Escala Crítica/Columna diaria
*Reformas para jugar con fuego: la inestabilidad
*Transparencia sindical y democracia, pendientes
*Tenencia, parque vehicular, gastos e ingresos
Víctor M. Sámano Labastida
INSEGURIDAD, desempleo y pobreza, son cuestiones estrechamente vinculadas. La más reciente encuesta sobre seguridad en el país indica que mucho hay que hacer aún en materia de combate a la delincuencia y prevención de los delitos. Cifras oficiales indican que uno de cada tres hogares en México ha sido víctima de los delincuentes. Al mismo tiempo, los tres fenómenos que más preocupan a la población son inseguridad, pobreza y desempleo.
Los estados en los que han aumentado más los delitos del fuero común, como robos y agresiones, son Distrito Federal, Estado de México, Chihuahua y Baja California, conforme a cifras del INEGI. A finales del año pasado, un estudio de la organización México Evalúa colocaba a Tabasco entre los siete estados en los que se habían incrementado los “delitos de alto impacto”.
Los esfuerzos del gobierno federal se han concentrado en el combate al llamado crimen organizado. Sin embargo, los costos de la inseguridad por delitos del fuero común tienen también un alto costo para los mexicanos.
Las cifras oficiales indican que las pérdidas económicas en los hogares y los gastos de prevención superan los 200 mil millones de pesos.
Aunque siempre es difícil cuantificar los costos, sobre todo si tomamos en cuenta que nueve de cada diez delitos no se denuncian. En México sigue existiendo el grave problema de la desconfianza en las instituciones encargadas de la seguridad y la persecución de los delitos.
Así como le percepción de que denunciar un delito es perder el tiempo y de que la autoridad no cuenta con los recursos suficientes para la investigación. Noventa de de cada cien delitos no se denuncian y de los que sí llegan ante la autoridad sólo se resuelven cuatro de cada diez.
Resulta evidente que el combate a la delincuencia organizada debe ir acompañada de una estrategia de prevención y castigo a la delincuencia común, pero también al desempleo, la pobreza y la falta de modernización de los sistemas de administración de justicia.
LOS INTOCABLES
COMO ESTABA previsto, dos de los aspectos que podrían ser benéficos para la vida sindical y laboral, y también para el desarrollo de la economía nacional, fueron frenados en la discusión de la reforma laboral; en cambio pasaron otras medidas altamente criticadas. No pasaron la aduana de los intereses corporativos la democracia sindical y el manejo de los recursos, tanto de las cuotas como otras prestaciones administradas por los líderes. Democracia y transparencia son herramientas contra la corrupción y la improductividad.
Usted conoce la información sobre la existencia de viejos sindicatos corporativos, con mafias de dirigentes que mantienen el control de sus agremiados mediante el ocultamiento de las cuotas, las amenazas contra los disidentes y las votaciones manipuladas.
El PAN y el PRD proponían la transparencia en las finanzas sindicales, de igual manera que elecciones en los sindicatos mediante urna y voto secreto. Que ya no se realizaran, como actualmente, a mano levantada a la vista de los dirigentes y de los “supervisores” patronales.
El control de las elecciones sindicales ha permitido a un gran número de secretarios generales mantenerse en el cargo por más de 40 años, como en el sector de los mineros. O de los telefonistas con 36 años; el de la industria química con 34 años en el poder; el de los petroleros con un reinado de 18 años y va por más. O la presidencia vitalicia de la profesora Gordillo en el sindicato de maestros. Esos privilegios, que no derechos, quedan intocados.
La productividad laboral, la eficiencia, la generación de riqueza socialmente distribuida está estrechamente relacionada con la democracia en los sindicatos y en las organizaciones laborales.
UN AUTO, UN HABITANTE
EN PRIMER plano se colocó el tema de la tenencia vehicular, si se quita o no. Desde hace por lo menos doce años diversos gobiernos ofrecieron quitar ese impuesto federal. Cuando finalmente se quitó ya formaba parte de los ingresos estatales; los gobiernos de los 32 estados reaccionaron de manera distinta en torno a este cobro. Sólo seis gobiernos decidieron suprimir completamente la tenencia. El tratamiento ha sido distinto, no importando si el gobernante es del PRI, PRD o PAN.
Pero la discusión de la tenencia vehicular va más allá de ser un tema sólo de beneficio o no para los propietarios de vehículos. Es evidente que quitar la tenencia beneficia a los dueños de automóviles y a las empresas que venden estas unidades. Quizá también beneficie a los transportistas.
Es casi seguro que incrementará la compra y el uso de vehículos en una ciudad que cuenta con unos 300 mil autos particulares, 450 mil vehículos en todo el estado. ¿Se quiere fomentar el uso de los autos particulares?
Un aspecto que no debe ignorarse en esta discusión es lo que ocurre en cualquier gobierno que elimina un impuesto: Algunas veces busca compensarlo con otro gravamen, también disminuir o eliminar ciertos gastos. Los beneficios generalmente van acompañados de sacrificios.
Disminuir los ingresos, en los gobiernos como en las familias, obliga a disminuir los gastos. Por supuesto que con tenencia o sin tenencia, el futuro gobierno está comprometido a una administración eficiente de los recursos.
AL MARGEN
AHORA QUE la votación de la reforma laboral pasa al pleno de la Cámara de Diputados, los dirigentes de los partidos de las llamadas izquierdas comprobarán que apostar sólo a los cargos del poder ejecutivo, y dejar el legislativo para el reparto de cuotas no para ganar la mayoría, coloca en desventaja la defensa de sus proyectos y programas. En la actual legislatura federal basta una coalición parcial del PRI con el PAN para inclinar la balanza hacia un lado…o la fuga de un “voto aliado”, como en el caso de Aldolfo Oribe del Partido del Trabajo quien defendió la opacidad del manejo de cuotas sindicales y las antidemocráticas elecciones a mano alzada.
HAY UNA obligada reserva que los organismos de transparencia deben tener respecto a los nombres de los solicitantes de información. La violación de esta norma no sólo vulnera la protección de datos personales, sino también los derechos humanos. La máxima garantía ciudadana debe ir aparejada a la máxima publicidad gubernamental. (vmsá
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