Escala Crítica/Columna diaria
*La falta de credibilidad, el mayor obstáculo para el poder
*La mayoría de los mexicanos duda de la justicia en el país
*La limpieza comienza por casa y de arriba a abajo
Víctor M. Sámano Labastida
ES NECESARIO fortalecer el Estado de Derecho, dijo ayer el presidente Enrique Peña Nieto al anunciar un paquete de medidas e iniciativas en materia de seguridad, justicia y desarrollo. Uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentará su gobierno es la desconfianza de un amplio sector de la población. Se suele decir que “la confianza mató al gato”. Habría que advertir que la desconfianza, la falta de credibilidad, hace crujir los cimientos del Estado.
Recientemente Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, dijo a BBC Mundo (22/XI/2014) que el gobierno federal mexicano emprendería “una cruzada” para recuperar la credibilidad en las instituciones del país. Se trataría de una serie de reformas integrales “para restablecer el imperio de la Ley”. Y ahí están las iniciativas anunciadas por Peña Nieto, algunas acciones comprometidas por Felipe Calderón (2006-2012), otras del propio mexiquense enunciadas en 2013; unas más en respuesta a la crisis evidenciada por los criminales hechos de Iguala. Dos meses y aún se ignora el destino de los 43 normalistas secuestrados públicamente.
DEBILIDAD INSTITUCIONAL
LOS PORTAVOCES oficiales y los críticos coinciden en que existe una “debilidad institucional”. Para el gobierno federal el mayor riesgo está en algunos gobiernos locales. Organizaciones civiles nacionales e internacionales advierten que la fragilidad rebasa las fronteras estatales para ubicarse como un problema estructural en toda la República. No es sólo el llamado crimen organizado y la corrupción, es la pérdida o abandono de un proyecto social.
Un problema central es la falta de confianza.
Aún antes del trágico suceso en Iguala el 26 de septiembre, el politólogo Leo Zuckermann había escrito (Excelsior, 30/IX/2014): “A las instituciones del gobierno les pasa como a las personas: si mienten, y las cachan, pierden credibilidad. Por eso, apostar a que el encubrimiento va a funcionar es una apuesta muy arriesgada, sobre todo en esta época donde es tan difícil esconder la verdad. Pero muchos dentro del gobierno, con buenos aliados en los medios, siguen apostándole a eso. Es el caso de lo ocurrido en Tlatlaya donde los gobiernos federal y del Estado de México mintieron, los cacharon, y por tanto han perdido credibilidad.”
Si el caso Tlatlaya, en el que en junio pasado se reportó la muerte de 22 civiles y que el gobierno mexicano había dado por resuelto, tuvo que ser reabierto luego de una “recomendación” de Estados Unidos, por medio de su Departamento de Estado. Este asunto causó incomodidad en el Ejército Mexicano.
Pero lo peor para la credibilidad estaba por venir. Tal es lo sucedido en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa, donde a la gravedad de los hechos siguieron una serie de desaciertos del gobierno mexicano. Por si algo faltara detonó el famoso asunto de la llamada “Casa Blanca”, de Angélica Rivera, esposa del presidente.
UNA VIEJA HISTORIA
TRES MESES antes de la tragedia de Ayotzinapa, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer el “Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía”, donde se establecía que la desconfianza era tal en México que siete de cada diez ciudadanos aseguraban no se puede confiar en la mayoría de las personas. Otro dato estremecedor: 75 de cada cien dijo no conoce a alguien que le pudiera ayudar ante una injusticia.
También 66 de cada cien estimaba que las leyes se respetan ‘‘poco o nada’’. En reporte registró –como ha sucedido en otros estudios- la enorme desconfianza de la población en partidos y legisladores. En materia de seguridad, el descrédito no es menor: 40 no cree que la policía ofrezca seguridad; sólo 3.3 confía ‘‘mucho’’ en los jueces y sólo 4.4 por ciento en la policía.
El estudio realizado con apoyo de reconocidas instituciones académicas anotó que más de 60 por ciento de los delitos no se denuncian. Este último dato es relevante porque ese “más del 60 por ciento” nos remite a una reciente encuesta del INEGI según la cual nueve de cada 10 víctimas no presentan denuncia.
Reaparece aquí la desconfianza. Los encuestadores del INEGI hallaron que el 31 por ciento no denuncia porque piensa que es una “pérdida de tiempo” y el 21 por ciento porque desconfía de la autoridad. Hay motivos: la mayoría de los delitos denunciados no se castigan.
Hace un año, otro reporte del INEGI mostró el tamaño de la grave crisis en el llamado Estado de Derecho: de cada cien delitos de la delincuencia organizada cometidos en 2012 sólo se castigó uno.
No es casual que en la última década, más de cien mil personas hayan muerto violentamente y más de 27 mil estén en los listados de desaparecidos. Esto sin contar los denunciados como secuestros.
Lo que más le ha pegado al gobierno mexicano es la reacción nacional y mundial por las desapariciones en Iguala.
Publicó la revista británica The Economist :“No está claro por qué los narcotraficantes iban a matar a estudiantes de izquierda cuyas protestas son en su mayoría contra el Estado y los jefes políticos locales. Tampoco está claro por qué las autoridades federales no investigaron con anterioridad las acusaciones contra los políticos locales en Guerrero que los vinculan en el tráfico de drogas”.
No es sólo la credibilidad nacional. Está en juego también la credibilidad entre los socios externos del gobierno. De la misma forma, las medidas anunciadas por Peña Nieto –en un entorno de explicable incredulidad- tienen el propósito de recuperar la gobernabilidad del país. Aunque en el lenguaje oficial no se acepte una situación tan aguda.
La falta de credibilidad es el obstáculo más grande para la colaboración. El combate a los delitos tienen comenzar entonces entre los mismos funcionarios.
La credibilidad se convirtió en un desafío práctico: las inversiones se tambalean sin la confianza en los gobiernos.
AL MARGEN
FUE INAUGURADO ayer el encuentro de presidentes ejecutivos de la Federación Mundial de Clubes, Centros y Asociaciones (WFUCA, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Durante cuatro días se analizarán temas de gobernabilidad y ética, calidad educativa y patrimonio cultural. No dejó dfe llamar la atención que fuera el secretario de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), David Gustavo Rodríguez, el encargado de inaugurar este foro.
George Christophides, presidente de la Federación, dijo que forman parte de este organismo más de un millón de activistas y cinco mil asociaciones y clubes. El gobernador Arturo Núñez no pudo acudir porque se encontraba en la capital del país para la presentación de las iniciativas de Peña Nieto. (
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
)
