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*Preocupa a la comunidad internacional los sucesos de Iguala

*Necesaria una mayor coordinación y eficacia institucional

*Con Navarrete, la generación del PST se consolida en el PRD

  

Víctor M. Sámano Labastida

 

NUEVAMENTE nuestro país acaparó la atención por un suceso trágico. El hallazgo de fosas clandestinas en Iguala, Guerrero, ha tenido un impacto similar a aquel hecho de San Fernando, Tamaulipas cuando se encontraron decenas de cadáveres de migrantes asesinados por supuestos narcotraficantes. Esta vez también el crimen es adjudicado a bandas del crimen organizado. Con el agravante de su vinculación a las autoridades de aquel municipio.

Al día siguiente del viernes 26 de septiembre cuando fueron atacados jóvenes normalistas diversas organizaciones exigieron una rápida acción de las autoridades mexicanas para localizar a más de 40 jóvenes presuntamente secuestrados por los agresores. Aquella acción había dejado seis muertos y 25 heridos. 

“Es un asunto local”, señalaron las autoridades federales, a pesar de que con armas de alto poder habían sido atacados civiles en las calles de Iguala. Quizá esto sea un reflejo de porqué se habla de “delincuencia organizada” frente a unos cuerpos de seguridad pública cuya respuesta coordinada tiene que pasar por una serie de filtros burocráticos. Pero aún si se confirma la especie que no sólo la policía de Iguala, sino el propio gobierno municipal, están infiltrados por el narco.

ORGANIZADA Y DESORGANIZADO

SIN DUDA que el gobierno mexicano –llámese estatal o federal- debió asumir de inmediato la responsabilidad de las investigaciones. Este asunto ha escalado a nivel internacional y puede tener graves repercusiones sociales. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó al gobierno para que adoptara de inmediato las medidas cautelares a favor de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. El secretario ejecutivo Emilio Alvarez Icaza no dudó en recomendar “medidas de protección para los estudiantes heridos y familiares de otros estudiantes o personas que fueron afectadas”.

La inmediata respuesta de las organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos de Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez, así como la reacción de la CIDH contrasta con la lentitud oficial.

La oficina de Naciones Unidas en México también reclamó al gobierno “todas las medidas a su alcance para hacer una búsqueda efectiva y diligente que permita la localización inmediata” de los estudiantes. Es, dijo el portavoz de la ONU, uno de los sucesos “más terribles de los tiempos recientes”.

Poco antes de que el gobierno federal decidiera acudir en auxilio de las autoridades locales para la identificación de los cadáveres localizados en una fosa común en Iguala y atraer las investigaciones por la desaparición de los estudiantes, el presidente Enrique Peña sostuvo que los hechos de Guerrero mostraban que se ha registrado “un debilitamiento institucional, pero actuaremos a partir de lo que brinde el gobierno del Estado y su propia responsabilidad que deba asumir ante este tema”.

¿Qué tan grave debe ser un ataque a la seguridad de las personas para que el Estado Mexicano actúe como tal? Es decir, como una institución integral.

Un reporte de Gustavo Castillo para el diario La Jornada refiere que los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa pudieron haber sido secuestrados “por policías locales e integrantes de los cárteles Los Rojos y Guerreros Unidos, dos células que se desprendieron del cártel de los hermanos Beltrán Leyva”.

PROTESTA SOCIAL Y CRIMEN

UN HECHO grave, de comprobarse las versiones recientes, resultaría del involucramiento o utilización de bandas criminales en el combate a las organizaciones sociales y a las protestas públicas. Esto rebasaría la crisis de seguridad criminal para colocar al país en un problema de seguridad nacional.

Por ahora se ha configurado el delito de desaparición forzada del que resultarían responsables el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velásquez –actualmente prófugo-, y un grupo de policías de ese ayuntamiento.

El caso de Ayotzinapa, que muy pronto se convertirá en el Caso Guerrero, es un reflejo del deterioro institucional. La entidad sureña además no sólo es una de las de mayor índice de marginación en el país sino que en los últimos años ha sido golpeada por fenómenos naturales y la negligencia oficial.

PARA QUEDARSE

SE CUMPLIÓ el protocolo en el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Carlos Navarrete, de la corriente Nueva Izquierda, asumió la presidencia nacional de los solaztequistas con lo que se confirma la hegemonía de “Los Chuchos” en el partido fundado sobre la estructura de los partidos Comunista Mexicano, Socialista Unificado, Mexicano de los Trabajadores y otras tantas agrupaciones de izquierda. Navarrete representa la consolidación del predominio de los antiguos militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST).

Junto a Navarrete Ruiz asumió la secretaría general Héctor Bautista López, de Alternativa Nacional Democrática (ADN). El bloque de Los Chuchos se impuso en la sesión plenaria del Noveno Consejo Nacional con 72.96 por ciento de la votación. Sólo de manera simbólica, y pare evitar que la elección de Navarrete quedara en trámite, Carlos Sotelo y Gilberto Ensátiga presentaron una planilla que consiguió 26 votos de los 355.

Navarrete Ruiz buscará restablecer las alianzas del PRD con Movimiento Ciudadano (ex Convergencia) y con el Partido de los Trabajadores, aunque es el mismo segmento que se identifica con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). En el 2015 es posible que las campañas de las llamadas izquierdas identifiquen sólo dos bloques: quienes están con el PRD y quienes están con López Obrador.

Navarrete logra que por tercera ocasión consecutiva la corriente surgida del PST mantenga la dirección del partido fundado por Cuauhtémoc Cárdenas. El guanajuatense formó en los ochenta un bloque conocido como “Los Coroneles” del PST en el que participaron Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Miguel Alonso Raya. 

Había comentado Navarrete en una entrevista (Reforma,11/09/2014) que “Veintiún años después, esa generación de los coroneles estamos en los generalatos; los coroneles se convirtieron en generales: uno es presidente de la Cámara de Diputados, otro es presidente del Senado, otro es Gobernador de Morelos, yo voy a ser presidente nacional del PRD, otros ya lo han sido”. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )