Escala Crítica/Columna diaria
*Nada por “celebrar” más que la terca resistencia
*En doce años 70 periodistas asesinados en México
*Protestas en el PRD, grupos disputan candidaturas
Víctor M. Sámano Labastida
LA CONOCIDA columnista Katia D´Artigues (El Universal) denunció amenazas de muerte contra ella y su hijo menor de edad. Los motivos de tal amago tienen que ver con información político-electoral, presuntamente. Había escrito sobre tres eventos que podrían afectar la campaña de Enrique Peña Nieto: el documental de Olallo Rubio titulado “Gimme the power”; el estreno de la película “Colosio, el asesinato”, y el creiente movimiento juvenil #Yosoy132. El PRI rechazó cualquier relación con esas intimidaciones.
La denuncia fue presentada formalmente. Ocurre en un contexto de creciente polarización de las campañas políticas. Y también en un marco de alto riesgo para los periodistas en México.
INVESTIGACIÓN FEDERAL
PRECISAMENTE la víspera de la conmemoración para unos, celebración para otros, del Día Nacional de la Libertad de Prensa, se cubrió la cuota de 16 congresos estatales que avalan la llamada federalización de los delitos contra los periodistas. Esto quiere decir que cunado la norma sea publicada en el Diario Oficial, esperemos que sea pronto, las autoridades federales atraerán en automático las investigaciones sobre actos contra los comunicadores.
Según Darío Ramírez, de la organización Artículo 19, son 70 los periodistas asesinados en México en los últimos 12 años; 45 de ellos fueron victimados del 2006 a la fecha. Inclusive podemos señalar que el recientemente transcurrido mes de mayo fue uno de los más trágicos en tiempos recientes para la prensa mexicana: ocho comunicadores fueron muertos violentamente, entre estoa la colaboradora de la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, Regina Martínez.
Resulta paradójico que cuatro de los crímenes ocurridos en Veracruz hayan sido precisamente el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Expresión. Organizaciones nacionales e internacionales han exigido garantías al Estado Mexicano y a los gobiernos en todos los niveles garantizar la libertad para investigar y publicar informaciones y opiniones sobre cualquier materia.
Aunque la Cámara de Diputados federal aprobó un nueva Ley para Defensores y Periodistas, aún no está clara la decisión de combatir la impunidad. Impunidad que, por cierto, no es privativa de las agresiones contra los comunicadores y los activistas de derechos humanos: se estima que en México sólo se castiga uno de cada cien delitos. Quedan impunes 99 de cada cien ataques.
Esta falta de confianza en la justicia o el temor a las redes de complicidad hace que sólo sea denunciado uno de cada cuatro delitos.
El tema de la libertad de expresión y el derecho a la información ha trascendido el aspecto exclusivo del ejercicio periodístico para convertirse en una demanda de la población. Por lo menos es una de las banderas del movimiento juvenil-estudiantil denominado “Soy 132”.
Muchas son las formas como se puede impedir y manipular el libre flujo de la información y de las opiniones. La más visible e irreversible es la del asesinato.
Entre los congresos que ya aprobaron la federalización de los delitos contra los periodistas se cuentan Tabasco, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Habría que preguntarse por qué de la lentitud de otros congresos.
Como sea, la seguridad de los comunicadores –extendido, por supuesto, a la seguridad de todos los habitantes del país-, es fundamental para consolidar la democratización. Recordémoslo este día.
Cuando el Estado y la sociedad garanticen que hacer el bien será premiado y cometer delitos castigado, estaremos realmente combatiendo la impunidad.
CARAMBOLA DEL TET
UNA DECISIÓN con diversos efectos es la que emitió el Tribunal Electoral de Tabasco (TET) en contra del PRD. ¿Fue la intención? Primero lo obligó a apresurar la ratificación de sus candidatos a las alcaldías de Nacajuca y Cunduacán, porque los tiempos se agotaron; pero también a modificar la asignación de la candidatura en el X Distrito “para cumplir la cuota de género”. Por supuesto que los afectados, simpatizantes de Francisco Valencia, hallaron motivos para protestar no sólo contra su partido, el PRD, sino contra el candidato a la gubernatura Arturo Núñez.
“Ni pongo ni quito candidatos”, sostuvo el senador con licencia y abanderado del Movimiento Progresista, quien afirmó que “el partido acató el golpe que nos dio el Tribunal Estatal Electoral, el cual se extralimitó en la tutela del principio de equidad de género en las candidaturas, porque ésta no se puede contraponer al principio de democracia”.
La candidatura del distrito X del PRD, que ahora fue asignada a Verónica Pérez, abarca la zona indígena chontal donde tradicionalmente los solaztequistas tienen una amplia presencia y a la que corresponde un padrón electoral de 73 mil votantes. El PRI por su parte había cedido al PVEM la candidatura de esa demarcación, con Pablo Wade.
AL MARGEN
A PROPÓSITO de mi comentario de ayer sobre la forma en que aparecerán los candidatos en las boletas electorales, las diversas combinaciones y posibilidades para votar, amables lectores me han hecho llegar la queja de algunos ciudadanos capacitados para ser funcionarios de casillas a quienes no enseñan lo importante: cómo llevar las actas. Un tema polémico será, precisamente, la sumatoria de los sufragios. Muchas, muchas confusiones pueden llevar a la sospecha.
SE CUMPLIERON tres años de aquel incendio en la guardería de Hermosillo, Sonora, suceso en el que murieron 49 niños. Familiares y grupos de defensa de los derechos humanos consideran que pasados tres años no se ha hecho justicia.
Como usted recordará el tema llegó inclusive a la Suprema Corte porque se buscaba fincar responsabilidades a los funcionarios que permitieron que operara de manera irregular aquella guardería.
Aquel grave accidente y la negligencia de propietarios y autoridades obligó al gobierno federal a revisar las condiciones en las que funcionan las guarderías.
Decíamos hace tres años y sigue siendo válido que no es necesario esperar que ocurran tragedias para obligar a quienes prestar servicios o expenden productos que pongan como prioridad cuidar la seguridad de sus clientes y de la población en general. Podría castigarse a los culpables, cosa que además no se hace como debía, pero no se pueden reponer las pérdidas. (
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
)
