*Casi cien mil personas encarceladas no tienen condena legal

*Un anuncio de AMLO con sustento humanitario y pragmático

*Mensaje de mesura de la SHCP frente al golpe bajo a Pemex

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

HACE más de 10 años la organización no gubernamental Open Society elaboró un análisis sobre el sistema carcelario de México y América Latina. En este espacio comentamos entonces que casi la mitad de las personas encarceladas eran reos sin sentencia, esto es que jurídicamente eran inocentes. Esta grave cuestión se presentó no sólo como preocupante por su impacto humanitario, sino también financiero.

De acuerdo al investigador Guillermo Zepeda, y como lo resumió el Observatorio de Prisiones: “cualquier ciudadano acusado por la vía penal está en riesgo de ir a la cárcel antes de que un juez resuelva sobre su inocencia o culpabilidad. Para el erario público, la prisión preventiva tiene un costo superior a 9 mil 750 millones de pesos anuales, que equivale al 62% del presupuesto federal destinado a seguridad pública. Aunado a lo anterior, hay que sumar el costo para los imputados, sus familias y su comunidad”.

Se dijo entonces y es válido ahora, que la privación de la libertad sigue siendo la más importante respuesta del sistema penal…y quizá la más ineficaz. Según documentó Guillermo Zepeda la mayoría de las personas encarceladas en realidad han cometido delitos patrimoniales de baja cuantía y de bajo impacto social. Se cumplía además aquella amarga frase vista en cientos de prisiones: “no se castiga el delito, se castiga la pobreza”. La situación económica de la mayoría de los reos les impedía gestionar los beneficios de la libertad. El dinero, y el poder, al final de cuentas resultan decisivos. Esto es algo de lo mucho que hay que cambiar.

Pero además, como lo han advertido diversos investigadores, resulta erróneo sostener que a más personas en las prisiones menos delincuentes en las calles, como también es falso que a mayor cantidad de centros penitenciarios menos delitos.

 

PRESOS, MÁS DE LOS QUE CABEN

 

ESTE tema cobra actualidad por lo anunciado ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por las declaraciones de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

Confirmó la responsable del sistema penitenciario que en México el  43 por ciento de la población en las prisiones no ha recibido sentencia. La mayoría personas acusadas de delitos del fuero común, están en penales estatales. Para tener una idea de la magnitud del problema: están en prisión 220 mil 114 personas, pero de estas 95 mil 547 aún no reciben sentencia alguna. Mientras, como usted sabe, decenas de miles de delincuentes están en las calles.

El abuso de la prisión preventiva –y la corrupción en el sistema-, ha provocado también el hacinamiento, rebasándose la capacidad instalada en las cárceles. En febrero pasado se reportaba que en el país había 288 cárceles con capacidad para un total de 217 mil personas, pero ya entonces la población reclusa sumaba 218 mil…la cifra más reciente reportada ayer fue de 220 mil hombres y mujeres privadas de su libertad.

Existe pues, un sentido humanitario, de justicia y práctico en la medida anunciada por el presidente López Obrador: 

“Son cuatro decisiones que se van a establecer en un decreto presidencial: primero, que no sentenciados del fuero federal con más de 10 años sin sentencia, que no hayan cometido delitos graves van a ser liberados”.

“Dos: adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles, también del fuero federal, que no haya cometido delitos graves, delitos de sangre, van a ser liberados”.

Además: “Adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas que estén en la cárcel y que no hayan cometidos delitos graves van a ser liberados”.

“Y cuatro, todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe (el abuso) mediante el protocolo de Estambul va a ser liberado. No queremos la tortura en México, nadie merece ser torturado, nadie”.

En todos los casos –dijo el Presidente- se seguirá un proceso simplificado. El plazo de liberación tiene como máximo el 15 de septiembre y las medidas serán establecidas en un decreto que se publicará la semana próxima.

Una asignatura pendiente en este país sigue siendo la protección de los derechos humanos junto a la procuración de justicia, la respuesta a las víctimas de delitos y la prevención de la violencia. Se ha avanzado, pero es mucho el rezago; también se requieren cambios culturales y estructurales de fondo.

En abril de 2020 se publicó una Ley de Amnistía propuesta por el Presidente y aprobada por los diputados. Sin embargo su cumplimiento volvió a chocar con un obstáculo que el régimen se encuentra una y otra vez: la burocracia. Las buenas intenciones se estrellan contra los malos usos, abusos y costumbres. 

AL MARGEN

LO QUE SUCEDA con Pemex es determinante para el país y en mayor medida para Tabasco. Esta entidad del sureste, junto con Campeche, son los puntales estratégicos del plan de rescate de la empresa petrolera. Es público el hecho de que la relación de Pemex con las firmas “calificadoras” ha sido accidentada desde el inicio del gobierno de López Obrador. Esto no debe sorprender; como le decía ayer, se trata de dos conceptos distintos y opuestos de las finanzas. Ya hace unos meses la administración de Octavio Romero, por instrucciones de AMLO, canceló viejos contratos con una de las tres “calificadoras” de crédito más influyentes, la Fitch Ratings.

Aunque es un tema de especialistas, tarde o temprano las batallas de la macroeconomía se reflejan en lo micro, en la vida cotidiana. Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda descartó que la calificación negativa de Moody´s a Pemex ponga en riesgo la deuda soberana de México. Lo importante es la recuperación de Pemex, aunque este proceso provocará que las presiones aumenten…es otra de las caras de la intervención externa. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )