Escala Crítica/Columna diaria
*Detienen al ex alcalde de Iguala; revelan graves omisiones
*Requieren nuevo esquema de coordinación contra impunidad
*Propone Peña Pacto Nacional; necesario recuperar la confianza
Víctor M. Sámano Labastida
Como usted ya está enterado fueron detenidos el ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, y su esposa, a quienes se acusa de ser autores intelectuales de la agresión contras estudiantes normalistas. La captura del ex presidente municipal debe permitir el rescate de los 43 jóvenes desaparecidos y el castigo a los autores materiales.
También llegar a los autores de la violencia del 26 de septiembre que tuvo como resultado seis muertos y una veintena de heridos. La “pareja imperial” fue capturada, destacarán hoy los informativos. Sin embargo, esta cuestión va mucho más allá.
GRAVES OMISIONES
UNA COMISIÓN especial de diputados federales estableció que los sucesos de Iguala implican violación a los derechos humanos, tortura, tratos crueles, así como ejecuciones extrajudiciales. El informe legislativo refiere la existencia de una serie de irregularidades en la respuesta de las autoridades ante la agresión y también graves omisiones en la investigación.
Un hecho grave constituye que las policías federales y estatales hayan vigilado el trayecto de los estudiantes normalistas desde Chilpancingo hasta Iguala. De manera que estuvieron enterados de la agresión y no intervinieron para evitar los delitos. Una omisión que sacudió la estructura del sistema.
Aunque la agencia del ministerio público fue informada de la agresión armada y de la existencia de heridos aquel 26 de septiembre, decidió no presentarse por no contar con apoyos suficientes.
Se puede observar que en Iguala se repitieron, aunque de manera bárbara, lo que padece la población civil: la falta de coordinación y rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad. Así como una serie de carencias.
La seguridad tiene que ser vista no como responsabilidad de un alcalde, un jefe de la policía, o un gobernador, sino como responsabilidad del Estado Mexicano. Lo sucedido en Iguala es un caso extremo que debe obligar a reaccionar a fondo.
DE PACTO EN PACTO
EN FEBRERO del 2008, el entonces presidente Felipe Calderón convocó a establecer un pacto nacional por la seguridad y la legalidad. Transcurrieron los seis años de su gobierno y México vivió una de sus etapas de mayor violencia, con desapariciones y corrupción. A pesar de que todos los gobernadores y los representantes de los diversos sectores se comprometieron a participar en aquel pacto, no hubo resultados concretos.
Ahora es el presidente Enrique Peña Nieto quien anunció que convocará a las fuerzas políticas y a la sociedad a un nuevo pacto de seguridad. Se trata, dijo el presidente, de evitar que se repitan sucesos tan graves como los de Guerrero. Pero también para combatir la impunidad y la corrupción.
Varios son los intentos, por lo menos en el discurso oficial, para dar una respuesta organizada a la delincuencia y al crimen. Felipe Calderón decidió hacer uso de las fuerzas armadas. Luego vinieron una serie de medidas para limpiar a los cuerpos policiacos, dotarlos de mayores recursos e inclusive crear nuevas policías.
Otro intento fue crear un mando único en las policías estatales. En esta administración se anunció un programa de acciones preventivas contra la violencia que abarcaban unas 60 ciudades con mayor riesgo, entre estas Villahermosa.
También recientemente se creó la gendarmería nacional. Antes se habían creado la Agencia Federal de Investigaciones y la Policía Preventiva.
Según la reciente experiencia, todo indica que debe cambiar el concepto de la acción policiaca y de gobierno, así como de la seguridad pública. El viejo esquema de la no intervención policiaca “porque no le compete”, aun cuando estén frente a la comisión de un delito, no puede seguir siendo la norma para evadir responsabilidades.
El informe de los diputados federales respecto a Guerrero contiene revelaciones importantes, aunque también hay otros asuntos que no son explícitos: como la complicidad de partidos y diputados locales, del propio gobernador ya con licencia, de decenas de alcaldes sometidos por la fuerza de la violencia, la corrupción o la ambición, etcétera.
El buen juez por su casa empieza, dice la conseja popular.
AL MARGEN
CUANDO se firmó aquel Pacto por México entre los dirigentes de tres partidos políticos y el Presidente se dijo que era necesario un pacto con la sociedad. Lo mismo se advirtió en Tabasco. Es el verdadero acuerdo y compromiso que requieren los gobiernos.
CONFIRMÓ Octavio Romero Oropeza que Andrés Manuel López Obrador acudirá a “pueblear” en Tabasco durante noviembre y diciembre. Aunque aún no están definidas las fechas, la presencia de AMLO servirá para promover aún más al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la entidad que aportó el mayor número de militantes para el registro de ese partido. No lo dijo Romero, pero el fundador de Morena también vendrá a pulsar el estado de sus potenciales candidatos para el 2015.
ESTÁ EN APLICACIÓN una reforma integral de las comunicaciones y el transporte, aseguró el titular del área José Antonio de la Vega. Muchos intereses creados, pesadas inercias, tendrán que vencerse. De la Vega acudió a la entrevista de la serie En la Ruta, programa previo al segundo informe de gobierno en Tabasco, que se transmite por Radio Tabasco y Canal Siete de Televisión. Hoy estarán los titulares de la Procuraduría, Fernando Valenzuela, y de Seguridad, Audomaro Martínez. (
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