Escala Crítica/Columna diaria
*Las grandes urbes tienen seguridad propia, altos costos
*Reclamo de otros servicios: limpia, agua, planeación
*Pesada carga reparto de Sapaet; tránsito no es negocio

Víctor M. Sámano Labastida

DE ACUERDO la legislación, los ayuntamientos están obligados a prestar los servicios de seguridad pública. El municipio de Centro (Villahermosa) no tiene policía municipal y el alcalde electo, Humberto de los Santos, ofreció que gestionará que el gobierno de Arturo Núñez le transfiera esa responsabilidad a la comuna. Desde 2009 el gobierno federal propuso, por el contrario, desaparecer todas las policías municipales y crear un mando único. Hay en el país unos 167 mil agentes municipales repartidos en más de dos mil corporaciones, algunas de ellas de cuatro o cinco elementos.

De entrada, parece atractivo para las alcaldías contar con su propio cuerpo de seguridad. Aunque la Constitución prevé que todos los ayuntamientos ofrezcan este servicio, de los 2 mil 445 cabildos más de 400 no cuentas con policía propia, entre estos  la capital tabasqueña. No es un asunto sencillo de resolver.

SEGURIDAD PRESTADA

HISTÓRICAMENTE, y el ejemplo más claro lo fue el Distrito Federal, en aquellos municipios ciudades que eran sede del Poder Ejecutivo central (federal o estatal), la seguridad pública estaba a cargo de esos gobiernos. Para tal efecto, los cabildos firmaban un “Convenio de Coordinación y colaboración” con el Ejecutivo estatal en materia de seguridad. Es lo que ocurre actualmente en el municipio de Centro; el pacto estará vigente hasta finales de año.
La intención de Humberto de los Santos para dotar a la alcaldía de su propia policía tiene sustento en la Constitución y en el acuerdo de transferencia de servicios públicos a municipios. En enero de 2002, el entonces gobernador Manuel Andrade creó la Comisión Especial de Transferencia de los Servicios públicos a la Municipios, que por cierto fue encabezada posteriormente por el ex director de seguridad Juan Cano Torres.
Los municipios han tenido tradicionalmente la obligación de prestar los servicios de limpia y recolección de basura, alumbrado público, agua y drenaje, tráfico y transporte urbano, cementerios, mantenimiento de parques y jardines. También seguridad pública. Un tanto por compromiso y otro por falta de previsión, algunas autoridades han ido ampliando sus responsabilidades a otras áreas de competencia del ejecutivo estatal, o no consideradas legalmente. Lo fundamental, valga la redundancia, es que los ayuntamientos presten los servicios básicos.
Entre los años 2000 y 2012 las autoridades municipales pudieron comprobar que la administración de algunos servicios como el del agua potable y tránsito no era el negocio que se pretendía. Los ingresos terminaban siendo menores a los gastos. En no pocas casos se termina subsidiando o, como ha sucedido en otros estados, transfiriendo actividades como la recolección de basura a empresas privadas. 
La tendencia de amplias las responsabilidades municipales no va acompañada de los recursos necesarios, ni de la supervisión para evitar fracasos.
¿Están preparados los ayuntamientos para asumir las responsabilidades plenas de la policía preventiva? Hay quienes piensan que sí.
Veamos algunos casos.

CARA EXPERIENCIA

EL GOBIETNO del Distrito Federal que para efectos reales no es un ayuntamiento sino prácticamente un estado de la federación (compuesto por delegaciones), tiene su propia Secretaría de Seguridad Pública.
Otra de las grandes urbes del país y también constituida en Ayuntamiento es Monterrey. Cuenta con un millón 135 mil habitantes, pero sus recursos sólo le dan para mantener a unos mil elementos policiacos. El PRI propuso hace unos meses sustituir a los agentes por mil 800 marinos y soldados. La capacidad de la alcaldía está rebasada.
Guadalajara es otra de las grandes urbes y de los municipios más poblados. Tiene tres mil elementos en su Secretaría de Seguridad Ciudadana para un  millón y medio de habitantes. Un  policía por cada cinco mil pobladores.
En nuestro entorno, otras capitales estatales.
El ayuntamiento de Mérida, Yucatán, con 778 mil habitantes tiene su propia policía, pero de sólo 351 elementos operativos y 77 administrativos. La demarcación de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuenta con su Secretaría de Seguridad Pública Municipal: un mil 200 elementos, 140 patrullas y motocicletas, para 553 mil habitantes. Más o menos un policía por cada 450 pobladores. El cabildo de la capital chiapaneca tiene un presupuesto anual de unos 2 mil 500 millones de pesos, aunque el 95 por ciento se le va en gasto corriente.
¿Cuántos policías requeriría Villahermosa y sus poblados y cuál sería el costo? Si tomamos como parámetro el caso de Tuxtla Gutiérrez aunque Villahermosa tiene un poco más de habitantes, el número de policías para esta demarcación tendría que ser de unos mil elementos.
Por lo menos los gobiernos municipales de Georgina Trujillo y Andrés Granier, insistieron en la necesidad de que la capital del estado tuviese una policía propia. Durante la administración  de Florizel Medida se adquirieron 26 patrullas y ofreció obtener recursos para otras 55 más, hacer un total de 81. En principio se propuso la contratación de 50 agentes.
Cuando asumió la alcaldía Evaristo Hernández se supo que las únicas 26 patrullas compradas a un costo de cinco millones de pesos habían sido donadas por la administración anterior a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. No tenían recursos para la gasolina, choferes y agentes.
Tanto Hernández Cruz como Jesús Alí dejaron el tema por la paz; sólo firmaron los convenios de coordinación con el gobierno estatal. No era para menos, la intención de Felipe Calderón era desaparecer las policías municipales y crear un mando único estatal. Por cierto que los alcaldes priístas tabasqueños defendieron su derecho a contar con sus propios uniformados.
Recordemos que aunque Evaristo Hernández dejó de insistir públicamente en que Centro tuviese su propia policía, designó a Roberto Vidal Méndez, ex secretario de seguridad estatal, como responsable de una comisión que se encargaría de integrar la policía preventiva municipal. No sucedió más.
Si me permite, mañana continúo con el tema.

AL MARGEN
UN FRENTE común para impulsar la reforma del sector eléctrico es lo que se proponen los diputados locales con la reunión convocada para este lunes en la sede del poder legislativo, según afirmó la presidente del Congreso local Marcela González (PRI). El tema de las tarifas se convirtió en asunto urgente en la agenda del PRI y PRD. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )