Escala Crítica/Columna diaria
*La consulta para que se vaya o se quede Aguirre, un búmeran
*Puede ser sólo una medida para ganar tiempo en Guerrero
*En Tabasco, incremento de homicidios y prevención del delito
Víctor M. Sámano Labastida
EL GOBERNADOR de Guerrero, Ángel Aguirre –surgido del Partido de la Revolución Democrática (PRD)-, podría ser sometido a una consulta popular para saber si continúa o no en el cargo después de los graves sucesos en Iguala. Es lo que técnicamente se denomina una “revocación (o ratificación) del mandato”.
Como usted sabe en Iguala, Guerrero, no sólo fueron asesinados varios civiles, sino que también desaparecieron 43 estudiantes. Y de hecho desaparecieron los poderes porque el presidente municipal de Iguala está prófugo. Además porque aquella administración era prácticamente inexistente para fines públicos.
La consulta a la que se pretende someter el gobernador de Guerrero fue apoyada por su partido, el PRD. Esta organización ha promovido en anteriores ocasiones que se incorpore a la ley la figura de revocación de mandato. Jurídicamente no existe tal mecanismo y, en todo caso, sería una decisión política.
Aguirre Rivero, quien renunció al PRI en 2010 para convertirse en candidato del PRD, apoyado por Manuel Camacho Solís. Fue impulsado por DIA (Diálogo por la Reconstrucción de México). Obtuvo el 55.97% de la votación en las elecciones del 2011; su oponente del PRI, Manuel Añorve consiguió el 46.69%. Su predecesor fue el empresario Zeferino Torreblanca, a quien correspondió ser el primer mandatario de la alternancia en aquella entidad gobernada tradicionalmente por el PRI.
En Guerrero tiene que haber elecciones en 2015 por haberse acortado el periodo del mandato ejecutivo para homologar los comicios estatales con los federales.
En las actuales circunstancias quizá hubiese sido más recomendable una solicitud de licencia del gobernador de Guerrero para facilitar las investigaciones y determinar responsabilidades. Lo más inmediato y eficaz.
La consulta popular para la ratificación o revocación del mandato puede ser utilizada como un mecanismo de propaganda del PRD y del propio Aguirre ante la proximidad de las elecciones en Guerrero. O contra ese partido.
Pero también podría resultar aún más contraproducente para el PRD y para otros gobernadores surgidos de ese partido. De realizarse la consulta de revocación de mandato la dirigencia solaztequista estaría aceptando que ese resulta un mecanismo posible en circunstancias graves. Aunque puede terminar sólo en intenciones.
Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que no existe en las leyes mexicanas la figura de consulta para revocación del mandato.
Es posible que lo más inmediato y adecuado sea una fiscalía ciudadana independiente para investigar lo sucedido. Los crímenes en Iguala no pueden quedar impunes ni ser usados con fines electorales.
RECUPERAR LA AUTORIDAD
LA CUESTIÓN central es la autoridad. En fechas recientes en Tabasco se han multiplicado los reportes sobre acciones delictivas y criminales. En mayo de este año se informó que en la entidad se habían incrementado en 40% los homicidios de enero a marzo del 2014 en comparación con ese mismo periodo del 2013. En el comparativo de los seis primeros meses la tendencia nacional fue a la baja, de acuerdo a cifras oficiales. Los reportes independientes ofrecen cifras distintas.
De todas formas, la tasa de homicidios en México sigue siendo “extraordinariamente alta”, como lo calificó el especialista en temas de criminalidad Alejandro Hope. Este experto señala que una tasa de muertes dolosas de 22 por cada cien mil habitantes en el 2012 era equivalente a los homicidios en toda Europa durante un año. En España, por ejemplo, el promedio es de 0.8 por cada cien mil.
Habría que anotar que según los registros del INEGI Tabasco tuvo en 2013 una tasa promedio de diez homicidios por cada cien mil habitantes. Alta con relación a Yucatán que es de dos por cada cien mil, pero baja en comparación con Guerrero, que llegó a 63 por cada cien mil. Por supuesto que el objetivo debe ser disminuir al máximo esta incidencia.
Si tomamos como referencia los siete años recientes, los reportes del INEGI señalan que Tabasco ha oscilado entre siete y diez muertes dolosas por cada cien mil habitantes. Esto lo colocaría en un nivel bajo. Contrariamente a otros estados como Chihuahua, Guerrero y Sinaloa. Un hecho que no debe ignorarse es que existe un “desplazamiento” del crimen en el territorio mexicano, de manera que resultan determinantes las medidas preventivas.
En una extensa entrevista que ayer por la mañana concedieron Audomaro Martínez y Fernando Valenzuela Pernas, integrantes del gabinete de seguridad del gobierno estatal, explicaron la situación actual desde la perspectiva oficial en materia de prevención y combate a la delincuencia. Como señalamos en anteriores comentarios, un desafío creciente es el incremento de los delitos comunes que son los de menos impacto mediático pero que provocan un mayor impacto social.
AL MARGEN
MÉXICO encabeza la lista de países con mayor porcentaje de embarazos en niñas y adolescentes. Datos del Fondo de Población para Naciones Unidas indican que este tipo de embarazos incrementa el riesgo de muerte materna.
Me comentan que en Tabasco, durante el 2008, cuatro niñas de nueve años dieron a luz. Las preguntas: ¿Las violaron sus padrastros o sus primos? ¿No debería abrir eso una averiguación previa automáticamente?
Está comprobado, señala el Fondo, que la educación reduce las probabilidades de embarazos a temprana edad, además de que en cualquier circunstancia que suceda el embarazo infantil los derechos infantiles queda menoscabados.
EL RECHAZO que los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, así como la reacción de grupos organizados independientes manifestaron a una interlocución con el gobierno se explica y confirma el distanciamiento entre la sociedad y el gobierno. Este último requiere una profunda cirugía a sus instituciones.
Como respuesta fue creado un “comité de notables” –o más bien un comité de confiables- para la búsqueda de los desaparecidos y esclarecimiento de los asesinatos. Está integrado por Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Vitoria; Dolores González Saravia, de Servicios y Asesoría para la Paz; Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Magda Gómez, Carlos Fazio, Adolfo Gilly, Gilberto López y Rivas, Edgar Cortés, Blanca Martínez, Michael Chamberlin y Mario Patrón. (
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