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*Policías sin identificación, vehículos sin placas, secuestro público

*Desapariciones en México: un dolor constante, un recuento histórico             

* La indefensión: en 6 años 26 mil desapariciones; 200 mil en 45 años 

Víctor M. Sámano Labastida

 

Aún no enfriaban las noticias sobre la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para “fortalecer el Estado de Derecho”, cuando un grave incidente mostró los vicios más arraigados en la autoridad: policías sin identificación, sin órdenes de aprehensión, en vehículo sin logotipo, el secuestro público de un joven estudiante (Sandino Bucio), los golpes sin justificación alguna. Todo grabado y difundido masivamente. Lenta respuesta de la PGR, rápida movilización de la defensa.

Pudo sucederle a cualquier familia. Pudo ocurrir que nadie se enterara, que el mismo hecho se registrara en una calle obscura, solitaria, que el detenido (en realidad secuestrado)  fuese a dar a una de tantas prisiones clandestinas o “casas de seguridad”. Pudo ser que la víctima no tuviera amigos ni abogados. No ocurrió así, por fortuna. Pero se evidenció un modo de operar que por desgracia se ha vuelto costumbre. El joven Sandino Bucio quedó libre, golpeado, atemorizado.

Contra la Constitución, las leyes y los derechos humanos, los mexicanos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Basta el testimonio de un policía. No sucede lo mismo cuando se trata de un criminal. Esto es lo que se debe erradicar.

Le decía en un comentario previo que el mayor desafío que deben enfrentar las autoridades es la desconfianza.

 

ALGO SOBRE DESAPARECIDOS

 

 “ES EL MISTERIO de nuestro tiempo: se mata a la gente, pero no hay asesinos”. Escribió el húngaro Stephen Vizinczey en 1986, a propósito de la impunidad que gozan los poderosos. Ahora, en el México reformista del siglo XXI, tenemos la negra continuidad de su frase: “Es el misterio de nuestro tiempo: se desaparece a la gente, pero no hay consecuencias”. Las desapariciones en México vienen de lejos, tienen su historia y es preciso mirarla, para advertir un deslizamiento preocupante: se ha pasado de la subversión a la indefensión. 

                     

NÚMEROS QUE NO SON SÓLO NÚMEROS. El pasado martes 25 de noviembre, se realizó un foro sobre desapariciones forzadas en el Congreso de la Unión, con la participación (crítica, documentada) de organismos internacionales como Human Rights Watchs (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ahí se manejaron los siguientes datos y conclusiones:  

-Entre 2006 y 2012 han desaparecido 26 mil personas en México, aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos sólo tiene 2 mil 400 expedientes abiertos. La diferencia es notoria: 23 mil 600 fantasmas. Quizás faltan las denuncias ciudadanas, pero cabe señalar que se trata de los años del proyecto gubernamental calderonista/panista de lucha frontal contra el narcotráfico, utilizando al ejército como punta de lanza.

-“El gobierno mexicano, en sus informes, ha dejado mucho que desear, y no ha explicado satisfactoriamente ni sus políticas de seguridad en las calles ni sus esfuerzos por investigar las desapariciones forzadas”, de acuerdo a HRW, la CIDH y la ONU.

-Hacia atrás, de 1968 para acá, la cifra de desapariciones llega a los 200 mil, contabilizando las etapas del radicalismo magisterial, estudiantil, la llamada Guerra Sucia contra guerrillas rurales y urbanas (60s y 70s), además de la etapa del ascenso vertiginoso del narcotráfico y el levantamiento zapatista en Chiapas (años 80s y 90s). Aquí el concepto de desaparición forzada no aplica en algunos casos, dado que la protesta civil llega a las armas y se opone frontalmente al contrato social del Estado Mexicano. No es lo mismo una manifestación pacífica en las calles del Distrito Federal, que las emboscadas y persecuciones en las montañas de Guerrero o Chiapas. Para más señas, se lo dijo en 2001 don Julio Scherer al subcomandante Marcos: “Las armas, mi querido Marcos, no convencen: se imponen”. Para contabilizar desapariciones forzadas, es clave la diferencia entre protesta civil armada y protesta civil pacífica.    

Este panorama, reciente y doloroso, amerita historia.

                  

MODOS DE DESAPARECER

LA REPRESIÓN SELECTIVA. En el siglo XX mexicano, durante la primera etapa de la era posrevolucionaria (1920-1950), las desapariciones fueron primordialmente asunto político: cristeros, sindicalistas sin bozal, militantes de partidos políticos sin registro y otras organizaciones clandestinas, que pasaban de la utopía a las Islas Marías. La consigna mexicana (obregonista, callista, incluso cardenista, también alemanista) anticipaba el lema cubano: “Dentro de la Revolución, todo; fuera de la Revolución, nada”. La represión selectiva (que comenzó con los asesinatos  planeados de Villa en Parral y Zapata en Chinameca) a quien se salía del tablero político, fue un disuasivo que fortaleció las correas transmisoras del poder institucional. Las instituciones y los caudillos recibían con los brazos abiertos a la fila obediente de políticos pragmáticos que desviaban los ojos del lado oscuro del sistema posrevolucionario. Un consenso extraño, que como Razón de Estado necesitó de la eliminación estratégica del disenso. No hay cifras sobre el particular: ¿Cuántos cristeros, cuántos comunistas, socialistas y anarquistas, cuántos sindicalistas independientes desapareció el sistema político mexicano?        

EL DESLIZAMIENTO: DE LA MONTAÑA A LAS CALLES, DE LA REBELDÍA A LA INDEFENSIÓN. En la segunda etapa de la era posrevolucionaria (1960-1988), las desapariciones mayormente ocurrían en zonas montañosas/rurales, y en la periferia urbana, producto de la subversión ante un sistema cerrado que no admitía el diálogo ni cuestionamientos pacíficos; ni la rebeldía ni el disenso (el derecho a decir no) se canalizaban institucionalmente, salvo la “brega de eternidad” panista que acompañaba el monólogo del PRI. Fue significativa la lucha de doña Rosario Ibarra de Piedra, en la búsqueda de su hijo universitario desaparecido. A nivel personal, Ibarra de Piedra anticipó la movilización social pro Ayotzinapa. Y retomando el hilo histórico: la apertura política reyesherolista (1977-1979) con el reconocimiento legal a partidos de izquierda, dio aire al sistema que de todos modos colapsó entre 1982 (devaluación/crisis económica), 1985 (crisis social/terremoto DF) y 1988 (crisis política/caída del sistema electoral). Ahora, las desapariciones son cotidianas y ocurren en las calles. No se necesita armarse en la montaña para desvanecerse socialmente. La rebeldía ahora es mayormente pacífica, pero la indefensión del ciudadano es galopante. En esta historia, pierde el ciudadano y pierde el sistema político.  

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