Escala Crítica/Columna diaria
*Temen empresarios distribuidores la competencia desigual
*Cada vez más mexicanos cocinan con leña y carbón
*Las candidaturas comunes, una breve revisión histórica

Víctor M. Sámano Labastida

LA REFORMA energética tendrá sus efectos en las empresas gaseras, las más de mil que existen en el país y que pasan ya por una grave crisis. El panorama se complica porque un amplio sector de la población mexicana –sobre todo en el medio rural- regresó al uso del carbón y la leña. Los aumentos acumulados y la restricción de la distribución, así como los crecientes índices de pobreza deben advertir sobre riesgos futuros.

Las empresas distribuidoras de gas doméstico en México solicitaron que se autorice un aumento de 44 por ciento en sus ganancias por comercialización. Estos empresarios, la mayoría pequeños empresarios mexicanos, expresaron su preocupación ante lo que les espera ante la inminente presencia de firmas extranjeras. Estaremos en condiciones desventajosas, afirmó Luis Landeros, representante de la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG).

UNA QUIEBRA EN PUERTA

EXISTEN en el país unas mil empresas que reparten este combustible cuya extracción y comercialización es controlada por Petróleos Mexicanos. Existe también un precio establecido centralmente. Los distribuidores aseguran que con la inversión extranjera seguramente vendrá también una política de de liberación de precios del producto.
Actualmente los gaseros una utilidad de 1.97 pesos por kilogramo y pretenden que el margen llegue a 2.85 pesos por kilogramo. Aseguran que este aumento no repercutiría en los consumidores. Eso afirman, en la realidad las cosas son distintas porque se aplica también una política de eliminación de “subsidios”.
Se vive ya una crisis en el uso del gas doméstico en México. Canad vez más familias usan cada vez más el carbón y la leña para sustituir al gas.
No es sólo por el creciente costo de este combustible, sino porque las empresas distribuidoras dejaron de surtirlo en las zonas alejadas.
Según explican los empresarios, anteriormente  su radio de distribución en las zonas pobres era de hasta 300 kilómetros. Actualmente se limitan a los 90 kilómetros porque, aseguran, los costos no les permiten cubrir una mayor distancia. Esto afecta por supuesto a las zonas más pobres.
Pero no sólo eso, los distribuidores de gas sostienen que el margen de ganancia que les permite el gobierno federal ya no es redituable. Reportan que han tenido que cerrar algunas empresas, despedir personal, operar con equipos obsoletos y aumentar los riesgos. Usted recordará también las denuncias por la venta de “kilos incompletos” o por la “ordeña” del producto.
Un  tema que deberá resolverse en la aplicación de la reforma energética y otras reformas es el impacto social que para las zonas marginadas y pobres tiene una oferta de productos y servicios regida sólo por las leyes voraces del mercado. Esa mano invisible es en realidad una mano negra.

LA CRISIS DEL SISTEMA

LAS CANDIDATURAS comunes estuvieron vigentes en nuestro país conforme a las leyes electorales de 1946 y hasta 1988. Precisamente la experiencia traumática del viejo régimen con la sorpresiva votación para la candidatura común de Cuauhtémoc Cárdenas llevó a suprimir esta modalidad en las reformas de 1989 a 1990.
Sin que mediara coalición, porque aún no estaba regulada, en los hechos desde 1952 los abanderados presidenciales del PRI –que obviamente ganaban las elecciones en todo ese periodo-, fueron por candidaturas comunes. Adolfo Ruiz Cortines fue registrado por el PRI y por el Partido Nacionalista Mexicano.
Adolfo López Mateos, en 1958 fue registrado como candidato de manera independiente por el PRI, Partido Popular Socialista, Partido Nacionalista Mexicano y Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
En 1964 el PRI registró como abanderado a Gustavo Díaz Ordaz, como también lo hizo el PPS y el PARM; lo mismo sucedió con Luis Echeverría en 1970, quien fue candidato común de esos tres partidos (PRI, PPS y PARM).
Resultaba evidente que el papel del PPS y PARM era sólo de simulación, de manera que en 1976 José López Portillo se inscribió por los tradicionales tres partidos pero…compitió solo. No tuvo contendiente alguno. El sistema tuvo que abrirse, sin eliminar las candidaturas comunes, y aunque Miguel de la Madrid fue registrado por esos mismo tres partidos en 1982, también tuvo candidato la oposición tradicional agrupada en el PAN, al tiempo que entrenaron registro los partidos Socialista Unificado (ex Comunista Mexicano), Socialista de los Trabajadores, Demócrata Mexicano, Revolucionario de los Trabajadores y Socialdemócrata.
Seis años después, en 1988, ocurrió la crisis del sistema gracias a la presión de las fuerzas de izquierda y a la ruptura del PRI. Los viejos aliados del tricolor PPS y PARM, al igual que los partidos Mexicano Socialista y Frente Cardenista (ex PST), registraron la candidatura común de Cárdenas.
Esta figura, la candidatura común, dejó de ser útil al sistema y fue suprimida en las siguientes elecciones de 1994 para crearse el esquema de las coaliciones.
Para el ex consejero del IFE, Leonardo Valdés, las candidaturas comunes “son la forma más elemental de alianza entre partidos. No implica la elaboración de un programa común, ni la presentación de una plataforma electoral que le informe al ciudadano cuáles serán las decisiones y políticas que esa alianza impulsaría”.  Pero también habría que aún cuando se firman coaliciones en realidad tampoco se aplican los acuerdos.
Las coaliciones fueron evolucionando en las leyes hasta que en la reforma 2007-2008 se suprimió el reparto acordado de votos entre integrantes de una alianza y se volvieron a separar los sufragios por partido. Esto dio paso a una curiosa forma de coalición en la que volvimos a estar, en la práctica, ante candidaturas comunes. Formalmente estas candidaturas no existen a nivel federal pero se mantienen en una docena de estados, entre otros Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Querétaro, Michoacán y Distrito Federal. En 2010 se suprimió esta figura en el Estado de México en una debatida reforma conocida como “La Ley Peña”, porque fue impulsada por el actual presidente y su equipo.

AL MARGEN

LA BANCADA del PRD en el Congreso tabasqueño emitió un comunicado en el que asegura que fue el PRI el que propuso la inclusión de las candidaturas comunes en las reformas locales. Sostiene que los priístas pusieron en riesgo el desarrollo de Tabasco y no volverá a suceder.
El PRI, por su parte, está seguro de que los jueces federales les darán la razón en su recurso de inconstitucionalidad por las reformas. Al final, será el ciudadano el que califique a las reformas, los partidos y sus candidatos en las urnas. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )