Escala Crítica/Columna diaria
*Se asumirán como deuda pública por lo menos 700 mil mdp
*Se ignora monto de los de los adeudos por impacto ambiental
*Laudos laborales y despidos injustificados, bomba de tiempo

Víctor M. Sámano Labastida

EL SECRETARIO de Hacienda, Luis Videgaray, zanjó a su modo la discusión: los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya son deuda pública porque esas dos empresas son manejadas por el gobierno federal. Las cifras aún son motivo de polémica, pero el llamado “Pemexproa” –aunque incluye también a los electricistas- que pasarían a ser deuda pública suman por lo menos 700 mil millones de pesos.

Analistas bancarios refieren que el “pasivo laboral” de Pemex es de casi un billón 150 mil millones de pesos, mientras que el de la CFE es de unos 508 millones. Este pasivo laboral son los recursos comprometidos por las paraestatales para el pago de pensiones, jubilaciones y otros beneficios obtenidos por los sindicatos. Beneficios extendidos, y muchas veces multiplicados, para los directivos de las empresas.

DEUDAS SOCIALES

EL TEMA DEL PASIVO –lo que las paraestatales deben a los trabajadores- tiene que abrir el debate a oto aspecto: el “pasivo ambiental”, que alguien tendría que pagar o ya está pagando de alguna manera.
En términos simples duremos que el “pasivo ambiental” es el costo en términos de contaminación y reparación (remediación la llaman) de los efectos de una actividad humana sobre el entorno. Es la obligación financiera de una empresa para resarcir los daños en los suelos, agua, aire y demás recursos naturales.
En términos más amplios tendría que hablarse de los efectos en las actividades económicas y en las relaciones sociales (inflación, desplazamiento, y hasta corrupción) que conlleva una actividad.
El especialista Juan Carlos Rangel escribió: “La mayor fuente de pasivos ambientales es la indiferencia ante las necesidades de mantenimiento, orden y limpieza en sus instalaciones y ante la evidencia científica de que pudiera existir toxicidad ambiental en las materias primas y procesos involucrados en las operaciones de su empresa” (cnnexpansión, enero 2008)
Aunque el autor se refería a la actividad privada, este criterio puede y debe aplicarse a toda actividad contaminante.
En junio de 2013, durante un taller sobre medio ambiente y el sector energético convocado por los diputados federales, los integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Gabriela González y Ricardo González Carrillo, sostuvieron que –por ejemplo- los derrames de petróleo no sólo presentan afectaciones al medio ambiente, sino que implican la pérdida de la “licencia social”.
Esto es, dijeron,  “se daña la imagen del operador ante la sociedad. La pérdida de la licencia social, que es la aprobación de la misma sociedad, obstaculiza las actividades de Pemex”.

VISIONES CONTRAPUESTAS

ES OBVIO que resulta distinta y hasta opuesta la valoración de una empresa (Pemex o la CFE) y la de los afectados (no beneficiados) por la explotación de un recurso.
En este espacio hemos comentado otro factor que lamentablemente ha estado ausente en las discusiones sobre los costos de la extracción petrolera o la generación eléctrica (aquí tenemos las inundaciones catastróficas): la valoración del Producto Interno Bruto Ecológico (Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente), que si bien aparece en las cuentas del INEGI no ha sido un elemento al que se le de importancia. Sobre todo en la discusión social de las reparaciones, remediaciones o indemnizaciones.
En el sistema de cuentas nacionales el INEGI busca identificar “el impacto ambiental del quehacer económico y cuantificar el agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente, así como el gasto que la sociedad efectúa para resarcir los daños ambientales como consecuencia del proceso productivo de bienes y servicios”.
Aunque es muy difícil hacer un cálculo real de los daños ambientales (muchos irreparables), en 2012 el INEGI estimó en casi mil millones de pesos los costos “por el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental”.
¿Quién habla ahora de los pasivos ambientales?

AL MARGEN

AUNQUE la contratación excesiva de personal en el sector público y su despido sin la atención a los mínimos legales era ya una tradición en el sistema político mexicano, esta costumbre se agudizó con la alternancia: los gobernantes de otro partido que dejaba el poder buscaban basificar a sus recomendados, en tanto que los que llegaban hacían espacios para sus nuevos colaboradores y conocidos.
Esta mala costumbre y también ilegalidad amenaza explotarle a los alcaldes de Centla, Jonuta, Jalpa de Méndez y Macuspana, a decir del presidente del Tribunal de Conciliación, Javier Vargas. Casi todos los ayuntamientos tienen el mismo problema.
Las cifras que dio son alarmantes tan sólo en el 2013 fueron despedidos mil 600 empleados y este año ya llevan 400. Sin contar los juicios acumulados por despidos de años anteriores. Son una bomba financiera de tiempo.
Habrá que sancionar a quienes originan esos enormes adeudos a la hacienda pública.

EL CONGRESO local informó que emitió 45 valoraciones de impacto económico y presupuestal de nuevas leyes u organismos. Ayer correspondió a la propuesta de la Comisión Estatal Anticorrupción. Más allá del juicio sobre las iniciativas, resulta fundamental que cualquier propuesta, y sobre todo aprobación, no quede sólo en buenas intenciones por falta de recursos.

AGRADEZCO a los radioescuchas que me acompañan también en mis breves comentarios por Radio Fórmula Tabasco (94.1 FM y 620 AM). A partir de hoy las colaboraciones en el horario matutino serán a las 7:00 horas. En el horario vespertino continuaremos a las 13:50 horas y en el nocturno a las 20:00. Por supuesto que continuamos en PRESENTE, Diario del Sureste, de lunes a sábado. Esta columna también se difunde en el portal de Diario Presente y en la página ventanasur.com ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )