Escala Crítica/Columna diaria
*Se tambalea, máxima autoridad de defensa constitucional
*Proponen debate nacional sobre futuro de Suprema Corte
*Caso Tlatlaya, alerta sobre riesgo para militares y civiles
Víctor M. Sámano Labastida
LA SUPREMA Corte es el máximo tribunal en México. Su importancia ha sido tal que durante mucho tiempo el presidente de Corte era también vicepresidente de la República. Durante la etapa liberal (Constitución de 1857) eran inclusive elegidos mediante el voto. Benito Juárez como ministro de la Corte llegó a sustituir al Presidente. En fechas recientes, varios son los fallos y circunstancias que han colocado a la SCJN bajo un cuestionamiento. El más polémico será seguramente el que rechaza la consulta popular.
En julio de 2011, el respetado periodista Miguel Ángel Granados Chapa escribió: “Hace medio siglo, cuando el Senado de la República era una casa de reposo de políticos en retiro, Vicente Lombardo Toledano se preguntaba qué hacer con esa Cámara: ¿la cerramos, la vendemos, la rifamos?”
Aquella pregunta que se atribuye a Lombardo Toledano puede ser aplicable a la Suprema Corte, a reserva de algunas muy pocas excepciones ya parece una casa de retiro.
CRITERIOS QUE CONGELAN
LE COMENTAMOS que independientemente del tema, más de doce millones de firmas respaldaron la realización de las consultas populares aprovechando los comicios del 2015. Si bien es cierto que los partidos fueron criticados por darle un uso electoral los temas en debate –la reforma energética, salarios mínimos, diputaciones plurinominales-, podría decirse que la mayoría de los ministros no respondieron a las expectativas y a la necesidad dar un mensaje de plena justicia.
El abogado y politólogo Martín Reyes sintetizó una percepción generalizada después de los resolutivos de la Corte: “es difícil saber si las consultas populares serán algo más que letra muerta”, porque la mayoría de los ministros no sólo rechazó las solicitudes en materia energética y de salarios mínimos, “sino que también fijó criterios que restringen notablemente la posibilidad de poner en práctica este mecanismo de participación ciudadana”.
Apuntó Reyes (Blog de Nexos): “En términos generales, creo el saldo es claramente negativo. Si las versiones finales de las sentencias reflejan fielmente lo expresado por los ministros en las sesiones públicas del 29 y 30 de octubre, no sería exagerado decir que la mayoría de la Corte ha restringido –si no es que prácticamente eliminado– la posibilidad de realizar consultas populares. De entrada, es difícil pensar en alguna acción gubernamental de trascendencia nacional que no tenga un impacto (positivo o negativo) en los ingresos y gastos del Estado”.
Advirtió el también integrante de Participando por México sobre una cuestión relevante: “parecería que el criterio mayoritario de la Corte permite que los legisladores “blinden” cualquier reforma con la mera referencia a que una determinada política pública busca “incrementar los ingresos del Estado” o “hacer más eficiente el gasto público”.
En efecto, a partir del criterio establecido por la mayoría –que dejó fuera consideraciones de derechos humanos, soberanía popular, constitucionalidad, etcétera- bastará con que cada ley tenga una vertiente fiscal o simplemente de egresos e ingresos (todas las leyes tienen un costo), para que se aplique mecánicamente lo que a la letra está en la Constitución.
UNA OFRENDA FLORAL
LA MAYORÍA de los ministros de la Suprema Corte rechazaron autorizar las consultas populares solicitadas por el PAN, PRD y Morena. El dirigente de Morena, Martí Batres acudió a colocar una ofrenda floral ante la Suprema Corte para indicar que ese tribunal no cumplió su función.
Hay quienes proponen que se someta a consulta la permanencia de la Suprema Corte, que es el máximo tribunal de justicia en nuestro país. Actualmente hay diez ministros y un presidente.
Uno de los cuestionamientos más insistentes es que los ministros de la Corte en su mayoría no sólo carecen de independencia sino que representan un enorme gasto por el derroche de recursos. Los ministros de la Corte cobran un salario mayor que el presidente de la República. Durante este año, cada ministro recibe el equivalente a 350 mil pesos mensuales. Un total de más de cuatro millones al año. Por el contrario, el presidente de la República tiene asignados ingresos por 204 mil pesos mensuales.
Pero no sólo el salario es el que se les cuestiona a los ministros de la Corte, sino sus polémicas decisiones. Habrá que comenzar a discutir si la Suprema Corte es la herramienta institucional que requiere un país cuyas instituciones no hacen recordar a aquel cuento de José Saramago en “Casi un objeto”. Aquella silla que “empezó a caer, a venirse abajo, a inclinarse”. Carcomida por dentro.
EL RIESGO MAYOR
DOS ASUNTOS de seguridad y justicia que concentran la atención de las autoridades. También de los tribunales internacionales. Uno es por supuesto el caso de los 43 estudiantes secuestrados en Iguala, Guerrero.
Otro que no debe pasar desapercibido es el preocupante suceso en Tlatlaya, Estado de México. En aquella comunidad, el 30 de junio ocurrió un supuesto enfrentamiento entre militares y civiles, estos últimos presuntos delincuentes. En una bodega fueron hallados 22 cadáveres. El reporte militar fue que habían muerto en un enfrentamiento.
Presiones internacionales hicieron que el gobierno mexicano reabriera las investigaciones y la procuraduría concluyó que ocho de los civiles habían quedado heridos y fueron rematados. Un juez resolvió que siete militares deberán responder por diversos cargos, entre ellos por homicidio.
Lo sucedido en Tlatlaya vuelve a plantear el riesgo de que el ejército se encargue de tareas policiacas. Un riesgo tanto para los militares como para los civiles. En el caso de los militares, porque están expuestos a circunstancias distintas a las de una guerra. Su disciplina y formación los obliga a obedecer órdenes, y a combatir al enemigo.
El riesgo, lo han señalado diversos estudiosos, es que se rompa el precario equilibrio entre los militares y los civiles, y entre los propios militares. Una policía más eficaz haría que los militares se dedicaran a tareas de seguridad y soberanía nacional.
AL MARGEN
COMO PARTE de la serie En la Ruta, programa de entrevistas previas al segundo informe de gobierno en Tabasco, hoy acudieron al foro de Radio Tabasco y Canal Siete de Televisión los secretarios Pedro Jiménez León, de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, y David Gustavo Rodríguez, de Desarrollo Económico y Turismo; mañana corresponde la cita José Antonio de la Vega, titular de Comunicaciones y Transportes. La serie continuará esta semana, transmitiéndose en directo de 20:00 a 21:00 horas. (
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