Escala Crítica/Columna diaria
*Tendrán que decidir qué hacer con los beneficios laborales
*Pretenden convertir en deuda pública los costos acumulados
*De lo perdido lo que aparezca, combate por el presupuesto

Víctor M. Sámano Labastida

HACER de Pemex una “empresa productiva del Estado” como lo establecen las reformas tiene que llevar por lógica a disminuir su personal y bajar sus gastos al máximo. No resulta sorpresivo entonces que el sindicato petrolero busque protegerse contra los recortes. El diputado federal del PRI y miembro de la dirigencia del STPRM Ricardo Aldana Prieto, pidió que el gobierno federal asuma los “pasivos laborales” de Pemex, también que se garanticen y se mantengan los sistemas pensionarios.

Esto ¿qué significa? Que el Estado mexicano –es decir los contribuyentes- tendrían que asumir una deuda que ya no podría pagar Pemex en las nuevas condiciones.

COMPETIR PARA DESAPARECER

EN LAS MÁS recientes discusiones sobre la desaparición de Pemex como empresa única, un aspecto que tendrá que atenderse es qué hacer con los empleados de un corporativo que operó durante más de 70 años. Habrá que recordar que Petróleos Mexicanos tiene actualmente unos 160 mil trabajadores y 88 mil jubilados.
Se ha insistido en que no habrá despido de trabajadores, pero para que Pemex sea rentable y competitiva frente a las empresas privadas que también extraerán, distribuirán y comercializarán el petróleo, tendrá que disminuir su planta laboral. Y alguien tiene que pagar las indemnizaciones y también las actuales pensiones y servicios.
Un reporte del diario la Jornada indica que la deuda laboral de la paraestatal por más de un billón 347 mil millones de pesos. De acuerdo a ese diario, tan solo ese aspecto representará un aumento del 30 por ciento en toda la deuda pública nacional.
Anota el matutino que hacerse cargo del “pasivo laboral” de Pemex significa un nuevo Fobaproa pero más costoso. El especialista en temas financieros, Juan Antonio Zúñiga, escribió que el monto sería mayor al de los rescates bancario y carretero.
No es sólo el caso de las liquidaciones, pensiones y prestaciones de los trabajadores de Pemex, también se tiene resolver el caso de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, otra empresa en “achicamiento”
Una propuesta para que se conviertan en deuda pública esos pasivos de Pemex y la CFE es que los directivos de las paraestatales negocien con sus sindicatos el cambio de sus contratos colectivos de trabajo.
Un tema que provocará resistencias es el traslado de estos sindicalizados al sistema de pensiones de cuentas individuales.
El proyecto de dictamen es claro y obvio: “con la reforma energética, tendrán que enfrentar (los sindicatos y las paraestatales) en igualdad de condiciones a otras empresas que habitualmente operan en entornos de competencia y, por tanto, adoptan términos laborales optimizados para mantenerse competitivos”.  Esto mismo pasará en otros aspectos.
Como ya ha sido señalado Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad son dos empresas nacionales sobre las cuales el gobierno y los legisladores no deben equivocarse. Los costos de un error de cálculo podrían llevarnos a una situación de grave inestabilidad.

REGATEO DE RECURSOS

A MENOS que se considere posible revertir la reforma energética mediante una consulta popular, en estos días se resolverán cuestiones de vital importancia para Tabasco. Independientemente de lo que suceda con la explotación de los yacimientos petroleros, asunto que de por sí tendrá repercusiones para el país y en especial para la entidad, se decidirá también la sobrevivencia económica.
Desde hace algún tiempo se dijo Tabasco tendría que prepararse para una etapa posterior al petróleo. El tiempo se agotó.
A decir del senador Jorge Luis Lavalle (PAN), los legisladores de su partido y del PRI, así como el gobierno federal “trabajan” en el fortalecimiento del llamado Fondo Petrolero para blindarlo contra el cabildeo de los gobernadores o algún otro grupo. Dijo Lavalle que se evitará que algunos estados busquen mayores beneficios.
Esta advertencia del panista parece dirigida específicamente a Tabasco cuyo gobierno y legisladores, así como otras fuerzas políticas y sociales, piden un trato justo a partir de un criterio sencillo: que se compense al estado y a su población el costo de la extracción petrolera.
La decisión de lo que ocurra con los recursos destinados al estado dependerá del PRI, partido que tiene la mayoría en las cámaras de senadores y diputados, y que cuenta con el poder federal. Aunque no es, o no debe ser, un asunto de partidos.

SE COMPLICA
DESDE que iniciaron los reclamos tras el estallido del pozo Terra 123 se advirtió que con el paso del tiempo se complicaría la negociación porque se irían sumando nuevos factores y actores. Un hecho previsible era que si el conflicto llegaba al inicio del proceso electoral y de la contienda entre partidos, la complejidad sería mayor. Lo mismo sucedería si se insertara en el polémico proceso de la reforma energética y sus consecuencias sociales y fiscales.
Dos hecho no pueden estar desvinculados de lo que ocurra en los próximos  días: el desplegado de los legisladores en demanda de mayores recursos para Tabasco provenientes de la actividad petrolera y la negociación del gobierno estatal ante las autoridades de Hacienda y la Presidencia. Un elemento más que sólo era cuestión de tiempo: el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por intermedio de Octavio Romero Oropeza, expresó su respaldo a los demandantes de indemnizaciones y obras públicas a Pemex.
Por cierto que Romero Oropeza anunció que próximamente Morena realizará una concentración en la Ciudad de México para celebrar el otorgamiento de su registro como partido. El viernes de la próxima semana esta organización comienza sus actividades formales como nuevo partido.

AL MARGEN

ENTRE los solaztequistas, mientras se recrudece la pugna de Marcelo Ebrard con la corriente dominante (Nueva Izquierda), otra alianza interna insiste en promover a Cuauhtémoc Cárdenas como relevo de Jesús Zambrano. El frente Coalición de Izquierda pretende obtener el apoyo de más de 176 consejeros nacionales para la elección del 7 de septiembre. A la cabeza de los aspirantes está otro “chuchista”: Carlos Navarrete, quien tiene amarrada la mayoría de los apoyos. Cárdenas ha dicho que irá sólo si es candidato de unidad. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )