*Hay mucho dinero e intereses creados, sostiene el Presidente

*Modificar en seis años un proceso de tres décadas no es fácil

*Van con Osuna disidentes priistas; tricolor, ante su mayor desafío 

 

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

 

COMO era de preverse las dos iniciativas del presidente López Obrador en materia de energéticos y convertidas en reformas legales –la de la Industria Eléctrica y la de Hidrocarburos-, fueron suspendidas en su aplicación por la decisión de diversos jueces. Le digo que era previsible porque la llamada “reforma energética”, bajo cuyo amparo se elaboraron las normas secundarias que busca modificar al actual gobierno federal, fue resultado de una larga y premeditada adecuación constitucional a lo que se denomina el “modelo neoliberal”.

El objetivo declarado de AMLO es cambiar de raíz la entrega de un sector estratégico al capital privado, el de la energía tanto en generación de electricidad como en la explotación de los hidrocarburos.

Lo que ocurra en este terreno tiene especial importancia para México, pero sobre todo para Tabasco, porque tanto el desarrollo inmediato del aprovechamiento del petróleo, como el tipo de generación de electricidad tienen su impacto en la región. De esto último tuvimos una dramática muestra en las inundaciones del 2007.

 

DOS CONSTITUCIONES

HASTA ayer sumaban 17 suspensiones dictadas por los jueces contra tres artículos de la Ley de Hidrocarburos, publicada el pasado 4 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF); en tanto que para frenar la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica había ya ¡84 suspensiones! Todo esto más lo que se acumule.

El presidente López Obrador afirmó que la reacción de los grupos privados afectados, con apoyo de algunos jueces, sucede “por conservadurismo y otros por dinero”. De acuerdo al mandatario, existen poderosos “intereses creados”.

En febrero de 2017, cuando la Constitución Mexicana cumplía su primer centenario de promulgada, varios especialistas destacaron la serie de cambios y “adecuaciones” que la carta fundamental sumaba: 299 reformas que se reflejaban en 695 cambios en 114 de sus 136 artículos. 

Según dijo entonces Alejandro del Palacio Díaz, profesor-investigador del departamento de derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco, tenemos la misma Constitución de 1917, pero “invadida por otra, por una Constitución neoliberal” (La Jornada, 04 de febrero de 2017). Refirió lo que hemos mencionado en esta columna: los cambios más determinantes ocurrieron a partir del sexenio de Miguel de la Madrid (1982-88) y hasta Enrique Peña Nieto. Del Palacio señaló: pasamos de una carta magna que sustentaba un Estado social a uno neoliberal.

Es precisamente este el argumento del presidente López Obrador quien se enfrenta a la decisión política de modificar un modelo económico…que los llamados neoliberales tuvieron buen cuidado, y 30 años, para blindarlo desde la Constitución. Investigadores y constitucionalistas como Diego Valadés consideran que la Carta Magna mantiene el proyecto original y sólo hemos fallado por tener una organización política deficiente del Estado mexicano.

En aquel reporte citado de La Jornada, el constitucionalista Miguel Pérez López, catedrático de la UAM, subrayaba que había un principio que ni los “neoliberales” se habían atrevido a cambiar: el párrafo primero del artículo 27 de la Constitución que establece la propiedad de la Nación sobre las tierras y las aguas del territorio mexicano. Sólo de ahí, apuntaba, se podía derivar la propiedad privada. Al contrario, el modelo de Estados Unidos parte de la propiedad privada como derecho inherente a la persona. 

Puede parecer un debate que sólo concierne a las Cortes, a los especialistas y hasta a los legisladores, pero ya hemos visto que de la aplicación de un pacto fundamental –o de su manipulación- podemos esperar la estabilidad o el caos. 

Tres décadas de modificaciones a la Constitución no pueden revertirse en tres o seis años, ¿o hay algún mecanismo que nos sea traumático?    

Por ahora, las reformas constitucionales atadas a pactos internacionales se convierten en un dique para el cambio de modelo propuesto por AMLO; los opositores realizan la cuenta regresiva en espera de retomar el poder o por lo menos lograr un régimen “más moderado”…para ello están contando con el necesario respaldo de Estados Unidos que no es nada más un socio comercial. 

 

AL MARGEN

 

AUNQUE se anticipaba tras la renuncia y denuncia de Francisco Castro Valencia, ex dirigente municipal del PRI en Centro, no deja de ser noticia que junto a –dijo- 72 operadores políticos o activistas, se haya sumado a la campaña de Yolanda Osuna Huerta, la candidata de Morena a la alcaldía de Centro. Este es un adelanto de los movimientos que seguramente veremos en los próximos días y conforme se acerque el cierre de las campañas: un reagrupamiento de las fuerzas y grupos políticos.

Entre 2016 y 2018 fue el PRD el partido que sufrió no la sangría sino una verdadera escisión de dirigentes y comités de base que se pasaron a Morena, el movimiento que en 2014 logró registrar López Obrador. Antes, en 2015, el PRI tuvo un pequeño pero significativo éxodo cuadros hacia el PVEM, algunos de manera temporal. Para este proceso, lo comentamos en esta columna, el pronóstico era que la corriente política agrupada en torno a Manuel Andrade emigrara al PRD, del cual este ex gobernador es candidato a la alcaldía. 

Como observamos, el PRI optó por Andrés Granier como posible elemento aglutinador ante la crisis que vive el ex partido hegemónico. Mucho tendrá que hacer el antiguo Institucional  -ahora en la oposición- si pretende dar la batalla con recursos mermados y una estructura acostumbrada a otras condiciones. Quedan 24 días para la cita en las urnas. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )