Ángela Mendoza Ramos
Integrante de la Red Municipalista de Tabasco

Villahermosa, Tabasco a 30 de agosto.- En este 2012 se termina el año de gestión de Felipe Calderón quedando a deber mucho a las mujeres,  al incumplir con la sentencia sobre feminicidios del llamado caso de “Campo Algodonero”, aún cuando se sigue con el aumento de la violencia contra las mujeres.
Reportes de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión  presentado en 2006 mencionaba que en México diariamente 6 mujeres eran asesinadas.

A este dato le sumamos la forma cruel en que se acaba con la vida de éstas, al ser agredidas físicamente, ultrajadas y hasta descuartizadas; un sufrimiento cruel por el sólo hecho de ser mujeres.
En Tabasco con el asesinato de Ingrid Yareli Cruz Juárez, quien fue reportada como desaparecida, luego  violada y torturada, suman cinco feminicidios en lo que en lo que va de 2012 (habría que agregar el Durvin Ramírez, cuyo cuerpo fue hallado el 31 de agosto). No contando los homicidios dolosos, con los cuales las cifras llegan alrededor de ocho casos.
Estos crímenes y la violencia de género deben ser condenados por la sociedad y exigir a las autoridades una respuesta porque hasta ahora tanto a nivel nacional como local la justicia no ha sido pronta ni expedita.
Datos de la Procuraduría General de justicia en Tabasco obtenidos en 2009, mediante solicitudes de información, indican que de las 124 averiguaciones previas abiertas de 2005 a 2009 por asesinatos de mujeres, solo treinta  de ellas estaban resueltos, es decir consignadas con detenidos.
Esto indica que la justicia está fallando, además de que no se tiene en cuenta el sufrimiento que causa en las familias. Porque no sólo se asesina a una hija, hermana o esposa, sino que se destruye a toda una sociedad
Ante este panorama el Estado tiene la obligación urgente de desarrollar políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es responsabilidad de la sociedad en su conjunto visibilizar esta problemática  para que  el Estado dé la atención correspondiente y cesen los asesinatos de mujeres.