Escala Crítica/Columna diaria
*Labor de gobernar: molestias de unos, demandas de otros
*Una coalición que viene de la protesta no puede reprimirlas
*Difícil aún disminuir el costo de elecciones, árbitros y partidos
Víctor M. Sámano Labastida
UNA QUEJA frecuente de un sector de la población son las molestias que ocasionan las protestas y sobre todo los bloqueos de vías públicas, carreteras, oficinas. Son fenómenos que se han visto con frecuencia en Tabasco. Aunque no son privativos del estado. En el Distrito Federal se vivió una seria crisis por las manifestaciones de los maestros a principios del año pasado. Los habitantes de la capital padecen una marcha diaria. Se cuentan casos extremos de protesta y deterioro de la gobernabilidad como la revuelta magisterial-popular en Oaxaca en el 2006.
Hay quienes piden una mayor consideración de los manifestantes hacia la población; les solicitan que expresen su inconformidad, pero que no afecten a terceros. Sobre todo a quienes buscan llegar a sus trabajos, escuelas o a cumplir otros compromisos.
Otros reclaman a los gobiernos mano dura, el uso de la policía para desalojar a quienes bloquean las calles y carreteras.
Recordamos aún que en aquella lejana época en que gobernaban la capital del país Carlos Hank González quien propuso un “manifestódromo”, para que los inconformes dieran vueltas y vueltas. No importaba la solución.
En el caso de Tabasco, le preguntamos al secretario de Gobierno Raúl Ojeda si en un gobierno de alternancia la oficina ahora a su cargo seguía siendo la del “control político”. Sostuvo que dejó de serlo para convertirse en una secretaría de la conciliación.
Señaló que los viejos modelos de coerción, persecución y represión, habían quedado atrás para resolver los conflictos con el diálogo, el entendimiento y una nueva cultura ciudadana. Los modelos anteriores se agotaron, insistió. No sólo porque ya no hay recursos “a manos llenas” para comprar a los líderes, sino por una definición distinta de un gobierno de izquierdas.
Sin duda que los inconformes y reclamantes de solución a sus problemas tienen el derecho constitucional de protestar. La molestia de otros sectores de la población es cuando estas protestas se transforman en perjuicios económicos, sociales y hasta de integridad física por la salud de los enfermos.
En el Distrito Federal, los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional buscaron que se aprobara una “ley de marchas” para endurecer las sanciones contra quienes afectan las vías públicas.
En el caso de Tabasco, el secretario Raúl Ojeda asegura que el gobierno actual prefiere hacer una labor de conciencia. Claro que la cuestión no es fácil. Tiene que ver con la confianza que la población reclamante tenga de que los funcionarios realmente se interesarán por la solución de sus problemas. Por supuesto que también se requiere de una eficaz labor preventiva.
Ojeda Zubieta estuvo el lunes en una larga entrevista por la radio y televisión públicas en el programa “En la Ruta”, con motivo del próximo informe del gobernador Arturo Núñez. Ayer la conversación fue con Amet Ramos, secretario de Administración, y este miércoles será con el titular de Salud, Juan Filigrana. La cita a las 20:00 en Canal Siete de TV y las emisoras de Radio Tabasco.
MÁS DINERO, ¿MÁS VOTOS?
COMO USTED sabe, para las votaciones del 2015 en Tabasco hay un nuevo consejo electoral. Pero también el Instituto Nacional Electoral –antes IFE- tendrá una mayor intervención en las elecciones locales.
Uno de los argumentos para las nuevas leyes electorales y los cambios en la estructura de los árbitros, es el ahorro de recursos. Es un argumento que también se utilizó para realizar las votaciones estatales, municipales y federales el mismo día. La llamada homologación.
En las elecciones del 2012, cuando se votó para gobernador, presidentes municipales y diputados locales, el instituto electoral de ese entonces tuvo un presupuesto de 430 millones de pesos. Recursos que incluyen lo que se entregó a los siete partidos con registro.
Trascendió que los nuevos árbitros electorales solicitarán 390 millones de pesos para poder realizar las votaciones del 2015, cuando sólo se votará localmente por alcaldes y diputados locales. Quiere decir que las elecciones intermedias de Tabasco el año próximo serían 35 millones de pesos más que los utilizados en el 2009.
Aún no se ha logrado disminuir el costo de las elecciones.
El objetivo tendría que ser también aumentar la participación de los ciudadanos, lograr que un mayor número lleguen a las urnas. Porque eso también sirve para medir la eficacia en el uso de los recursos en una relación costo por voto.
Al aumentar el número de partidos en las elecciones del 2015 –ahora serán diez- no tiene porqué requerirse más dinero. Se supone que es el mismo monto de dinero disponible para repartirse entre más partidos.
AL MARGEN
LAS COMISIONES de derechos humanos fueron la institucionalización de una labor que desde muchos años antes venían realizando organizaciones no gubernamentales y activistas. Enormes expectativas se despertaron ante la posibilidad de que el Estado Mexicano y los gobiernos diversos asumieran no sólo la responsabilidad sino también los principios de la defensa de la vida y la integridad.
Lamentablemente en varios casos tales comisiones, y en especial la CNDH en su más reciente etapa, frustraron esperanzas y se convirtieron en objeto de constantes críticas. Pero aún en tiempos en que el respeto a los derechos humanos están en crisis. Su desempeño fue de más a menos, a pesar de que México se hizo signatario de varios tratados internacionales e incorporó a su Constitución las obligaciones en la materia.
En estos días el Senado deberá decidir sobre la designación del nuevo Ombudsman nacional. Son 21 candidatos los que serán evaluados. Se asegura que los aspirantes deberán responder a preguntas formuladas por las organizaciones civiles. La pregunta elemental es: ¿derechos humanos, para qué?
LE AGRADEZCO que me acompañe de lunes a viernes en tres breves comentarios en Radio Fórmula Tabasco, a las 08:00, 13:50 y 20:00 horas.
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