Escala Crítuca/Columna diaria
*La semana próxima votarán entre inmunidad e impunidad
*Protegidos para cuidar la ley, prefieren violar la ley
*Octavio Romero, cuenta regresiva para los indecisos
Víctor M. Sámano Labastida
TENER FUERO en México más que una responsabilidad ha sido un privilegio. Herencia de los usos y costumbres medievales, el fuero se incorporó a nuestra legislación como un estado de excepción, una protección especial para la defensa de las libertades y la justicia. En la Constitución de 1917 el fuero quedó establecido como un escudo para que los representantes populares defendieran causas populares. Una inmunidad transformada poco a poco en impunidad.
Antes hubo fueros o privilegios militares y religiosos. El sistema republicano estableció que todos somos iguales ante la ley. Sólo aquellos que tenían autoridad por el voto popular gozarían de una protección especial para su uso pleno de la libertad de expresión (y de acción) pero en defensa del sistema democrático, no para que pudiesen cometer delitos sin ser juzgados.
PROTEGERSE DE LOS PROTEGIDOS
PODRÍA resultar un contrasentido que en un país donde está la libertad de expresión y manifestación está consagrada en la Constitución existiera un fuero especial para los representantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Pero así ocurre. Cuando un personaje protegido por el fuero es acusado de algún delito debe transcurrir un largo y sinuoso proceso para quitarle el fuero…a menos de que haya consigna de un poder hegemónico.
Ahora los diputados y senadores tienen en sus manos una minuta para acotar, no para eliminar, el fuero constitucional. Según el diputado el PRI, Manlio Fabio Beltrones, la semana próxima se votarán los cambios para que los legisladores que cometan algún delito comparezcan ante el Ministerio Público.
El diputado del PRD, Miguel Alonso Raya, sostiene que se debe limitar el fuero pero también evitar que los legisladores –o cualquier otra autoridad- utilice los procesos penales como medida de presión y venganzas.
El abuso del fuero ha permitido que algunos líderes sindicales, autoridades abusivas, legisladores corruptos, militares acusados de arbitrariedades e inclusive ministros religiosos, permanezcan sin castigo. Un caso extremo y observamos en cada elección es el de personajes que abiertamente buscan obtener una diputación o senaduría sólo ser investidos del fuero.
Es tristemente célebre lo ocurrido con César Godoy Toscano, aquel diputado electo acusado de vínculos con el narcotráfico quien fue introducido clandestinamente a la sede del Congreso; sus protectores pretendían que prestara juramento como diputado y de esta manera quedar fuera del alcance de la ley.
Lo dicho, no es lo mismo inmunidad que impunidad, pero entre una y otra los límites se confunden. El fuero es para defender la ley, no para proteger a los delincuentes.
DE AQUÍ O DE ALLÁ
NO FALTAN voces en el PRD y en Morena que cuando se aborda la necesaria definición de la militancia entre uno u otro partido responden: “ése no es un tema ahora, lo será hasta finales del 2014”. Entonces, prevén, Morena tendrá registro como partido y será tiempo de la selección de candidatos para las diputaciones federales y locales, así como para las alcaldías de Tabasco en los comicios en julio del 2015. Parecen olvidar que antes habrá votaciones en otros estados. Además de que desde enero de este año comenzó la afiliación de a Morena y la reafiliación o afiliación al PRD.
Hace unos días Octavio Romero, presidente del Consejo Político Estatal del movimiento lopezobradorista, sostuvo que es tiempo de que quienes continúan teniendo una “doble militancia” se definan. Expuso refiriéndose a los legisladores que “si ellos consideran que en donde están, es donde deben de estar pues que se queden ahí y queremos que así se sostengan; que no cambian de opción porque se vería muy mal también que más adelante quisieran arribar a Morena”.
Para que no quedara duda y con la claridad que algunos califican de rudeza, Romero Oropeza dijo en su tono característico: “nosotros tenemos muy claro quiénes nos apoyan y quiénes no lo hacen. Eso es un asunto de decisiones. Aquí se tienen que definir las cosas desde un principio, porque lo demás suele verse como oportunismo, como arribismo”.
Como es sabido, varios legisladores cercanos al lopezbradorismo fueron delegados en los trabajos de organización de Morena en diversos estados, aunque varios no han hecho pública su afiliación al nuevo partido. Este no es un detalle menor, porque lo que expresen públicamente tendrá una respuesta entre sus simpatizantes -o “clientela política” como se suele decir-, de la misma forma que ha sucedido con quienes han manifestado su preferencia por el PRD.
La definición exigida Romero Oropeza no puede verse como una posición personal dado que tiene un cargo directivo en Morena; los dirigentes estatal y municipal del PRD, Roberto Romero y Antonio Solís también consideraron necesario que cada cual vaya tomando su trinchera en la lucha partidista.
AL MARGEN
EL EX DIPUTADO del PAN en Tabasco Javier Calderón Mena tomó posesión recibió de manos del secretario de Educación Rodolfo Lara Lagunas el nombramiento de rector de la Universidad Tecnológica del Usumacinta. Fue también candidato de Acción Nacional a la alcaldía de Emiliano Zapata. En tanto que Lorenzo Guillermo Mollinedo Aguilar quedó como director del Instituto Tecnológico Superior de la Región de la Sierra. Éste último es productor cacaotero, egresado del ITAM e integrante del Colegio de Economistas.
Quienes se preocuparon por la afirmación del profesor Lara Lagunas de que sólo serían seleccionados militantes de izquierda para los cargos directivos en educación pueden estar tranquilos. Antes quedaron como director del Colegio de Bachilleres, Jaime Mier, y como rector de la Universidad Tecnológica, Fernando Calzada; en la Universidad Popular de la Chontalpa, institución surgida del movimiento lopezobradorista, la rectoría la desempeña José Luis Hernández Lazo, administrador egresado de la UJAT.
Mientras, a otro antiguo militante de izquierda y gremialista Moisés Castro Cervantes, le tocó encabezar las negociaciones con el rector de la UJAT José Manuel Piña Gutiérrez, para la revisión del contrato colectivo de los trabajadores administrativos y de intendencia. Un aumento del 3.9 por ciento al salario y 2.4 en prestaciones conjuró la huelga.
ENTRE la oposición y el llamado “fuego interno” (algunos llaman fuego amigo) los actuales funcionarios tienen que enfrentar rumores, como acaba de suceder con el titular de Salud, Ezequiel Toledo. Habrá más.
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