Escala Crítica/Columna diaria
*Oficialmente hay más de 430 mil afiliados a los partidos
*Encuesta sobre seguridad: 94 de cien delitos sin castigo
*Marchas del 2 de octubre, piden presentación de desaparecidos
Víctor M. Sámano Labastida
INTERESANTE información publicada ayer en este diario respecto a los afiliados a los partidos políticos, en especial a quienes se inscribieron en Tabasco. Resulta que la suma total de los militantes en los diez partidos con registro, incluidos los tres nuevos, suman 438 mil 905 ciudadanos. Esto nos llevaría a concluir que los tabasqueños son si no los más politizados sí los más partidizados.
De acuerdo a datos del desaparecido Instituto Federal Electoral (ahora INE) hasta comienzo de este año no tenían militancia alguna 94 de cada cien mexicanos en el padrón electoral. Esto quiere decir que sólo el seis por ciento de los ciudadanos participaba formalmente en los partidos.
Si tomamos en cuenta que en Tabasco acudieron a votar en el 2012 poco más de un millón de electores, entonces podemos observar que esta entidad rompe todos los récords de militancia: el 40 por ciento de quienes irán a las urnas en el 2015 estarán afiliados a alguno de los partidos. Los diez institutos con registro estarán peleando unos 600 mil votos sin partido.
Es cierto que la militancia partidista no es automáticamente un “voto duro”. Se demostró en el 2012 cuando una buena parte del voto a la oposición –esto es a la coalición encabezada por el PRD y por Arturo Núñez en la entidad- también provino de los priistas inconformes. Lo más lógico resulta que si es verdadera la afiliación reciente, quienes tienen más probabilidad de ejercer su “voto duro” son los tres nuevos partidos.
Conforme a los datos consignados obtenidos vía transparencia, el mayor número de militantes en Tabasco lo tiene el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 147 mil 194 de su padrón total, lo que representa un 5.4 por ciento.
Le sigue el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 108 mil 352 tabasqueños, un 4.4 por ciento de su padrón; en tercer sitio se ubica el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con 130 mil 287 tabasqueños, que significan el 18.9 por ciento de sus registros totales. En este sentido diríamos que actualmente es el partido “más tabasqueñizado”.
Con 6 mil 347 afiliados tabasqueños le sigue el Partido Verde Ecologista (PVEM); Nueva Alianza (Panal) reporta 11 mil 348 tabasqueños; Movimiento Ciudadano, 10 mil 387 chocos; Partido del Trabajo, 13 mil 876 ciudadanos locales.
El Partido Acción Nacional tendría mil 994 tabasqueños; el Partido Encuentro Social unos 3 mil 695 y el Partido Humanista unos 5 mil 535 tabasqueños.
Habrá notado que es el PAN la organización con menos afiliados de Tabasco. Claro que la relación porcentual entre los ciudadanos originarios o radicados en la entidad y el número total del padrón de un partido varía.
Lo que sí resulta notorio es que los tabasqueños tienen una mayor tendencia a militar en un partido que lo que ocurre en el resto del país.
MÁS DENUNCIAS
FUERON dados a conocer esta semana los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2014), con datos correspondientes al 2013. Es un estudio que realiza anualmente el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEG).
Entre los varios datos que recoge esa encuesta destaca el hecho de que continúa en el país una alta impunidad por los delitos que no se castigan o que no se denuncian. De cada cien delitos cometidos sólo seis son denunciados o derivan en una averiguación previa. Esto quiere decir que 94 de cada cien delitos quedan sin castigo.
Varias son las explicaciones de la población para no denunciar. La razón principal es porque la excesiva burocracia y la falta de personal en las procuradurías hacer perder el tiempo a los afectados.
Otra razón importante es la falta de confianza en las autoridades, o el temor de que estén coludidas con los delincuentes. Así, siete de cada diez personas sostienen que son las autoridades las responsables de que haya pocas denuncias.
Porque también ocurre que la mitad de los pocos delitos denunciados quedaron sin resolver.
Mucho se ha insistido en que una de las claves para combatir a la delincuencia, para disminuir y prevenir los delitos es la denuncia. Pero esta sólo es posible si se tiene confianza en las autoridades, si existe la certeza de que por lo menos habrá interés en investigar y atender cada caso.
Recuperar la confianza no es fácil, es un proceso largo, pero lo principal es que se comience a mostrar la eficacia de las autoridades.
Quizá usted recuerde que en junio de este año se dieron a conocer los resultados de otro estudio en el que el 75 por ciento de los mexicanos declararon que no se puede confiar en nadie. Y siete de cada diez consideraron que las leyes se respetan poco o nada.
TLATELOLCO, IGUALA…
AYER se conmemoraron los 46 años de la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, Ciudad de México. En varias partes del país se realizaron manifestaciones no sólo en contra de la impunidad por aquellos crímenes, sino también como parte de los más recientes acontecimientos en Iguala donde fueron asesinados varios estudiantes normalistas y civiles. Y también en apoyo a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), actualmente en huelga.
En el caso de los sucesos de Iguala, hasta el cierre de este comentario por lo menos unos 43 estudiantes de la escuela normal de maestros de Ayozinapa estaban considerados en calidad de desaparecidos.
Hace ocho días, la noche del viernes, un grupo de agentes municipales y comandos armados atacaron a los estudiantes normalistas y a la población civil en Iguala. El resultado fueron seis muertos y más de 20 heridos. Además de los desaparecidos cuya integridad física se desconoce.
Poco después de los sucesos, huyeron el presidente municipal de Iguala y su director de seguridad pública. Un dato salió a la luz pública: el edil de Iguala, José Luis Abarca pretendía impulsar a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa como su sucesora. La señora es hermana de Alberto Pineda Villa operador del narcotráfico, según reportó la agencia Proceso.
Es posible que en fecha próxima veamos una intervención más directa del gobierno federal ante un caso que podría ser mucho más grave que el de Michoacán, estado al que designaron a un comisionado federal.
En la historia de nuestro país, Guerrero tiene antecedentes de una preocupante violencia.
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