*Caminos opuestos: políticos y ciudadanos, un desafío

* Gobierno y responsabilidad social: dónde quedó la bolita  

* Comunidad: se debe reactivar la (verdadera) sociedad civil

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

EN POLÍTICA y seguridad, las buenas intenciones son castigadas. Los actores públicos se ponen de acuerdo en lo general, pero algo sucede en acciones que se reflejen en la percepción social en esta materia. 

 

Para nivelar el piso de la competencia electoral, en política desde los años 90s se pensó que el presupuesto público a partidos cancelaría compromisos inconfesables: la intromisión de actores privados y el crimen organizado en las campañas. ¿Resultado? Gastos exorbitantes que no evitan compromisos incómodos y la mezcla de poder, delincuencia y política.    

En seguridad, la violencia es endémica: 35 mil desaparecidos en los últimos 10 años; 190 mil muertes violentas entre 2007 y 2014; 100 mil de 2015 a 2019 (Informe Human Rights Latinoamérica, 2020). Bajo tal escenario, las fuerzas armadas (Ejército y Marina) asumieron funciones policiales. En tiempos de la 4T, se implementa la Guardia Nacional, con 50 mil efectivos sumados al esfuerzo disuasivo. La discusión sobre mando único sigue, con la renuencia estatal/municipal a ceder control frente a instancias federales. En esa tierra de nadie, la capacitación competente y mejores equipos en los cuerpos policiales es tarea pendiente.

Con el PAN y el PRI en el poder, la decisión fue guerra de alta intensidad. “Le pegaron un garrotazo al avispero”, enfatiza AMLO. ¿Resultado? Derechos humanos atropellados, muertes civiles, cuestionamientos internacionales y desorden logístico por mandos dispares sin responsabilidad precisa. En este régimen se cancela el escenario de guerra. Hay deseos de cambio, intenciones declaradas. Los resultados no son satisfactorios ni para el gobierno ni para la sociedad.

 

FACTOR RECURSOS

 

UNA HIPÓTESIS recurrente, para explicar el caos político/partidista y la inseguridad en México, es que no se inyectan recursos suficientes. De ahí se agarran para engordar el presupuesto, incluso en tiempos de austeridad. Es error de perspectiva con media verdad: a las policías municipales y estatales no se les inyectan recursos suficientes, es cierto, pero en todo lo demás debe aplicarse la hipótesis inversa: hay recursos públicos y los presupuestos destinados se han multiplicado por 20 desde 1992 (UNAM 2016: “dinero gubernamental y problemas sociales”).

En un minucioso estudio internacional (informe 2018 del Banco Mundial, sobre política y seguridad), México era primer lugar en presupuesto destinado a partidos políticos en América Latina y segundo a nivel global (superado por Noruega), mientras que ocupa la tercera posición en materia de recursos destinados a combatir la delincuencia y el narcotráfico. Italia y EEUU encabezan la lista mundial. 

¿Dónde está el fallo mexicano? Hay tres aspectos a mejorar: a) seguimiento de las políticas gubernamentales, porque falta continuidad; b) supervisión ciudadana, a través de organizaciones civiles y de derechos humanos; c) transparencia en el uso de los recursos.        

                 

ECLIPSE CIUDADANO 

 

NO SÓLO se trata de fallos políticos o gubernamentales: hay cosas que los ciudadanos hemos dejado de hacer. Un ‘nosotros’ gigantesco y solidario, que surgió de movimientos civiles a lo largo del siglo XX, se perdió en el inicio del siglo XXI en México. Ese ‘nosotros’ es el que se debe recuperar; volver a activar a la llamada sociedad civil. Es lo que nos permitió el vuelco electoral en las décadas recientes.

Quizás la ciudadanía pensó que el trabajo de seguridad estaba hecho, con las piezas en su lugar. Se dice que la gente ve a la política y los políticos vinculados a tres conductas: corrupción, violencia e impunidad.

Falta ciudadanía. Una cosa es padecer. Otra es fomentar, por omisión, desidia o conformismo. Aquí se gesta una crítica al tipo de ciudadano que somos: cuando no es contra nosotros, dejamos pasar el problema. Pero cuando nos toca, entonces encontramos el desierto alrededor, con instituciones inoperantes y un sistema a prueba de esfuerzos solitarios.   

Surge así una pregunta ineludible: ¿la ciudadanía omisa perjudica al gobierno? Ése sería el principio de un reajuste en los comportamientos públicos, para luego –sin bajar los brazos- pasar la bolita a los poderosos, que también deben ser llamados a cuentas. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )