Escala Crítica/Columna diaria
*Ni los salarios, ni los pluris, mucho menos el petróleo
*Sólo un magistrado, José Ramón Cossío, defendió consultas
*Ayotzinapa y los infiltrados; partidos de complicidades
Víctor M. Sámano Labastida
DEMASIADAS vueltas para algo tan obvio: resolver que las consultas sobre reforma energética no se pueden realizar porque involucran cuestiones de ingresos y egresos de la Federación. Y que también hasta la consulta sobre salarios mínimos afectarían el presupuesto público. Un argumento que, ya entrados en gastos, vale para los plurinominales que quiere suprimir el PRI. En perspectiva puede interpretarse que hubo muchas maniobras distractoras.
Si hacemos la suma de las firmas que los partidos anunciaron haber recabado para las cuatro propuestas de consulta observamos que 13 millones 500 mil firmas no sirvieron. El PRI aseguró haber recabado 6 millones de firmas, Morena 2 millones 700 mil; el PAN 2 millones 500 mil y PRD 2 millones 356 mil.
La mañana de ayer los ministros de la Suprema Corte rechazaron la consulta popular propuesta por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) respecto a la reforma energética. Antes, la Corte había rechazado la petición del PAN sobre salarios mínimos.
Según nueve de los jueces el tema del petróleo y la energía eléctrica involucra ingresos financieros para el gobierno. Y la Constitución establece que cuestiones de ingreso, del presupuesto, no pueden ser motivo de consulta popular.
Con este criterio los magistrados rechazarían la solicitud del PRD también sobre la reforma energética.
Los dirigentes de dos corrientes de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, coincidieron en señalar que con la decisión de la Suprema Corte habrá que decir adiós los ministros. Se supone que la Suprema Corte es la última instancia que se tiene para interpretar y aplicar la Constitución.
El dirigente del PRI, César Camacho, aplaudió el rechazo a la consulta en materia energética. Precisamente porque fue su partido y el PAN los que votaron a favor de las reformas constitucionales y de las leyes secundarias.
En México la posibilidad de la consulta popular ya existía en la Constitución, pero fue apenas este año que se publicó la ley para su aplicación en el 2015.
Todo indica que ahora los ministros, por cierto muy bien pagados, tendrán que informar claramente sobre qué se puede consultar, hacer un catálogo de temas.
Hubo ciertos criterios caprichosos en la interpretación de la Ley. El ministro Alberto Pérez Dayán, que un día antes defendió la solicitud de consulta hecha por el PAN sobre salarios mínimos, dijo que rechazó la petición de consulta sobre el tema energético porque tiene que ver con ingresos del gobierno.
El ministro José Ramón Cossío, quien elaboró el dictamen favorable al tema de los salarios mínimos –rechazado por la mayoría- y el único que votó por la consulta del PRD y Morena mantuvo el criterio que era importante dejar abierta la participación popular. De seguir por el camino escogido por sus pares –dijo-, “cualquier cosa que repercuta al Estado como un gasto o como un ingreso” será una prohibición para efecto el ejercicio ciudadano.
“Vamos a acabar cerrando toda posibilidad de consulta”, dijo el miércoles. Horas después la actitud de los restantes magistrados le dio la razón.
Aunque el ministro presidente Juan Silva Meza consideró más importante consultar a la población sobre el salario mínimo que sobre el futuro del petróleo y la electricidad terminó sumándose a la opinión contraria a la participación popular.
Hay en México una Ley para la “No consulta”.
CONTRA INFILTRADOS
LOS DIRIGENTES de los partidos de la Revolución Democrática y Morena en Tabasco, Candelario Pérez y Octavio Romero, coincidieron en señalar que debe impedirse que personas ligadas al crimen organizado y a la delincuencia obtengan candidaturas.
Antes, los dirigentes nacionales del PRI y del PAN, también se comprometieron a investigar a los aspirantes para evitar casos lamentables como los de Iguala.
En el 2008, los magistrados del tribunal electoral se opusieron a que el Centro de Seguridad Nacional (Cisen), investigara a los candidatos. En el 2011 se anunció que los partidos tenían la opción de solicitar a las autoridades investigar a sus posibles candidatos para evitar sorpresas. Aunque por lo general este tipo de situaciones comienzan con actos de corrupción.
Ahora el senador por Chiapas, Zoé Robledo, propuso modificar las leyes electorales para que también los partidos sean sancionados cuando permitan la infiltración en sus candidatos o en sus campañas. Los mismo cuando protejan alguien involucrado en las redes del crimen.
De esta manera los propios partidos estarían obligados a denunciar irregularidades en sus filas. Los partidos han relajado la doctrina política y la ideología en sus filas, pero también han permitido la postulación de personas con mala fama pública. Recordemos que el último filtro es el voto.
AL MARGEN
LAS ACCIONES preventivas son determinantes en muchos aspectos de la vida, pero más aún en cuestiones de salud. La secretaria federal del ramo, Mercedes Juan, advirtió el miércoles que de no evitar las enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad y la diabetes, habrá una disminución de la esperanza de vida en el país. Agregaría este columnista que el alto costo para atender estos padecimientos podría llevar al colapso al sistema público de salud.
DESPUÉS de la presencia de Raúl Ojeda, Amet Ramos y Juan Filigrana, en la serie de programas “En la Ruta”, que se transmite por Canal Siete de TV y las emisoras de Radio Tabasco, anoche acudió a la entrevista el titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), Manuel Ordóñez Galán. Este viernes estará el secretario de Educación, profesor Rodolfo Lara Lagunas. Esta serie previa al segundo informe del gobernador Núñez continuará la semana próxima.
PREOCUPA al gobierno mexicano la intensa y justa participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de los estudiantes desaparecidos (secuestrados) en Iguala, Guerrero. Podría decirse que el hecho de que un mexicano, Emilio Álvarez Icaza, sea el secretario general del organismo favoreció la reacción inmediata del brazo jurídico de la OEA ante la bárbara acción contra los estudiantes de Ayotzinapa.
Extraña que el Estado mexicano, en este caso el gobierno de Peña Nieto, deje correr los días a un alto costo político –el costo humanitario lo han valorado y subrayado gobiernos de varios países. ¿Será posible que los servicios de inteligencia no hayan podido resolver un desafío de tal magnitud para las instituciones? No es posible que un alcalde prófugo haya cimbrado así al sistema. (
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