*Los comicios de junio, prueba de fuego para gobernantes

*Pactan evitar dinero sucio en las campañas; castigarán fraude

*Ordena TEPJF a Morena informar sobre las encuestas, desafío

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

A FINALES de los años 90, Andrés Manuel López Obrador encabezó en Tabasco un movimiento denominado Frente Amplio Contra la Represión y la Democracia (FACRD), que buscaba enfrentar al régimen de Roberto Madrazo Pintado en el poder y participar en una nueva contienda por la gubernatura. Ya antes, en 1988 y 1994, AMLO había denunciado fraudes electorales en los que habrían participado no sólo los gobiernos estatales sino también los federales. 

También denunció y encabezó movilizaciones contra el uso ilícito de recursos públicos –tanto políticos como económicos-, contra sus aspiraciones a la Presidencia en 2006 (contra Roberto Madrazo y Felipe Calderón) y en 2012 (contra Enrique Peña Nieto). En el año 2000 dejó el liderazgo del Frente Amplio y acudió a la contienda por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal…y ganó.

Finalmente, en 2018 un gran movimiento social y popular, el hartazgo de la población, la incapacidad de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional  de comprender los reclamos de la gente, llevó a López Obrador a la Presidencia.

Entre muchos de los cambios propuestos e impulsados por AMLO no podían faltar los del ámbito político-electoral, algo que conoce por experiencia propia. Logró que se elevaran a la calificación de “graves” los delitos electorales, promovió la consulta de renovación de mandato, ha buscado la limitación del gasto en partidos y elecciones, la aprobación de la modificación del fuero. Entre muchas y polémicas medidas.

 

UN PASO ADELANTE

 

EN FEBRERO de este año sorprendió a los gobernadores con un llamado a no intervenir para apoyar a ningún candidato ni a ningún partido en las elecciones de junio de este año, pero además lanzó la iniciativa para establecer un “acuerdo nacional en favor de la democracia”, adelantando que “por mi parte les manifiesto que actuaré como siempre con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular y a esto mismo les convoco a ustedes”.

En su exhorto, contenido en una carta a cada uno de los mandatarios, pidió que “no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas a impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente”.

La respuesta, primero fue de desdén de algunos gobernadores como del perredista Silvano Aureoles (Michoacán, PRD), y de matices y exigencias en el caso de Javier Corral (Chihuahua, PAN), y Enrique Alfaro (Jalisco, Movimiento Ciudadano). Hubo reclamos, rechazos moderados, pero sin duda que AMLO había ganado la partida: firmar un acuerdo para no participar en los fraudes electorales es algo que ninguna autoridad puede descalificar…a riesgo de descalificarse.

Parecería obvio: comprometerse a respetar la ley cuando es una obligación. Pero faltaba el ingrediente político, que lleva hacer explícito el mandato. Así sucedió.

Ayer, López Obrador encabezó en Palacio Nacional la firma del  Acuerdo Nacional por la Democracia. Señaló en su cuenta de Twitter: “Todas y todos nos comprometimos a garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo”.

En el acto protocolario, intervinieron el fiscal General, Alejandro Gertz Manero y la gobernadora de Sonora y presidenta de la Conago, Claudia Pavlovich; también muy brevemente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el fiscal Electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti. El debate apenas empieza, pero la voluntad y convicción de las partes se pone a la prueba de los hechos. 

 

TRANSPARENTAR PROCESOS

 

PERO la democracia no sólo debe ser hacia afuera, sino especialmente hacia adentro de los partidos. Y esto es más necesario y determinante en el caso de Morena, la coalición de grupos en el poder y registrada como partido. En estos días, como le comentaba ayer, los morenistas conocerán los resultados de las encuestas que –se afirma- aplicaron desde la dirigencia nacional para seleccionar a cientos, miles de aspirantes. Un proceso que ha transcurrido en una preocupante secrecía y que puede costarle dolores de cabeza a la dirigencia (¿y al Presidente?)

Una reciente sentencia de la Sala Superior del TEPJF que podría ser indicio de lo que viene mandata a Morena entregar la información sobre una encuesta realizada para seleccionar candidato en Xochimilco, Ciudad de México. El aspirante y militante Oswaldo Alfaro Montoya, se inconformó con la negativa de su partido a entregar los detalles del sondeo y acudió hasta el máximo tribunal.

El TEPJF resolvió: “la Sala Superior considera que de una interpretación conforme con la Constitución general de las bases cuestionadas, se obtiene que los partidos políticos tienen el deber de proporcionar la información correspondiente a todas aquellas personas que participaron en el procedimiento de selección interna, aunque puedan válidamente reservar la información respecto de otros actores políticos”.

Señala el largo alegato: “En relación con la metodología y los resultados de la encuesta que defina una candidatura, se ordenó darlos a conocer a todas las personas que participaron en el proceso, ello, bajo una modalidad que defina el partido a fin de proteger sus estrategias políticas”. Vienen días complejos.

 

AL MARGEN

ES MUY PRONTO para evaluar candidaturas, porque las listas no están completas. Pero las primeras encuestas reservan sorpresas. De lo que no hay duda es de la apabullante presencia de Morena, pero no se debe confiar; todo suma…o resta. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )