Escala Crítica/Columna diaria
*Se multiplican las pandillas, fenómeno social; urge estudio
*Otra vez, el debate sobre la libertad de expresión y elecciones
Víctor M. Sámano Labastida
UN TÍTULO llama la atención: “Crimen des-organizado”. Publica la revista Reporte Índigo en su edición 601. El tema da para una segunda entrega en la edición 602: “Alerta, crimen desorganizado”, advierte. Es un tema que debe ser tomado en cuenta por las autoridades y la sociedad. Aunque se refiere al caso de Nuevo León, es una experiencia que puede extenderse. De hecho ya sucede y de alguna manera lo habían advertido los funcionarios de la PGR.
Se trata de la proliferación de pandillas que se “independizan” de los cárteles o grupos delictivos mayores. Refiere el reportero Jesús Padilla que existe una proliferación de “tribus urbanas” que tratan de aumentar su ganancias ilícitas por otros medios como los delitos del orden común.
DIVERSIFICACIÓN DELICTIVA
CIATA UN ANÁLISIS de la Universidad Autónoma de Nuevo León realizado en 2012 para conocer “los motivos de los jóvenes para unirse a una banda. Y calculó que unos 16 mil ya estaban ligados a una pandilla en Nuevo León”. Estiman en 30 las pandillas en zona urbana.
En Tamaulipas, señala, existen más de 45 grupos urbanos. En Saltillo, Coahuila, este fenómeno frecuente en la frontera con Estados Unidos, resulta explosivo: se cuentan unas 480 pandillas.
En la secuela del reportaje, el psicólogo social de la Universidad de Monterrey, Jesús Castillo, comentó: “la diversificación criminal va a traer una pluralidad en el actuar de las pandillas y el riesgo se va a incrementar para la población, por tanta libertad (de movimiento) que tienen estas bandas. Para toda la sociedad y para Nuevo León es un gran riesgo que esté sucediendo esto”.
En aquel estado han ensayado la creación de Centros Comunitarios en zonas conflictivas, también en otro tipo de acciones preventivas. En Tabasco hacen falta estudios con enfoque local respecto al fenómeno y previsiones de la evolución de la delincuencia común. Un elemento que no debe ignorarse es la cuestión fronteriza y la propia cultura en relación con la autoridad, inclusive el vínculo sociedad-trabajo-ingreso. ¿Se hará en nuestras universidades?
UN DEBATE SI PALABRAS
LOS PROCESOS electorales son o deben ser por definición circunstancias de la más amplia participación ciudadana. Pero la desconfianza y la búsqueda de supuestos equilibrios ha llevado en México a una serie de regulaciones, limitaciones, obstáculos, en las que se genera la confusión. Cuando existen demasiadas prohibiciones, toda la población se convierte potencialmente en objetivo de sanción.
Ahora que comenzó el proceso electoral rumbo a los comicios del 2015 –los más grandes en la historia de nuestro país, según definió el presidente consejero Lorenzo Córdova-, no sólo deben cuidarse de infringir la ley respectiva las autoridades y por supuesto, los aspirantes a cargos de elección popular, sino también los ciudadanos comunes y, específicamente los concesionarios de la radio y la televisión.
Ayer, el director del Grupo Tele-Reportaje, Jesús Sibilla, leyó un comunicado en el que lamenta la confusa elaboración de la Nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones. Es tan compleja y restrictiva, señaló el también conductor de los programas noticiosos, que “atenta contra la libertad de expresión para quienes ejercemos una radiodifusión seria, crítica y comprometida con los ciudadanos”, además de que “la sentimos limitante de la libertad del ciudadano” e inhibitoria de “la participación de la ciudadanía en la expresión de las libres”.
La consideró, además, “discriminatoria de los medios electrónicos al ser aplicados únicamente a la radio y la televisión y dejar a todos los demás (medios) exentos de ella”.
Para no enfrentar “sanciones millonarias y castigos”, Jesús Sibilla anunció que mientras no haya claridad en los alcances de las restricciones –la famosa veda electoral-, el Grupo Tele-Reportaje informó que dejará de “cartas y comentarios de la naturaleza que sea y que tengan que ver con el proceso electoral que hoy (martes) se pone en marcha”.
“Nos sentimos amordazados y ejecutores de la mordaza de otros”, advirtió Sibilla.
LOS ENREDOS PERSISTEN
DURANTE las campañas presidenciales y generales del 2012 también hubo un intenso debate respecto a las restricciones para los aspirantes, que terminaron siendo restricciones para todos. Los tres candidatos mejor ubicados en las preferencias electorales entonces –Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota-, expresaron su inconformidad hacia la “veda electoral” o veda de propaganda que incluyó el periodo de precampaña, cuando los aspirantes aún no eran candidatos.
Se llegó al absurdo que –por ejemplo- el IFE anunció en aquel año que ni siquiera los ciudadanos podían realizar mítines o acciones de propaganda en contra de los candidatos. Una obvia violación a la Constitución.
Como bien dicen: de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno (del autoritarismo), de manera que en esta ocasión (procesos 2014-2015) quienes ganarán con las restricciones son aquellos que aprovecharon los resquicios o confusiones de la ley para hacer propaganda encubierta. Los auténticos candidatos independientes –aquellos que verdaderamente no tienen la cobertura de un partido o de una empresa- se enterarán que llegaron tarde a la competencia.
De manera contradictoria los partidos minoritarios o de oposición que impulsaron las reformas restrictivas –los partidos en el poder las llevaron al exceso, porque así les convenía- serán ahora los sacrificados. La veda electoral se convierte en veda ciudadana.
AL MARGEN
EL ÓRGANO electoral de Tabasco (Oples-IEPCT) pretende obtener un presupuesto de 380 millones de pesos para las elecciones estatales del 2015, independientemente de lo que el Instituto Nacional Electoral destine a sus representaciones en la entidad.
El especialista en materia electoral Jorge Alcocer calculó que los procesos que culminarán en las votaciones del 7 de junio del año próximo tendrán un costo total de unos 37 mil millones de pesos, sumados los recursos de las instituciones involucradas.
Según dijo recientemente a Noticias MVS (primera emisión), “que nadie se espante si en 2018 llegamos a (un gasto total de) 50 mil millones de pesos”.
HOY SE REALIZARÁN manifestaciones en todo el país para exigir la presentación de los estudiantes de Ayotzinapa secuestrados en Iguala, Guerrero. Ayer arribaron a Iguala miembros de la policía comunitaria de Guerrero. Gobiernos de varias partes del planeta exigen celeridad en la localización de los desaparecidos y en el castigo a los culpables. (
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