Y PRIVADO
EN EL DEBATE sobre la recién aprobada Ley de Asociación Público Privada, una preocupación se hace evidente: evitar el eventual fracaso de los proyectos que emprendan conjuntamente gobierno y empresarios, porque la (mala) experiencia indica que cuando eso sucede es el sector público el que tiene que entrar “al rescate” del capital.
En México existe una Ley Federal de APPs desde el 2012, pero los especialistas en finanzas consideran que con el nuevo proyecto de infraestructura anunciado por el gobierno de Peña Nieto –unos cuatro billones durante el sexenio- aumentarán estas asociaciones.
Ayer le referí las posiciones de la izquierda encabezada por López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas respecto al capital privado en la obra pública, para organismos como el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), este tipo de leyes forman parte de “las reformas estructurales” que México requiere para avanzar.
Héctor Dagdug, presidente de la Coparmex-Tabasco sostuvo que es “una opción conveniente para los gobiernos cuya capacidad de gasto en determinado momento está limitado por su gasto presente y le permite incentivar la inversión, promover el empleo y el crecimiento económico”.
El secretario de Administración del gobierno estatal, Amet Ramos, aseguró que esta modalidad de construcción de infraestructura y prestación de servicios impulsará la creación directa de empleos, sin necesidad de contratar deuda pública.
En este mismo sentido, Fermín Pérez Montes, subcoordinador de Estudios en Asuntos Jurídicos aseguró que “se trata de evitar endeudar al estado por la vía del crédito directo, y sí de buscar alianzas productivas”.
Por el contrario, la diputada Rosalinda López, integrante de la bancada del PRD volvió a disentir de la postura oficial, ya que insiste en que es preferible obtener préstamos directos para la obra pública y no endeudamientos disfrazados.
Aquí habría que aplicar lo expuesto por la doctora Miriam Grunstein respecto a los contratos petroleros: la clave de los negocios son las licitaciones transparentes. Habría que agregar el combate al manejo patrimonialista de los recursos públicos.
La ley tabasqueña, aprobada con 23 votos del PRD y 10 en contra –la mayoría del PRI-, ahora sólo falta ser publicada en el Periódico Oficial para que entre en vigor.

MATAULIPAS, LA LLAMAN

VARIOS son los puntos críticos en el país por la presencia de las bandas del crimen organizado. El gobierno federal anunció un operativo especial en Tamaulipas, con la participación del ejército y la marina. Al mismo tiempo informó que serán sometidos a examen riguroso y cambios los policías del estado, ministeriales municipales. Reportes del sistema nacional de seguridad colocan a Tamaulipas como una de las entidades con mayor número de secuestros junto al Estado de México, Michoacán, Tabasco y Colima.
Otro estado que preocupa a las autoridades y a los pobladores es Morelos, donde diversas manifestaciones han pedido la designación de un comisionado al igual que se hizo en Michoacán. El gobierno federal realiza actualmente operativos especiales en Michoacán, Estado de México –donde también se designó a un funcionario similar al “comisionado”- y Tamaulipas. Las tres entidades son gobernadas por el PRI.
En Tamaulipas por lo menos desde el 2010 existen señales de alerta por la grave descomposición en la seguridad. En junio del 2010, el candidato del PRI al gobierno de ese estado fue asesinado. En agosto de ese mismo año se descubrieron fosas con cuerpos de 72 emigrantes. Posteriormente allí y en otras entidades se hallaron otras fosas comunes.
De acuerdo a los datos oficiales en ese territorio del norte del país hubo en promedio cuatro asesinatos por día durante el 2012.
Tamaulipas, de poco más detrás millones 200 mil habitantes y uno de los más extensos del país en territorio, es considerado uno de los estados clave para la operación de las bandas del tráfico de drogas y de indocumentados. Forma parte de la “ruta del migrante” que abarca Baja California, Sonora, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, entidades también catalogadas como de mayor riesgo para quienes desde Centroamérica buscan llegar a Estados Unidos.
El despliegue de tropas ahora iniciado por el gobierno federal en Tamaulipas seguramente provocará la migración de las bandas criminales a los estados vecinos. Junto a esos operativos regionales, los gobiernos de los estados en todo el país tendrán que reforzar y mejorar sus cuerpos policiacos. Se ha insistido en que la requiere de una acción integral y coordinada. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )