Escala Crítica/Columna diaria
*Quien sufra daño tiene derecho a reparación y justicia
*Cumple Peña con promulgar; hay críticas y apoyos
*Burocracia, venta de plazas, despidos, modernización
Víctor M. Sámano Labastida
TODOS hemos sido víctimas de alguna manera, o somos potencialmente vulnerables. Según la ONU, “víctimas” son las personas que “individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”.
Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General de Víctimas, producto del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia. Es una respuesta a la trágica suma de muertes en la denominada “guerra contra el narcotráfico” y que arrojó más de 60 mil víctimas fatales y un número aún no cuantificado de desaparecidos. La Ley debió publicarse desde junio del 2012 pero fue frenada por Felipe Calderón con una serie de observaciones.
Inclusive ahora promulgada esta norma despertó apoyos y críticas. Se puede y debe mejorar, sería la conclusión. Pero se tiene ya un instrumento para avanzar en el propósito de los tratados internacionales que establecen que las víctimas deben ser tratadas de manera compasiva por las autoridades (y la sociedad) y tener acceso oportuno a la justicia; también es una vía para el derecho al resarcimiento del daño, indemnización y asistencia.
Como usted sabe, el único que puede causar “daño” con probabilidades de no ser sancionado es quien tiene la fuerza y el poder. Tradicionalmente se plantea que es el Estado y sus representantes quienes pueden aspirar a la impunidad. Sin embargo, no existe en la realidad ese monopolio del poder. Medran también los llamados “poderes fácticos”, los que controlan o se imponen al Estado.
Aunque, como señalé líneas arriba, la Ley de Víctimas fue una respuesta a los crímenes asociados a la guerra entre y contra el narcotráfico, resultado también de los Diálogos del Castillo de Chapultepec de julio de 2011, su alcance irá más allá. ¿Qué decir, por ejemplo, de las víctimas de una acción corporativa, de las inundaciones, la contaminación, las explosiones provocadas o por negligencia?
Como telón de fondo de esta nueva Ley tenemos, es cierto, a los más de 88 mil muertos en el sexenio reciente (Proceso, junio 2012), si sólo contamos a los asesinados en relación a la delincuencia organizada y su combate. Las cifras se multiplican si consideramos otro tipo de victimización en condiciones de impunidad.
Tiene razón el actual procurador estatal Fernando Valenzuela cuando califica de “modelo jurídico innovador” la nueva Ley. También, como señaló, corresponderá a los Congresos locales legislar en sus ámbitos de competencia. Habrá que trasladar estos conceptos a la jurisdicción de las entidades.
PLAZA DE QUIEN TRABAJA
LA ÉPOCA de los “sindicatos únicos” está llegando a su final en Tabasco. Así como en el gremio de los profesores existen por lo menos tres agrupaciones con registro, entre los trabajadores de la burocracia estatal no sólo está el SUSET encabezado por René Ovando; en agosto pasado Marbella Cerino rindió protesta como dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios (STSEM), resultado de una ruptura.
Roto el monopolio de la sindicalización entre los trabajadores públicos, seguramente veremos en las próximas semanas una abierta lucha por la representación del mayor número de agremiados. Conforme lo había anunciado durante su campaña por la dirigencia del nuevo sindicato, Marbella Cerino denunció la existencia de la venta de plazas y el tráfico de influencias en el antiguo gremio identificado con el PRI.
Aseguró que cuenta con documentos para comprobar la basificación irregular de por lo menos 376 trabajadores que no cumplen la antigüedad requerida y que fueron beneficiados por Ovando. Inclusive sostuvo que las recategorizaciones y las plazas son vendidas en perjuicio de trabajadores que tienen más de 20 años en espera de contar con una base.
Habrá que esperar la investigación de esta y otras denuncias, pero sin duda que la existencia de más de un sindicato en un sector es oportunidad para establecer contrapesos y evitar los dañinos monopolios de quienes se adueñan de la “representación” de los trabajadores.
Se ha hecho también una mala costumbre que al final de cada administración federal, estatal o municipal, por presiones sindicales o por intereses políticos se basifica a sin normatividad a empleados recién integrados.
El debate sobre el futuro de la plantilla laboral llegó ayer al Congreso y el diputado Noé Herrera sostuvo que en la pasada administración estatal prácticamente se duplicó la nómina de trabajadores al pasar de 42 mil 208 trabajadores en 2007 a 83 mil 402 servidores en 2012. A nivel federal, según la Fundación Colosio (PRI), en los 12 años de gobierno del PAN ka alta burocracia creció 127 por ciento.
BUENAS INTENCIONES
AMBICIOSA es la agenda legislativa que aprobaron los diputados en el Congreso local con “seis ejes rectores” que abarcan: desarrollo económico y social, política, seguridad, justicia y finanzas. Destacan entre las propuestas que analizarán y aprobarán las leyes anticorrupción, la de protección a periodistas y una serie de ordenamientos para darle carácter permanente a la atención a la población vulnerable –adultos mayores, madres solteras, discapacitados, estudiantes de bajos recursos.
También deberán sacar del archivo varias iniciativas de la pasada Legislatura. Un tema que seguramente causará polémica es la revisión de la ley electoral.
En este último aspecto tienen pendiente el futuro del actual Instituto Electoral y sus consejeros; lo mismo puede decirse de la integración del consejo del Instituto de Transparencia. Como se sabe, el toca al PRI estar en minoría.
AL MARGEN
CRÍTICO permanente del Fobaproa, teniendo como blanco de sus dardos al actual gobernador Arturo Núñez, el ex diputado del PRD Mario Diconstanzo abandonó la causa lopezobradorista y asumió el cargo de presidente de la Condusef (Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros), designado por Peña Nieto. “Yo no pedí el trabajo, me lo ofrecieron y lo acepté”, dijo el ex integrante del “gabinete legítimo”.
FUE DESIGNADO Miguel Bosch Muñoz como director de Relaciones Públicas del gobierno estatal. Es ampliamente recordado en su paso por Ultralácteos, empresa de los ganaderos tabasqueños.
HABRÁ un nuevo avalúo al edificio comprado por el IEPCT. Van tres, cuatro, cinco. Los fraudes duran hasta que los cómplices quieren. (
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